Durante enero, el Congreso retomará una de las reformas emblemáticas del Gobierno: la sustitución del Crédito Garantizado por el Estado (CAE) por un sistema público de Financiamiento para la Educación Superior (FES).
El nuevo instrumento contempla la condonación parcial o total de la deuda de los actuales estudiantes y pasados beneficiarios del CAE, así como un esquema de financiamiento que pasará a depender del Estado.
Por tanto, los bancos -que hoy son una parte neurálgica del sistema- abandonan el escenario. A cambio, los beneficiarios pagarán un aporte al Estado una vez se incorporen al mercado laboral, con tramos exentos para las personas de menores ingresos y un límite máximo de 20 años para el pago.
El proyecto que reemplaza la CAE por la FES se discute en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
En el marco de la discusión que se desarrolla en la Cámara de Diputados, donde tiene su sede el proyecto, la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) realizó un estudio para comparar la carga financiera que tendrá la nueva FES versus la CAE.
¿Las conclusiones? Para el sistema de educación superior en su conjunto, la carga (medida como el valor presente de los flujos de pagos futuros) es menor en promedio con el FES que con el CAE. Sin embargo, existen diferentes realidades.
Los detalles de las cuentas.
Si bien la mayoría de la cohorte (serie) analizada tiene una menor carga con el FES respecto al CAE, hay un 26,6% en sentido contrario, es decir, pagarían más con el nuevo régimen que con el vigente hoy.
Esto significa que para los primeros nueve deciles de ingresos, el FES es en promedio más barato que el CAE, particularmente para los primeros cinco deciles.
Sin embargo, el panorama cambia a partir del octavo decil, ya que al 19,2% de los egresados de este grupo analizado le resultará más caro acudir al sistema público que al actual Crédito Garantizado por el Estado.
Mientras que en el décimo decil -el de mayores ingresos dentro de la muestra-, para el 71,8% el FES significará un pago mayor que si se lo compara con el CAE.
Esto, en un contexto en el que tanto la FES como la CAE están supeditadas a los ingresos.
En el caso del sistema público, las tasas marginales sobre los ingresos laborales oscilan entre el 13% y el 15%, con tasas efectivas entre el 7% y el 8%, dependiendo del tramo de ingresos en el que se encuentre el beneficiario.
El CAE permite a los deudores beneficiarse del pago de la cuota financiera correspondiente hasta por el 10% de sus ingresos.
La metodología
El informe se basa en la explotación de microdatos para proyectar los ingresos salariales de los egresados de la educación superior, en sus diferentes modalidades: universidad, centro de formación técnica (CFT) e instituto profesional (IP).
La estimación se basa particularmente en los resultados de la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica (Casen) y la Encuesta Complementaria de Ingresos (ESI) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con base en estas cifras, el BCN proyectó los ingresos futuros esperados que obtendrían los egresados en el periodo de pago de los sistemas de financiamiento comparados.
Así, se supone que los salarios promedio por tipo de institución de egreso y por edad observados en el ESI son representativos de la progresión salarial de la cohorte o generación que se graduó recientemente de la educación superior.
Es decir, el salario real promedio observado para los 50 años en 2024 de un egresado de una universidad privada se interpreta como el salario que obtendría, en términos reales, un individuo del grupo de los recién egresados de la universidad privada cuando alcanzará los 50 años en 2051, suponiendo que se gradúe a los 25 años.
Esto también considera que los salarios por edad tienen una progresión creciente, pero a tasas decrecientes; y que los salarios de los graduados universitarios son más altos que los salarios de los graduados de IP y CFT, mientras que los ingresos de quienes asistieron a un IP son algo más altos que los de aquellos que asistieron a un CFT.
