Colbún decidió suspender indefinidamente su proyecto Central de Bombeo Paposo -que contemplaba una inversión de US$ 1.400 millones-, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta pusiera fin anticipado al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que recién había iniciado su trámite el pasado año. May, desestimando un recurso de reconsideración que había presentado la empresa. Como consecuencia de lo anterior, el director ejecutivo del SEA nacional solicitó repentinamente la renuncia del director regional, sin que hasta el momento se hayan aportado mayores fundamentos para dicha decisión.
Se puede presumir que la decisión del SEA de Antofagasta causó molestia en el gobierno, considerando que el Ministro de Hacienda señaló que “a veces hay funcionarios que se exceden un poco en estos trámites”. Sin embargo, la salida de este funcionario está lejos de cerrar este capítulo, que pone de relieve una vez más las enormes dificultades que encuentran los grandes proyectos de inversión para obtener permisos ambientales, constituyendo una barrera a los efectos de estimular el crecimiento del país. .
En el caso del proyecto Colbún, constituye la introducción de una tecnología inédita en el caso de Chile, y que hubiera permitido respaldo energético durante las noches y ahorrar enormes cantidades de emisiones. Es precisamente el tipo de tecnologías que van de la mano con los criterios que busca el país en términos de avanzar hacia una matriz energética limpia, por lo que ciertamente llama la atención que el órgano administrativo haya tenido criterios tan inflexibles para haberle dado la oportunidad a la empresa por haber podido realizar modificaciones que hubieran podido hacer viable el proyecto. Con esta determinación, no sólo se deja en suspenso un gran proyecto, sino que también se pone en duda la voluntad de desarrollar nuevos criterios que permitan evaluar tecnologías de vanguardia.
La dinámica de los acontecimientos pone de relieve una vez más la arbitrariedad con la que deben lidiar los grandes proyectos de inversión para obtener permisos ambientales, donde los criterios de los servicios regionales -que según la normativa vigente tienen importantes márgenes de autonomía- pueden variar sustancialmente entre ellos, como así como con respecto a los lineamientos a nivel central. El hecho de que el director de Antofagasta haya sido destituido profundiza ese sentimiento de confusión, porque si bien la intención era enviar una señal de que una decisión como esta no es indiferente, es complejo que al mismo tiempo pueda dar la impresión de que La posición de una autoridad local depende fundamentalmente de que no entre en contradicción con sus superiores, a pesar de que afirme haber actuado dentro de la ley. La forma de mitigar este riesgo sería precisamente contar con criterios mucho más unificados para interpretar la normativa, que reduzcan el margen de arbitrariedades y otorguen más certeza a los procesos de evaluación ambiental.
Si bien en los últimos meses se han aprobado proyectos de inversión millonarios, casos como el de Colbún y otros que se encuentran en procesos de evaluación desde hace años representan importantes retrocesos que nos obligan a revisar con urgencia el funcionamiento de nuestras instituciones.
