“Por la urgencia que esta materia exige, he decidido instruir desde ya a todos los ministerios y gabinetes a fin de que se considere un estándar más estricto que el de las normas vigentes respecto de la prohibición de contratación de parientes en los casos que se detallan en este acto”.
Ese es el mensaje que se leía en el instructivo titulado “Lineamientos que impiden la contratación de parientes” que Gabriel Boric hizo llegar a todos los ministerios el pasado 25 de marzo -a poco más de una semana de haber asumido la Presidencia de la República- y que, entre otros puntos, mandataba impedir contrataciones cuando se trate de familiares de ministros o subsecretarios hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad, incluyendo a los convivientes civiles.
El último de estos ocurrió luego de que el cónsul general de Chile en Barcelona envió un mensaje a la Cancillería manifestando su sorpresa por la llegada en calidad de agregado cultural en esa ciudad de Germán Berger Hertz, hijo de la diputada Carmen Hertz. Y si bien la queja apuntaba a otros elementos, la noticia hizo que varios apuntaran a la relación de parentesco del exdirector de la Secom con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Ella incluso defendió las credenciales de su hijo para el cargo.
Por ejemplo, el excandidato presidencial José Antonio Kast sostuvo en su cuenta de Twitter que “la política exterior de Chile convertida en una fábrica de pitutos y nepotismo”. Asimismo escribió “#NoMasPitutos uno de los eslóganes de campaña del pdte. @gabrielboric…”.
Efectivamente, el Presidente en su campaña utilizó ese hashtag. Entre las frases que usó sostuvo que “en el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy”.
Más allá de que no existan impedimentos legales, la Unidad de Investigación y Datos de La Tercera realizó el ejercicio de revisar las contrataciones de los ministerios, subsecretarías, delegaciones presidenciales, jefaturas de gabinetes -misma labor hizo este medio con la anterior administración de Sebastián Piñera, cuyo reportaje se tituló: “Los 18 parientes en el corazón del gobierno y La Moneda” o en 2014, a través de revista Qué Pasa con un texto denominado “La familia de la Nueva Mayoría”, donde se abordaron los lazos en el gobierno de Michelle Bachelet-. Asimismo, se añadieron lazos de autoridades de elección popular, como parlamentarios, gobernadores y exconvencionales constituyentes. Además, el trabajo añadió las relaciones de amistad -anteriores al 11 de marzo- que existen en el círculo más cercano del Ejecutivo.
Para esta labor se tomaron en consideración los parentescos de consanguinidad y también se sumaron las parejas, cuñados y cuñadas de aquellas personas que ocupan estos cargos. Se tomaron en consideración autoridades de ambas coaliciones de gobierno: Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.
Dentro de las autoridades de este gobierno hay varios que tienen a más de uno de sus familiares en una plaza en la administración pública. Está el caso, por ejemplo, del ministro de Economía, Nicolás Grau (Convergencia Social), cuyo hermano Matías Grau es encargado de sistema interno de catastro en Subsecretaría de Servicios Sociales, quien, según información de Transparencia Activa, recibe un sueldo bruto de $ 3.097.304.
El primo del secretario de Estado Luis Eduardo Santa Cruz Grau es asesor de proyectos presidenciales y obtiene una remuneración bruta mensual de $ 4.246.542. Asimismo, su cuñada, Josefina Amenábar González, es la jefa de gabinete de la Subsecretaría de Evaluación Social, lugar donde recibe un sueldo bruto de $ 5.000.362. Incluso, el titular de la cartera de Economía es primo de la senadora comunista Claudia Pascual.
Otro caso particular es el que acontece con la diputada frenteamplista Claudia Mix (Comunes), cuya hermana, Patricia Mix, es la actual seremi de Cultura de Valparaíso, quien recibe un sueldo bruto de $ 3.198.776. Asimismo, su hijo, Ariel Jara, trabaja actualmente en el área de comunicaciones de la Delegación Provincial de Talagante -cuya líder es Stephanie Duarte, exasesora de la diputada-, recibiendo un sueldo de un poco más de dos millones de pesos.
Hay varias otras figuras del Frente Amplio cuyos parientes o parejas aparecen en el aparato estatal. La pareja y actual conviviente del jefe de bancada de diputados de Convergencia Social, Gonzalo Winter, es María Dolores Reyes, quien desde abril trabaja como asesora del Segundo Piso en el equipo de Diego Pardow (sueldo bruto: $3.643.251).
Algo similar ocurre con varios exconvencionales constitucionales. Fernando Atria está casado con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes (sueldo bruto: $ 7.742.658) y su hermano, José Tomás Atria, es el director de Educación de la Municipalidad de San Antonio (sueldo bruto: $ 4.176.294). En tanto, el hijo de Beatriz Sánchez, Diego Aravena, es el jefe de gabinete de la Seremi Metropolitana de Educación (sueldo bruto: $ 2.893.795).
Pero no solo ocurre con los exconvencionales. El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (Unir), por ejemplo, está casado con Valeska Naranjo, la subsecretaria general de Gobierno (sueldo bruto: $ 7.742.658). También pasa con dirigencias de partidos: Paula Piergentili -hermana de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili- pasó de desempeñarse como Analista de Sección Biblioteca (sueldo bruto: $1.169.638) en la Subsecretaría de Servicios Sociales -desde 2018- a Analista Contable de Bienestar en la misma área con un sueldo mayor (sueldo bruto: $2.182.431).
A su vez, Nicolás Valenzuela, sobrino del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), es miembro del directorio de Metro. También del FRVS, el diputado Jaime Mulet es cuñado del actual jefe de gabinete de la Dirección de Obras Portuarias, Mario Torrealba (sueldo bruto: $ 4.199.852). La seremi de Deportes de la Región del Biobío, Andrea Saldaña, es la pareja del presidente regional del FRVS, Leonardo Gutiérrez.
También se dan casos donde diputados frenteamplistas tienen algún lazo con personas que trabajan en distintos municipios. Así, por ejemplo, Camila Brito, hermana del diputado de RD Jorge Brito, es profesional en la Municipalidad de Viña del Mar y la también diputada y extimonel de RD Catalina Pérez es la pareja de Daniel Andrade, quien trabaja en la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.
A su vez, varios representantes del Partido Comunista tienen lazos familiares con personas que hoy forman parte del aparato estatal. El excandidato presidencial y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), es hermano del jefe de TI de la División de Administración y Finanzas en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Juan Pablo Jadue, quien recibe un sueldo bruto de $ 4.200.129. Además, la pareja del jefe comunal, María Elisa Kaelin, trabaja en la secretaría general de la Corporación Municipal de San Joaquín (sueldo bruto: $ 4.894.066). En la propia comuna de Recoleta trabaja Pablo Teillier (sueldo bruto: $ 2.092.792) como director gerente de la Corporación Cultural, quien es hijo del presidente del PC, Guillermo Teillier.
Además del antes mencionado caso de Carmen Hertz, hay otras figuras comunistas emparentadas con personas que hoy trabajan para el gobierno. Es el caso de Fernando Carmona, quien es asesor en Presidencia y obtiene un sueldo bruto de $ 4.000.000 y es hijo del secretario general del PC y exdiputado Lautaro Carmona.
También, el esposo de la exconvencional comunista Bárbara Sepúlveda, Sebastián Fierro, se desempeña como director de comunicaciones en el Ministerio de Educación, recibiendo una remuneración bruta de $ 4.500.000.
Son varias también las figuras políticas socialistas que tienen a alguno de sus parientes trabajando actualmente para el aparato estatal. De hecho, María Eugenia Elizalde, hermana del senador y extimonel PS Álvaro Elizalde, es la jefa de la Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas de la Dipres y tiene un sueldo bruto de $ 7.099.995.
Muy conocido es el caso de la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, quien es sobrina de la senadora, también socialista, Isabel Allende. A su vez, el presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, es el suegro del embajador de Chile en la Ocde, Francisco Saffie.
Varios parlamentarios socialistas tienen lazos familiares con alguien que trabaja en la administración del Estado. Por ejemplo, el hermano del diputado Daniel Melo e hijo del excalcalde de El Bosque, Sadi Melo, Francisco trabaja para la municipalidad de La Granja. La esposa del diputado Marcos Ilabaca, Marisol Lovera Muñoz, es asistente técnico Chile Compras Seremi Vivienda y Urbanismo Los Ríos, aunque cabe destacar que está a contrata desde enero de 2022.
Por otro lado, la diputada socialista Danisa Astudillo es hermana del alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo. Y el hermano del diputado Juan Santana, Alejandro Santana, fue asesor del exconvencional, también socialista, Maximiliano Hurtado.
“Mi mejor amigo y compañero de vida, Felipe Valenzuela, parte a estudiar lejos. Por la chucha que lo voy a extrañar”, escribió el Presidente el 6 septiembre de 2018 en su cuenta de Instagram.
Valenzuela, nacido en Magallanes, donde conoció al Mandatario, es periodista, trabaja como jefe de comunicaciones del Segundo Piso presidencial (sueldo bruto $ 5.459.840) y forma parte del círculo más cercano de Boric que hoy trabaja en el gobierno.
En ese grupo también está el historiador Emiliano Salvo, parte del equipo de avanzada presidencial (sueldo bruto: $ 2.650.000), quien conoció a Boric en la militancia política y es una de las personas de más confianza del Presidente en La Moneda. Tanto, que en las noches se han reunido en diversas ocasiones en la casa de Salvo para tener un espacio de descanso.
Francisca Moya, jefa de la división jurídica-legislativa de la Segpres (sueldo bruto: $ 7.417.648), también es muy cercana al Presidente. “Somos amigos hace más de 10 años. Es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo completamente. Me siento un afortunado de tener cerca a una persona como Francisca Moya Marchi. Se las presento”, escribió el Mandatario en su Instagram el 7 de febrero de 2019.
Moya es una de las tantas amistades que Boric mantiene desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En ese grupo también está su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía (sueldo bruto: $ 5.990.000), quien fue su primer mentor político. En este último caso hay una arista familiar: la esposa de Meza-Lopehandía, Carmen Morales, trabaja como asesora con enfoque de derechos humanos y género en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, recibiendo un sueldo bruto de $ 2.697.596.
Quien también tiene familiares en el gobierno es Antonia Rozas, directora de Administración de La Moneda: su madre, Flavia Fiabane, es seremi de Educación de la Región Metropolitana (sueldo bruto: $ 3.198.774).
Pero hay amistades más antiguas, que vienen desde la época de Boric en Punta Arenas. Uno de ellos es Raúl Domínguez, jefe de la división de Fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (sueldo bruto: $ 6.500.000), compañero de Boric en el Colegio British, con quien tiene diversas anécdotas.
“En Punta Arenas no había ningún rayado, nos parecía que nadie se cuestionaba nada. Ahí nos llevaron detenidos y nos pasamos los tremendos rollos. Como habíamos leído mucho de la dictadura, pensamos cualquier cosa. Tontamente nos pusimos a hablar en inglés para que no nos entendieran lo que decíamos. Gabriel sabía que sus papás no lo iban a tomar bien, así que llamamos a los míos. El carabinero no podía creer que nosotros, niñitos del British, saliéramos a rayar paredes”, contó Domínguez a la Revista Sábado, de El Mercurio, en 2015.
Felipe Jeria, director regional del Fosis en la Región de Magallanes, es otro de los amigos de infancia del Presidente que hoy trabajan en el gobierno.
Pero también varias de las amistades que Boric hizo en su época como parlamentario hoy tienen un puesto en cargos de poder. De hecho, gran parte de sus asesores figuran en cargos de la primera línea gubernamental.
Entre los dos periodos que Boric sumó como diputado por Magallanes también generó lazos que siguen vigentes en el gobierno. Tanto en Santiago como en su región de origen.
El caso de Antonia Illanes, subsecretaria del Deporte (sueldo bruto: $ 7.742.658), es uno de los más emblemáticos. La abogada fue una de las dos jefas de gabinete de Boric entre 2018 y 2022. La otra era Paulette Jara, quien hoy es precisamente la jefa de gabinete de Illanes en el Mindep (sueldo bruto: $ 5.803.116). Jara es muy amiga de Boric y fue quien lo acompañaba el 20 de diciembre de 2019 cuando el Presidente fue agredido violentamente en el Parque Forestal. La designación de Illanes no fue bien recibida por el equipo de Deportes de la campaña de Apruebo Dignidad, porque ni ella ni su jefa de gabinete estaban vinculadas a temas deportivos, pese a que en su currículum la subsecretaria exhibe que fue seleccionada de natación en la universidad.
Jara, además, tuvo un Acuerdo de Unión Civil (AUC) desde julio de 2016 a enero de 2022, cuando se separaron, con el embajador de Chile en España, Javier Velasco (sueldo bruto: US$ 15.830,46), quien también es parte del grupo de amigos del Mandatario.
El subsecretario de Medioambiente, Maximiliano Proaño (sueldo bruto: $ 7.742.658), coincidió con Boric en Pío Nono, donde militaron juntos en la Izquierda Autónoma, y también fue su jefe de gabinete entre 2016 y 2018. Lo mismo que Nicole Vergara, quien trabajó como periodista en el periodo de diputación y hoy cumple labores en el Segundo Piso (sueldo bruto: $ 3.900.000).
Manuel Yáñez, seremi de Desarrollo Social de la Región del Maule (sueldo bruto: $ 3.798.774), también fue parte del equipo parlamentario de Boric, como asesor legislativo. Yáñez fue coordinador regional de Convergencia Social y trabajó junto a Boric en los últimos cuatro años. Mientras que en el caso de Danilo Mimica, seremi de Desarrollo Social de la Región de Magallanes (sueldo bruto: $ 4.476.368), fue el doble de tiempo junto al Mandatario. Según su propia descripción en la página del ministerio, “se desempeñó durante ocho años como encargado territorial de la oficina parlamentaria del exdiputado y hoy Presidente de la República, Gabriel Boric, donde destacó su trabajo junto a las organizaciones sociales”.
Diego García, en tanto, hoy trabaja como seremi de Cultura en la Región de Magallanes (sueldo bruto: $ 3.856.784) y fue parte del equipo de apoyo en la labor parlamentaria de Boric, donde era el encargado de la sede “La Idea” en Punta Arenas.
En el caso del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, sucede algo similar. Su amiga y exjefa de gabinete Aintzane Lorca es jefa de la división de Fomento, Inversión e Industria del Ministerio de Economía (sueldo bruto: $ 3.801.170); su exasesora legislativa Maite Gambardella es coordinadora jurídica-legislativa de la Segpres (sueldo bruto: $ 5.701.755), y el periodista Ricardo Ahumada se mantuvo como el jefe de prensa de Jackson (sueldo bruto: $ 5.255.273). Ahumada es además expareja de la ministra Antonia Orellana, con quien tiene un hijo.
En el gobierno también trabaja Jaime Peña, jefe de asesores del Ministerio de Salud (sueldo bruto: $ 6.000.000), quien es muy cercano a Jackson y a la ministra Camila Vallejo.
La ministra del Interior, Izkia Siches, por su parte, corre por un carril paralelo, ya que en su caso gran parte de quienes la acompañaron en el ministerio componían su equipo mientras presidió el Colegio Médico (Colmed). Es el caso del oncólogo Roberto Estay, a quien Siches le pidió ser su jefe de gabinete desde marzo a junio para luego pasar a ser el secretario ejecutivo del programa Elige Vivir Sano. Estay, además, es cuñado de Miguel Crispi, subsecretario de Desarrollo Regional.
También llegaron desde el Colmed Matías Libuy, jefe de asesores de Interior (sueldo bruto: $ 5.700.000), y José Peralta, quien es amigo de Siches y jefe de la unidad de Gestión de Interior (sueldo bruto: $ 5.700.000). Mientras que Pablo Arrate, parte del mismo círculo -y exjefe de gabinete de Izkia Siches en el Colmed-, es parte del gabinete de Jeanette Vega, ministra de Desarrollo Social. Este último, además, es amigo de Simón Boric -hermano del Presidente- y recibe un sueldo bruto de $ 2.700.000.
En Interior también trabajan como periodistas Hernán Monckeberg (sueldo bruto: $ 3.800.000) y Christian Amengual (sueldo bruto: $ 3.300.000), quienes forman parte del grupo más cercano de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, el que también integra el hermano del Presidente, Simón Boric, debido a que eran compañeros en la Universidad de Chile. El jefe de gabinete de la dirección de Presupuestos, Yerko Montenegro, también forma parte del entorno más cercano del hermano del Mandatario y recibe un sueldo bruto de $ 6.000.000.
Un caso diferente es el de la pareja de Simón Boric, Fiona Bonati, quien era parte del equipo de la Secom desde antes de que su cuñado llegara a la Presidencia. La periodista trabaja en La Moneda desde noviembre de 2020.
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¿Alguien podría desconocer la importancia de mantener sólidas nuestras instituciones democráticas? Las acusaciones de que la política chilena estaría financiada por el narcotráfico, que han surgido en diversas ocasiones sin aportar evidencia concreta, socavan la confianza pública sin una base creíble. Sin investigaciones formales que respalden estas afirmaciones, tales declaraciones solo contribuyen a erosionar la reputación de la política y, en última instancia, la confianza en la democracia misma. Es crucial que cualquier denuncia se maneje con el debido cuidado para no debilitar las instituciones que sustentan nuestra sociedad.
Pero, por otro lado, sí debemos admitir que la actividad del crimen organizado en Chile ha experimentado un marcado incremento desde 2021. Entre 2022 y 2023, el Índice Global de Criminalidad Organizada de Chile alcanzó los 5,18 puntos, 0,58 más que en comparación con 2021; la tasa de homicidios se incrementó un 32% en 2022 en comparación con el año anterior, mientras que delitos como los secuestros subieron 68% y las extorsiones un 129% entre 2021 y 2022, esto según diversos datos de la Fiscalía y estudios del Instituto Libertad y Desarrollo.
Es difícil atrapar al crimen organizado si no se tienen herramientas que permitan identificar la ruta del dinero y los recursos que utilizan las bandas para financiar sus organizaciones. Y mientras se discute si hay o no financiamiento narco a la política, aún no es posible lograr un acercamiento en torno a temas como la flexibilización del secreto bancario que es, por un lado, una de las herramientas esenciales para detectar la actividad de delincuentes como los narcotraficantes y, por otro, la evolución natural a la que deben propender los sistemas preventivos y de persecución de delitos silenciosos.
Nuestro sistema preventivo descansa en el reporte que “sujetos obligados” deben comunicar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cada vez que haya operaciones anómalas. Lo relevante es que los Reportes de Operaciones Sospechosas que los bancos envían a la UAF hace ya 20 años incluyen información que está contenida en el secreto bancario; en todo este periodo, no se conoce que haya habido un uso abusivo ni inapropiado de esta información que es ciertamente sensible.
De hecho, es muy probable que quienes se oponen a modificar los protocolos del secreto no sepan que este sistema ya opera hace mucho tiempo y que esa data está efectivamente en manos de un organismo estatal. Pero la robustez del sistema ha permitido no solo su correcta utilización, sino que ha viabilizado la identificación de esquemas de corrupción de alto impacto público.
Una modificación al actual mecanismo no implica que la información de políticos, altos ejecutivos, directivos de empresas o ciudadanos comunes estará a libre disposición de funcionarios del gobierno de turno como se ha asegurado. En la práctica la UAF ya cuenta en parte con esas facultades, lo cual es una garantía de que, al dotar a los organismos de la suficiente independencia, capacidad y perfil técnico, se puede operar sin riesgos a vulnerar la privacidad de ciudadanos que no tienen nada que temer porque nada malo hacen.
Si no se cortan los flujos de dinero de las bandas criminales y de corruptos, el delito seguirá proliferando y consolidándose y eso sí se puede demostrar: las cifras están hace años a la vista.
*La autora de la columna es presidenta de Chile Transparente y de Eticolabora
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Durante la noche de este domingo, la Policía de Investigaciones (PDI) investiga el asesinato de un sujeto en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana. A su vez, periciará otros tres homicidios frustrados reportados en la misma zona.
Según información de Carabineros, a eso de las 19.10 horas personal policial tomó conocimiento de la llegada de cuatro personas heridas, aparentemente por armas de fuego, hasta el Hospital El Pino de la comuna, donde luego de los esfuerzos médicos, uno de ellos falleció.
Asimismo, se reportó que en las inmediaciones del recinto médico se encontró un vehículo el cual no mantenía encargo por robo, con indicios de impactos balísticos y con evidencias biológicas, por lo que se aisló para periciar.
Dentro de la noche, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se trasladó hasta el lugar y determinó que sea la Brigada de Homicidios de la PDI la que efectúe las diligencias investigativas.
Este hecho se produce horas después de haber registrado un homicidio frustrado en la avenida Almirante Riveros de la comuna, donde un hombre fue baleado en su espalda y terminó el riesgo vital.
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Hace algunos meses escribí en este diario, sobre la situación judicial de Donald Trump y el provecho que podía sacar la candidatura de Biden y concluí con una frase que cada vez me parece más pertinente al caso: “En las fotos feas de Trump, Biden luce peor”. Así fue este jueves en la noche, en el debate presidencial.
El primer cuadro de la transmisión de CNN lo hizo patente. La lentitud, la fragilidad y los pasos cortos con que el Presidente de Estados Unidos se acercó a la tarima fueron una triste foto en movimiento. Y claro, Trump tuvo otras horribles: en el Observatorio de Datos de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI monitoreamos el trabajo de fact-checkers estadounidenses y constatamos al menos 14 mentiras salidas de la boca del exmandatario. Muy lejos de la calidad de los datos ofrecidos por Biden: uno falso y una imprecisión.
Pero en un debate son otras cosas las que completan la foto. Lo sabe la excandidata Hillary Clinton, quien tres días antes, en una columna del New York Times, llamaba a la ciudadanía a prestar atención a los logros del gobierno de Biden y no al show de Trump y sus acostumbradas mentiras incendiarias. Probablemente la elite que lee el NYT le dio una segunda oportunidad a la performance del mandatario, más compasiva, pero el grueso de los votantes, que además no leen dicho diario, es poco probable. Así lo entendieron los demócratas que, terminado el debate, manifestaron su preocupación y la urgencia de buscar una candidatura alternativa.
El camino más amable es que Biden decida rechazar la nominación en la Convención Demócrata que se realizará entre el 19 y el 22 de agosto de este año. Parece ser la única opción porque no hay en el reglamento del Comité Nacional Demócrata (CND) un apartado que calce a la perfección con el caso. Estrategas comunicacionales de ese partido dicen “por interno” que todas las otras alternativas son más violentas, por ejemplo, que los delegados que deben concretar el acto formal de la nominación rechacen al Presidente y opten por otra persona. Es que, en el modelo democrático representativo indirecto de Estados Unidos, los candidatos que ganan la primaria de un Estado ganan también el derecho de elegir a los delegados de ese territorio, y esos delegados son los que en agosto lo nominan. En otras palabras, los elegidos tendrían que “traicionar” a Biden y no elegirle. Que ocurra, sería un caso raro, porque luce horrible, las tradiciones pesan mucho y no hay seguridad de que todos sigan esa instrucción.
¿Por qué, si siempre fue tan evidente el deterioro de Biden por su avanzada edad, los demócratas esperaron hasta este punto? No es que se hayan dado cuenta el jueves del problema. Como he dicho, las tradiciones pesan mucho en Estados Unidos y el derecho de un Presidente a tener un segundo periodo es una cuestión difícil de discutir. Se da por hecho. Sin embargo, no hay que ser ingenuos, no es casual que el debate del jueves haya tenido condiciones especiales. Por ejemplo, que se realizara dos meses antes de lo que usual, sin siquiera haber hecho el acto de nominación. Me inclino a pensar que fue pensado como parte de un plan mayor que podría resumir así: si Biden lo hace bien, seguimos con todo. Si no da el ancho, buscamos una alternativa de cara a la convención de agosto.
Aunque no fuera así, se dio de esa manera y a esta hora los estrategas del Partido Demócrata se quiebran la cabeza buscando opciones. Titubear no es posible. Es todo o nada.
Por Carlos Franco, profesor asociado de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del Observatorio de Datos de dicho plantel. Autor del libro: Donald, de aprendiz a presidente (2018).
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