El diagnóstico es claro: Chile tiene pocos psiquiatras, tanto en el sistema público como en el privado.
Al revisar las agendas de estos especialistas en clínicas y centros privados de la Región Metropolitana, se puede observar que las horas presenciales están llenas hasta fin de año, lo que deja como alternativa la posibilidad limitada de que se libere una hora reservada. , lo que ocurre esporádicamente. .
Por ejemplo, en Clínica Alemana la agenda de noviembre ya está cerrada y solo hay tres lugares disponibles para diciembre. En el caso de Clínica Santa María no hay consultas disponibles hasta febrero, mientras que en Clínica Dávila no es posible reservar porque la agenda de la mayoría de los profesionales está llena.
Juan Pablo Undurraga, jefe de la Unidad de Psiquiatría de Clínica Alemana, afirma que este aumento en la demanda de consultas de especialidad “No es un fenómeno nacional, pero sí global.”. Además, explica que las razones que sustentan esta tendencia son variadas, pero que se debe principalmente a que aún quedan consecuencias del confinamiento que provocó la pandemia de Covid-19.
“Todos hemos experimentado dificultades de salud mental durante la pandemia, algunas más graves que otras. Pero también se registraron varios problemas de insomnio, ansiedad, incertidumbre y disminución del contacto social o de actividades que nos ayudan a gestionar el estrés y la ansiedad. Creo que esto tuvo una consecuencia muy clara en toda la población, de la que todavía somos testigos.”, añade el especialista.
Nathali Ángel Pereira, psiquiatra de Clínica Indisa, afirma que “Hace mucho tiempo que hay una gran demanda de psiquiatría, y a esto se suma el hecho de que hay pocos especialistas”. También coincide en que el panorama actual es consecuencia de la crisis sanitaria: “Las patologías que más vemos son la depresión o la ansiedad, y a veces ambas juntas. Y, de hecho, la pandemia provocó un terrible deterioro de la salud mental. Y ahora que la gente ha vuelto a su rutina anterior, últimamente llegan varios pacientes con mucho estrés laboral, sobrecarga y hasta acoso”.
Pero en el sector público la situación tampoco es diferente. Según datos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Al 30 de septiembre, había 23.669 personas en lista de espera para una consulta psiquiátrica de adultos y 14.018 para una infantil o adolescente.
Por supuesto, Claudia Chartier, prosecretaria nacional del Colegio Médico, Explica que estas listas de espera reflejan aquellos pacientes cuyos problemas no pudieron resolverse en instancias anteriores, y requieren atención especializada.
“A nivel de salud pública esto está mucho más regulado, normado y estandarizado. Existe, por un lado, atención primaria y, por otro, servicios de salud mental de nivel secundario. En el nivel primario se resuelve alrededor del 80% de la patología psiquiátrica. Y sólo cuando esta patología es más grave o se descompensa y requiere evaluación psiquiatra, se pasa al nivel secundario y hay diferentes instancias, como los centros comunitarios de salud mental”, detalla.
El problema es que no hay suficiente oferta para satisfacer la gran demanda de casos que sí requieren atención avanzada.
En el sistema público existen 789 psiquiatras de adultos disponibles y 309 especialistas que atienden a la población infantil, totalizando 1.098 profesionales. Esto, a pesar de que en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud hay 2 mil 240 psiquiatras registrados y 484 de ellos especializados en la atención de niños y adolescentes. Es decir, hay personas en el registro que no están asistiendo.
Las cifras son, cuanto menos, deficientes, muy en línea con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado en 2022 con cifras de 2016: En Chile hay siete psiquiatras por cada 100 mil habitantes, casi 10 puntos por debajo del promedio de la entidad, que llega a 16,9.
Conociendo esta realidad, para tratar de atender este problema, el 18 de julio el Gobierno presentó el proyecto de Ley Integral de Salud Mental, que busca mejorar la calidad y oportunidad de la atención en la red de salud, además de promover la inclusión social y reforzar la reconocimiento del respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas.
Así, el proyecto establece deberes intersectoriales que promuevan condiciones adecuadas para la salud mental, y destaca la inclusión social y el abordaje integral de las necesidades de las personas con enfermedades o trastornos mentales.
