El fin de la sostenibilidad cosmética

Las empresas que todavía creen que pueden parecer sostenibles sin hacer cambios en sus operaciones corren cada vez más peligro de quedarse fuera del juego. Si los cambios en las tendencias de consumo o las crecientes demandas de los inversionistas no los han convencido hasta el momento, la tendencia regulatoria en Chile comienza a dejar poco espacio para una adopción cosmética de variables sociales y ambientales en los modelos de negocios.

De hecho, en abril se completó el plazo para que las casi 80 mayores empresas reguladas por la CMF reporten bajo los requisitos de la nueva norma NCG461, explicando en detalle las dimensiones social, ambiental y de cambio climático de sus negocios, con una mirada profunda hacia todos sus stakeholders.

“Cuando hay nuevas propuestas regulatorias en la agenda de políticas públicas -impuestos verdes, regulaciones anti-greenwashing-, es importante analizar si la regulación promueve la transformación de los negocios hacia una sustentabilidad profunda y no cosmética”.

Por otra parte, en septiembre de este año se completó la aplicación gradual de la Ley 20.920 que establece la Responsabilidad Ampliada del Productor. Según esta ley, los productores de neumáticos, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros, son responsables de organizar y financiar la gestión de residuos. Además, por segundo año consecutivo, las AFP deberán publicar sus avances en inversiones responsables, dando cumplimiento a la norma 276 de la Superintendencia de Pensiones para integrar las dimensiones ESG y climática en su análisis de riesgo.

En resumen, la regulación de Chile ha avanzado para regular la integración de la sustentabilidad en diferentes niveles: desde los inversionistas institucionales y la información del mercado hasta las cadenas de producción y consumo. Se está construyendo un círculo que parece virtuoso.

De hecho, un estudio de la Escuela de Negocios de la UAI y AmCham (Aninat, Koberg y Arredondo, 2022) muestra que la regulación tiene un efecto positivo para movilizar la integración de la sustentabilidad en los modelos de negocios. Las empresas reguladas muestran una mayor participación de la junta y tienen incentivos de alta dirección alineados con la sostenibilidad. También muestran mayor transparencia y apertura informativa, mayor compromiso con sus grupos de interés e institucionalización de sus aportes sociales. ¿Qué logran? Menos conflictividad social o, en otras palabras, mayor legitimidad para la continuidad operativa y mayores niveles de innovación.

Cuando hay nuevas propuestas regulatorias en la agenda de políticas públicas (impuestos verdes, regulaciones anti-greenwashing), es importante analizar si la regulación promueve la transformación de los negocios hacia una sustentabilidad profunda y no cosmética, en la que se involucren todos los stakeholders. actores involucrados y se distribuye la responsabilidad. Es importante lograr estándares que eviten excluir a las pymes proveedoras o trasladar los costos al consumidor, porque la evidencia muestra que la responsabilidad excesiva del consumidor puede generar retrasos en la implementación de políticas sostenibles (González-Arcos et al, 2021). En este sentido, es importante que las políticas públicas en esta materia promuevan la innovación empresarial y los mercados competitivos como ejes transversales para promover el cambio.