El 2,8% de trabajadores del Gobierno Central tiene 65 años y más

La ley de reajuste del sector público fue aprobada no sin un arduo debate que se extendió más allá de lo previsto. Centralmente, esta ley incluyó un reajuste nominal del 4,9%, que se pagará en tres etapas. El primer aumento del 3% fue a partir del 1 de diciembre de 2024; 1,2% a partir del 1 de enero de 2025 y, finalmente, 0,64% a partir del 1 de junio del próximo año.

Pero También incluyó una serie de medidas más, una de ellas fue que se estableció de manera permanente un incentivo de jubilación para los empleados fiscales de 65 años en adelante.

Según la ley, la vigencia de las leyes respectivas se prorroga indefinidamente, siendo permanentes. Se definirán cupos para el período 2026-2035 y se abrirá un período especial de postulación para 2026, para quienes tengan entre 65 y 75 años, manteniendo todos los beneficios correspondientes.

Además, Se da un plazo extraordinario para el año 2025, para que las personas con licencias ampliadas puedan beneficiarse de incentivos de jubilación, así como un procedimiento abreviado permanente para personas que padecen enfermedades terminales y graves.

Además, A partir de 2027 se aplicará un mecanismo de incentivo decreciente a la jubilación y aquellos funcionarios sujetos a las mismas leyes de incentivos al retiro Cesarán en sus funciones cuando cumplan la edad de 75 años, con una remuneración equivalente a la remuneración total, con un máximo de 90 unidades de desarrollo, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis, con cargo a la respectiva entidad empleadora.

Esta era una demanda que buscaban los trabajadores, especialmente los que trabajan en Salud y Educación. “Esto lo que permite es que los funcionarios públicos puedan jubilarse en condiciones dignas, y que cuando lo hagan, otros trabajadores más jóvenes puedan progresar en sus carreras”.“, dijo el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando se aprobó la ley. quien agregó que “esto significa que vamos a lograr que la Administración Pública en los diferentes sectores que la componen, tenga tiro en la chimenea para que la gente tenga mejores condiciones para jubilarse y al hacerlo, por supuesto, se crea espacio para que los trabajadores más jóvenes puedan avanzar”.

Pero ¿cuántos trabajadores tienen 65 años o más y siguen trabajando en el Gobierno Central? Según un análisis realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), a septiembre había 13.634 empleados tributarios en ese rango de edad, lo que representa el 2,8% del total de 479.986 trabajadores de la administración central del Estado.

Del total de trabajadores de 65 y más años, 4.627 se encuentran bajo la categoría de planta; 4.956 en la modalidad de contrato; 904 por honorarios, 82 como remplazos y sustitutos, y el resto, 3.065, consideran personal ajeno a la plantilla que labora en puesto asignado, guardias de seguridad privada, pasantes de salud y días transitorios del Código del Trabajo, entre otros.

en el colapso según ministerios e instituciones, El análisis de las cifras muestra que Ministerio de Salud, a través de los Servicios de Salud, y el Ministerio de Educación, con los Servicios Educativos Locales, Tienen el mayor número de trabajadores mayores de 65 años, con 3.869 y 2.484, respectivamente.

El economista de Libertad y Desarrollo (LyD), Ingrid Jones, afirma que “En estas áreas, el valor de la experiencia y el conocimiento aplicado tiene mayor preponderancia”. Además, en Salud, afirma el experto“faltan profesionales en el área, especialistas, en el sector público, “lo que significa que quienes ocupan puestos de responsabilidad o formación tienen que quedarse más tiempo”.

El tercer lugar de la lista lo ocupa Ministerio de agriculturacon 1.033, y el Oficina en casa y Seguridad Pública, con 789, más atrás están Tesoreríacon 622, y el Poder Judicial, con 480 funcionarios.

Como lo explica director de la OCEC-UDP, Juan Bravo, Esta cifra sólo incluye al personal civil del Gobierno Central y no es una medida de todo el empleo asalariado en el sector público. Sin embargo, son las únicas cifras disponibles con separación por rangos de edad. “Teniendo en cuenta esta aclaración, el 2,8% del personal civil del Gobierno Central tiene 65 años o más. si se compara con el 3,8% de los empleados del sector privado que tienen 65 años o más”, indica el economista.

En cuanto al detalle de trabajadores de 75 años o másBravo afirma que no existe a nivel de la administración central y, por tanto, para tener alguna aproximación hay que mirar las cifras de la encuesta del INE sobre empleo público. “Si tomamos la Encuesta Nacional de Empleo del INE que mide el empleo asalariado en el sector público, un concepto mucho más amplio que el de personal civil del Gobierno Central, “En el trimestre agosto-octubre de 2024, había 3.055 empleados del sector público de 75 años o más”, señala.

La política de incentivos a la jubilación es bien recibida por los economistas, aunque plantean algunas objeciones y sugerencias. “En principio, la permanencia de un funcionario debe depender de la capacidad física y mental para desempeñar el trabajo, de su desempeño en las funciones que desempeña y de la necesidad de que exista ese empleo”, afirma Bravo.

Sin embargo, el experto señala que “lamentablemente, en la práctica existen una serie de dificultades y restricciones que impiden que estos sean los elementos a tener en cuenta al momento de evaluar la permanencia de un funcionario en el sector público. En este contexto, considerando que 75 años es un umbral de edad elevadoEs más probable que esta medida genere más efectos positivos que negativos.especialmente, teniendo en cuenta que el cese de funciones está vinculado a una indemnización”.

Otro de los efectos positivos, pato, “es la posibilidad de agilizar el acceso a puestos, permitir que otros trabajadores más jóvenes accedan a esos puestos”, y que“dadas las rigideces existentes en el empleo público, el cese de funciones puede facilitar la eliminación de puestos innecesarios y así permitir la reasignación de recursos a otras áreas”.

Ingrid Jones comenta que “Es razonable mantener la aplicación de leyes que alienten a jubilarse a partir de cierta edad. Esta ha sido una política que también se ha implementado a nivel sectorial. Sería interesante saber cuántas personas terminan realmente utilizando estos beneficios cuando se implementan en el Gobierno Central”.

Asimismo, asegura que “Dar a las personas la posibilidad de extender su vida laboral más allá de la edad de jubilación es positivo porque pueden aumentar sus ahorros para pensiones. especialmente en el caso de las mujeres. Sin embargo, es necesario modernizar el Estado y crear espacios para poder implementar mejoras en tareas y procesos”. Por ello, Jones sostiene que “esto requiere un equilibrio entre quienes aportan su experiencia, el uso de nuevas tecnologías o procesos y los nuevos profesionales, por lo que es necesario diseñar una transición que apunte en esa dirección”.

Mientras tanto, Carmen Cifuentes, economista de Clapes-UCseñala que “Esta medida presenta tanto aspectos positivos como desafíos. Por un lado, facilita el relevo generacional en la administración pública, promueve una transición ordenada a través de incentivos económicos y reduce las brechas con el sector privado, donde las jubilaciones a esa edad son más comunes”. Sin embargoTambién plantea retos “como la posible pérdida de experiencia, riesgos de discriminación por edad y dificultades de reintegración al mundo laboral”. de quienes desean seguir trabajando. Esto, en un contexto en el que la población está envejeciendo debido, en gran medida, al aumento de la esperanza de vida”.