A más tardar el próximo viernes 29 de septiembre el gobierno debe enviar sus observaciones al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.

La Constitución le concede un plazo de 30 días al Presidente de la República, Gabriel Boric, para devolver el texto al Poder Legislativo con sus respectivas observaciones, también llamadas “vetos” en la jerga legislativa.

En este caso, se trataría de un veto sustitutivo “global”, es decir, el documento que ingresará el Ejecutivo reemplazará todo el texto que aprobaron el Senado y la Cámara. Ello obliga al oficialismo y a las fuerzas opositoras y no alineadas (como la DC, PDG, Amarillos y Demócratas) a votar la propuesta del gobierno como si fuera un paquete cerrado.

El planteamiento gubernamental requiere sólo de una mayoría simple en ambas ramas del Congreso para ser aprobado. Sin embargo, si es rechazado, no habría ley, por el mismo hecho de que el veto reemplaza en forma íntegra el escrito despachado por el Parlamento.

En caso de que fuera desechado este veto presidencial, la Constitución da una última chance, que los senadores y diputados reúnan dos tercios de ambas cámaras para imponer el texto original que el Presidente se resistió a promulgar. No obstante, reunir dos tercios del Congreso (33 senadores y 89 diputados) es una tarea casi imposible para la oposición.

Cómo estará redactado el veto en sus detalles aún no está zanjado. De hecho en el Ejecutivo aseguran que las alternativas están abiertas. Sin embargo, este miércoles en una reunión realizada en La Moneda, encabezada por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, un grupo de diputados oficialistas fue informado de la estrategia, según confirman desde distintas bancadas de la alianza gubernamental.

“Será un veto sustitutivo global”, comentó el diputado Leonardo Soto (PS), quien fue uno de los asistentes al encuentro. A su juicio, la propuesta gubernamental igualmente “rescata la mayoría de las normas aprobadas por el Congreso en contra de la usurpación, establece procedimientos simplificados de recuperación por parte de la fuerza pública, pero también suprime los aspectos más cuestionables” del texto que aprobó el Parlamento.

De hecho, el objetivo principal del veto anunciado por el gobierno era eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada. Ese principio sumado a la figura de la “flagrancia permanente”, es decir mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo, permitía a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.

El diputado Jaime Araya (Independiente PPD), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, señala que “será un veto sustitutivo que hemos ido concordando”.

En la cita además participaron los diputados Andrés Giordano (Independiente Frente Amplio) y Lorena Fríes (Convergencia Social), Luis Cuello (PC), Alejandra Placencia (PC), Raúl Leiva (PS), Marta González (Indep. PPD), además de Soto y Araya.

Junto a la subsecretaria Lobos, en representación del asesor del Ministerio del Interior, estaba el asesor jurídico de la ministra Carolina Tohá, Rafael Collao.

El diputado Giordano comentó que en la reunión también le presentaron al gobierno “una carta suscrita por más de 150 organizaciones, expresando nuestra preocupación por el artículo del actual texto que pone en jaque formas de manifestación (ocupaciones) en el marco del derecho a huelga y pedimos al Ejecutivo que tenga en consideración esto para el veto”.

Un dólar más alto y las acciones de aquellas compañías con mayor deuda bajo presión, podrían ser los efectos que se sientan luego de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. decidiera responder a las expectativas del del mercado y mantener sin cambios las tasas de interés en su reunión de septiembre finalizada este miércoles, pero con un mensaje que anticipa probablemente otra alza de aquí a fin de año y que los niveles se mantendrán altos por más tiempo.

En una decisión unánime, la Reserva Federal conservó las tasas de interés en un rango entre 5,25% y 5,5%, pero estimó que será necesaria una política monetaria más restrictiva en 2024. Así, solo esperan una baja de medio punto porcentual el próximo año, frente al punto completo que indicaban en junio.

Hacia 2025, el organismo prevé que las tasas estén 50 puntos por encima de lo proyectado con anterioridad.

Por otro lado, las autoridades de la Fed proyectan que la economía estadounidense se expanda 2,1% este año, cifra que se ubica por encima de la estimación previa. Señalaron que la actividad económica está creciendo a un ritmo sólido. En cuanto a la inflación, indicaron que sigue elevada, y que están altamente atentos a los riesgos inflacionarios.

“La inflación sigue siendo alta”, sostuvo la Reserva Federal en un comunicado.

Tras la reunión de dos días, el presidente de la entidad, Jerome Powell, dio una rueda de prensa donde dijo que la inflación se ha moderado en algo, pero que llevar la inflación a la meta de 2% tomará tiempo.

“Podemos proseguir con cautela, nuestras decisiones se basarán en la evaluación de los datos y riesgos. Estamos fuertemente comprometidos en llevar la inflación al 2%”, manifestó Powell.

Y luego agregó que “mantendremos las tasas en niveles restrictivos hasta que estemos confiados en que la inflación se reduce hacia el 2%. La mayoría de las autoridades de la Fed cree que es más probable que sea apropiada otra alza de tasas”.

Afirmó, en todo caso, que las nuevas previsiones que apuntan a que la política monetaria se mantendrá más alta durante un periodo más prolongado no son una promesa de acción.

“No me gustaría atribuirle que eso es realmente un plan, sino que reflejan la opinión de las autoridades de que la economía se comportará mejor de lo que esperaban hace unos meses”, sostuvo, y enfatizó que los funcionarios procederán “reunión por reunión” y que están preparados para volver a elevar las tasas si es necesario.

Uno de los efectos de los dichos de la Fed se sentirá en el tipo de cambio. Así lo prevé Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Al respecto, indica que “en función de la trayectoria que ve para su tasa de política, prevemos que la convergencia del tipo de cambio a su equilibrio sería algo más lenta. En consecuencia, revisamos nuestra proyección a diciembre a $845″. Es decir, un nivel mayor, considerando que la proyección previa era de $830.

En la jornada, el dólar cayó $0,55 respecto al cierre del viernes pasado en la Bolsa Electrónica de Chile (Bec) y llegó a un valor de $882,7 la unidad. Con ello, la divisa anotó dos jornadas consecutivas a la baja y acumula una caída de $5,75.

Sin embargo, en las primeras operaciones del día, la divisa llegó subir hasta un máximo de $887,90. Mientras que, por la parte baja, el dólar alcanzó a marcar un mínimo de $880,3 y luego moderó su baja.

En tanto, Klaus Kaempfe, director de Portfolio Solutions en Credicorp Capital, considera que el mensaje de la Fed implica que las tasas de mediano plazo deberían tender a subir, y “por parte de las acciones, creo que acá la clave es diferenciar compañías con o sin caja, pues se pone un poco más cuesta arriba para compañías muy endeudadas”. Para el caso del IPSA, la clave será dilucidar, dice el experto, si “hay mayor o menor apetito por riesgo de parte de los inversionistas, pues si la renta variable cae afuera, eso se replicará en Chile. Eso es difícil de prever”.

Por su parte, Cristián Araya, gerente de estrategia de Sartor, comenta que “las acciones en Chile están frenadas más bien por China y un peso depreciado, que quita atractivo local. No obstante, en estos niveles del tipo de cambio (cerca de los $890-$900), el atractivo para el inversionista extranjero puede ser interesante, lo cual podría abrir algún punto de entrada de corta duración, lo que a su vez podría coincidir con un nivel algo castigado respecto del máximo, y de múltiplos aún baratos”.

La Bolsa de Santiago cerró con una baja de 1,16% en la sesión -cayendo otra vez por debajo de los 6.000 puntos, hasta los 5.932,83-, en línea con lo registrado por los principales mercados del mundo. De hecho, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron con descensos de 0,22%, 0,94% y 1,53%, respectivamente.

El balance de muertos a causa de un ataque ejecutado durante la madrugada de este jueves por el Ejército de Rusia contra un barrio residencial en la ciudad ucraniana de Jersón, situada en el sur, ha ascendido a tres, según han confirmado las autoridades de Ucrania.

La Fiscalía de Jersón ha señalado en su cuenta en Telegram que “tres personas han muerto, dos hombres y una mujer, y cinco civiles han resultado heridos”. “Los ocupantes han dañado zonas residenciales, edificios residenciales, vehículos y redes eléctricas”, ha agregado.

Poco antes, el gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin, había denunciado dos muertos “como resultado del terror nocturno ruso”. “Se encontraban dentro de su dormitorio, que ha sido atacado por los ocupantes”, ha señalado, al tiempo que ha detallado que durante el último día Rusia ha disparado 604 proyectiles, de los que 41 han sido dirigidos contra edificios residenciales e infraestructura civil en Jersón.

Por otra parte, en la capital, Kiev, un misil ha dañado un hospital y varias casas y edificios comerciales, dejando al menos un civil herido, según ha informado en Telegram la Fiscalía General ucraniana.

Tras el ataque, el ministro de Interior de Ucrania, Igor Klimenko, ha confirmado siete víctimas (entre las que hay un niño) tras una explosión en el distrito de Dárnytsia, en la capital, aunque no ha especificado el número de fallecidos ni de heridos.

En la ciudad de Cherkasy, un ataque ha provocado un incendio en un mercado, provocando siete heridos. Diez personas han tenido que ser evacuadas y una más ha sido rescatada entre los escombros.