Estamos viviendo tiempos que nos interpelan como sociedad, ya que el crimen organizado y la delincuencia han dado un giro nunca antes visto en la historia de nuestro país. En este contexto surgen muchas iniciativas y campos de acción; que van desde el orden legislativo, el funcionamiento de la policía, el papel de regulación y supervisión, hasta los métodos de inteligencia que deben aplicarse para desmantelar las organizaciones criminales. En definitiva, el problema y las soluciones a aplicar son de carácter sistémico, y requieren altos niveles de orquestación.

En este sentido, entendemos que el ámbito financiero es una de las aristas vitales en esta lucha; donde es posible identificar un “Ecosistema” en el que conviven diversos actores, y cuyos aportes nutren un ciclo virtuoso. Estos son: Gobierno, legisladores, fiscales, reguladores-auditores (unidad de análisis financiero – UAF), auditores y consultores, software de cumplimiento y sujetos obligados.

“Fintech, corredoras, automotriz, inmobiliaria y otras tienen el desafío de implementar un modelo de cumplimiento que permita monitorear operaciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo”.

El Gobierno, definiendo el presupuesto y las estrategias de actuación; legisladores, fortaleciendo cada vez más las leyes y los poderes de control (poder de acción de la UAF); reguladores y fiscales ejerciendo sus poderes de manera efectiva y aplicando inteligencia financiera; auditores que apoyan a las organizaciones para implementar prácticas de control; software de monitoreo como soporte para el control eficiente de las operaciones; y finalmente los sujetos obligados.

Estos últimos representan la piedra angular del sistema, y ​​son una extensa lista de organizaciones definidas por la Ley 19.913, cuya actividad requiere seguimiento; a lo que se aplica el reglamento referente a la prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, emitido por la UAF. Estos van desde organizaciones financieras tradicionales como bancos, compañías de seguros y administradoras de fondos; hasta, por ejemplo, los corredores de bienes raíces y la reciente incorporación (en un proyecto de ley) de las empresas automotrices.

Dicha regulación se sintetiza en dos aspectos fundamentales: primero, mantener un conocimiento permanente de los clientes con los que opera, y luego identificar y reportar posibles operaciones sospechosas en las relaciones comerciales de la empresa.

En el caso de los sujetos obligados menos maduros (Fintech, corredoras, automotriz, inmobiliaria, etc.), tienen el desafío de implementar desde cero un modelo de cumplimiento que permita monitorear operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Una de las claves del éxito puede estar en este punto, ya que probablemente las organizaciones menos formalizadas corren un mayor riesgo de ser utilizadas como vehículo para el blanqueo de capitales. Por ello, promover su inclusión en la norma reguladora debe ser una de las prioridades actuales; y es lo que podemos llamar “Inclusión al Cumplimiento”.

Si bien el buen funcionamiento de este ecosistema puede verse como un deber, o deseable, hoy es imperativo que funcione como tal y se promueva, considerando el aporte de cada uno de sus componentes. Solo así podremos cerrar la puerta financiera que representa el combustible de las bandas del crimen organizado.