El lunes de la semana pasada, el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío, María Eliana Vega Fernándezenvió un correo electrónico al abogado Simón SánchezMiembro del Departamento de Estudios y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana (Devapac), área liderada por el abogado Juan Cristóbal Moscoso, quien ha sido denunciado por funcionarios por “acoso laboral” y “maltrato”. En la carta, el director le dijo al funcionario que el miércoles 23 de octubre a las 9:30 horas para declarar en el marco de un sumario interno.
Según el correo electrónico, el 3 de octubre, la Dirección Ejecutiva del SEA, encabezada por la abogada Valentina Durán, instruyó un sumario administrativo para investigar “los hechos y circunstancias relacionados con la exposición no autorizada de registros internos del SEA y otros documentos. los cuales, alojados exclusivamente en el buzón electrónico de nuestro Director Ejecutivo y otros funcionarios, fueron dados a conocer al público en la edición del jueves 26 de septiembre de 2024 a las 11:57 horas, en la sección ‘pulso PM del diario La Tercera. El artículo, titulado ‘La trastienda de la salida del titular del SEA de Antofagasta tras el fallido proyecto Colbún’, aborda la renuncia no voluntaria del Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, Ramón Guajardo.
pulso PM Tuvo acceso a la declaración de Simón Sánchez, quien fue interrogado por el director regional, quien asumió el rol de fiscal administrativo para investigar quién filtró información sobre la destitución del director en Antofagasta. Esto ocurrió luego de que el organismo regional decidiera poner fin anticipadamente a la evaluación ambiental del proyecto Central de Bombeo Paposo de Colbún, al considerar que la iniciativa no contaba con la información esencial para ser sujeta a revisión. La inversión prevista para el proyecto ascendía a 1.400 millones de dólares y su rechazo generó fuerte malestar en la eléctrica controlada por la familia Matte.
Durante su declaración en el sumario administrativo, Sánchez negó cualquier participación o interés en la filtración de la carta de renuncia de Ramón Guajardo y, además, calificó un ambiente de trabajo que consideraba “riesgoso” en su división del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Cuando se le preguntó sobre el ambiente laboral, mencionó que temía “Represalias por parte de mi jefe de división, quien ha sido denunciado por malos tratos”. Sánchez describe un ambiente de trabajo en su división tenso y complicado.
El testimonio de Sánchez, más allá de negar cualquier vinculación con el caso, reveló un contexto de tensiones internas en su división, en el que el miedo a represalias y las denuncias de malos tratos en su entorno laboral han impactado su percepción de seguridad en el lugar de trabajo. trabajo.
El abogado Simón Sánchez declinó hacer comentarios sobre este artículo.
Desde el SEA confirmaron el inicio de “una investigación sumaria para recabar información sobre graves filtraciones de documentos e información interna, en cumplimiento del Estatuto Administrativo y las instrucciones de la Contraloría General de la República”.
La declaración de Sánchez se produce en medio de un complejo escenario laboral interno tras las denuncias de funcionarios contra Moscoso. El 15 de octubre, cuatro funcionarios presentaron una denuncia de protección laboral contra la entidad y su dirección ejecutiva, encabezada por Valentina Durán Medina, acusando la vulneración de derechos fundamentales en el marco de un ambiente laboral calificado de hostil, violento y profundamente negligente. Los demandantes –Camila Sepúlveda, Lu Contreras, Camila Ramírez y Diego Trecaman– afirman haber sido objeto de malos tratos, acoso laboral y discriminación por parte de superiores, entre ellos Juan Cristóbal Moscoso, Macarena Gross, Andrea Peña, Camila Carrasco y Andrea Paredes. A través de sus testimonios, los denunciantes describen un ambiente que, según sus palabras, “ignora los valores de protección” y en el que prevalece “un sistema de violencia tolerado por la Dirección”.
Esta es la tercera acción judicial contra la administración encabezada por la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán. Esto luego de que el 14 de diciembre de 2023, Bárbara Rojas, ingeniera ambiental, interpuso la primera acción legal, denunciando haber sufrido acoso. Posteriormente, Jimena Hevia, geógrafa y jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Ambiente Humano, también presentó una demanda, acusando un “ambiente laboral tóxico”.
En este último proceso judicial, la SEA, asesorada por el abogado Jorge ArredondoSocio de AZ, anunció la lista de testigos que presentará en el juicio. se trata de 11 funcionarios y altos directivos de la institución.
Entre ellos se encuentran Aldo Rosenblum, jefe de la División de Administración y Finanzas; Francisca del Fierro, jefa de la División Jurídica; Tagrid Safatle, jefe del Departamento de Litigios; Matías Ortiz, jefe de gabinete; Andrea Peña, jefa del Departamento de Asistencia a la Evaluación Ambiental; Andrea Paredes, jefa del Departamento de Evaluación Ambiental; Camila Carrasco, jefa de Estudios y Desarrollo de Devapac; Macarena Gross, jefa del Departamento de Cambio Climático; Rocío Pavez, evaluadora ambiental del Departamento de Estudio y Fomento; Claudia Pezoa, secretaria; y Juan Cristóbal Moscoso, de la División de Evaluación y Participación Ambiental.
Por su parte, la defensa del denunciante ofreció 13 testigosincluido el acusado Moscoso. Entre ellos se encuentran: Pablo Lorca, jefe(s) del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano, y los evaluadores ambientales Diego Trecaman, Camila Ramírez, Camila Sepúlveda, Gonzalo Jiménez y Luisa Contreras.
