El fútbol chileno está de rodillas: la violencia gana la batalla y pone en jaque al balompié nacional

Las palabras de Juan Tagle suenan como una llamada desesperada de ayuda. El clásico entre UC y U, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, había durado exactamente cinco minutos. Fue la vez que Felipe Seymour cometió una mano dentro del área, que el juez Felipe González lo sancionó de penalti, que Fernando Zampedri lo convirtió en gol y, lo más grave, es que el portero lego Martín Parra cayó desplomado por el efecto de una bomba estruendosa que explotó sobre él. El guardameta abandonó el terreno de juego en camilla, visiblemente conmocionado, y fue trasladado a un centro de salud donde se certificó que sufría un traumatismo acústico. Todos buscaban una explicación. “Hacemos un llamado a todos los futbolistas y autoridades. Necesitamos abordar este problema de manera global. No podemos afrontarlo solos. Necesitamos que carabineros vuelvan a los estadios”imploró el timonel cruzado.

Con el impacto fresco de la situación que comprometió gravemente la salud del arquero de Universidad de Chile, e incluso el desborde ocurrido en los conciertos de Daddy Yankee, y con apenas unas horas de distancia, en el estadio Monumental se vivió otra escena típica del descontrol en el que se hunde la actividad deportiva más popular del país. En el Arengazo, el entrenamiento público que suele realizar Colo Colo antes de los partidos decisivos o enfrentamientos contra sus clásicos rivales, condiciones que en este caso se cumplieron de manera simultánea, pues fue la antesala del choque que podría darle el trigésimo tercer título de campeón. su historia de madrugada y porque tendrían la UC enfrente, se podría desatar una verdadera tragedia. Si bien no se puede hablar estrictamente de violencia, es evidente el exceso de disposiciones de seguridad: cientos de barristas subieron al saliente que rodea el sector de la Cordillera, la estructura se derrumbó y se derrumbó. Las autoridades reportaron nueve lesionados, dos de ellos fracturados, quienes fueron derivados a los centros de salud más cercanos. El duelo entre Albos y Cruzados fue finalmente suspendido este sábado, aunque lo más preocupante fue la nueva señal: El fútbol volvió a ser puesto en jaque por quienes se empeñan en infringir la ley.

Desde 2013, Carabineros no tiene presencia dentro de los recintos deportivos. Hay que subir la precisión porque en los últimos días se ha subrayado que no los han dejado, sino que están para soportar el derrumbe que pueda sufrir el trabajo que ahora se encomienda a los guardias privados. En ese momento, había numerosas variables que explicaban la determinación. La inicial, que los uniformados estaban desviando valiosos recursos humanos en un evento privado, que podían ser utilizados para otras tareas, en sectores de la comunidad que igualmente necesitaban de su apoyo. El otro era económico. En esos días, el gasto fiscal que se realizaba cada semana se estimaba en 70 millones de pesos para cubrir las necesidades de las tres categorías que contempla el fútbol profesional: Primera División, Primera B y Segunda División. Ni siquiera se aceptó la idea de Sergio Jadue, presidente de la ANFP en esos años. El exdirigente propuso que los clubes chilenos paguen por los servicios policiales, como ocurre en Argentina. Su petición fue rechazada por inconstitucional. En los días en que los uniformados pasaban por las afueras de los recintos deportivos, el Estadio Seguro, la división pública encargada de velar por el cumplimiento de las condiciones de orden en los recintos deportivos, estuvo a cargo de Cristián Barra. El funcionario estatal estableció que en un año ya no habrá policías uniformados en los estadios. El requerimiento fue trasladado a los clubes, que debieron invertir en tecnología y en la contratación de guardias de seguridad capacitados para estar a cargo de la crucial tarea.

Hoy, por cierto, las variables son similares, aunque surgen nuevos elementos. “La violencia se desata en toda la sociedad. No hay carabineros. Tras el estallido social, cada vez son menos. Hubo un éxodo y ya nadie quiere serlo. La primera duda que surge es dónde conseguirlos. Hace cinco años, ese contingente controlaba las calles”.explica un profundo conocedor del tema, que pide no ser identificado en este reportaje.

Otra consideración en el mismo sentido es que el fútbol debe mostrar, de una vez por todas, su intención concreta de colaborar en la solución del problema. De esta forma, señala, los uniformados reconocerían la señal y accederían a realizar una colaboración más decidida para erradicar el flagelo.

Entre los clubes, de hecho, las opiniones se matizan. “En el fútbol es necesario que Carabineros esté presente. Los clubes no pueden ser responsabilizados por un tema nacional que afecta a toda la sociedad. La autoridad estatal tiene que estar presente”, dice Patricio Romero, timonel de Curicó Unido. El dictamen incluye una autocrítica empresarial. “Hay que poner nuestro granito de arena. Estamos constantemente para evitar estos conflictos. Un sistema de seguridad que ha funcionado, trabajamos para identificar fuentes y aislar, aplicando la normativa vigente. El derecho de admisión o de denuncia”, refuerza. En esta línea, aboga por un esfuerzo transversal. “Me da la impresión de que todo el fútbol quiere trabajar para eliminar este problema. Está la disposición y es necesario involucrar a todos los actores. Puedo dar fe de que se están tomando medidas. Nuestro jefe de seguridad ha participado en congresos. Pero la solución está en todos nosotros”, insiste.

Pablo Hoffmann, máxima autoridad de O’Higgins, Sostiene que el asunto le preocupa desde hace bastante tiempo. “En el seminario de la Conmebol se presentó el tema y dije que era fundamental que los carabineros regresen a los estadios. No había una palabra al respecto en el plan de la ANFP”, señala. La consideración admite una alternativa. “O formamos a los guardias y por ley les damos atribuciones, la autoridad que hoy no tienen, o regresan los carabineros. No hay otra manera de solucionar esto”, expone. Sin embargo, advierte que la solución es multifactorial. “También hay otras cosas. Los clubes tienen que invertir en tecnología para identificar perfectamente a las personas. Lo que está sucediendo actualmente no puede suceder. Se pasan los gallos que tienen prohibido el ingreso a los estadios. Nadie sabe cómo lo hacen”, amplía. “El Estado tiene razón en mantener el orden público. Los estadios son parte de Chile, es parte del sistema que hay que proteger”, concluye Hoffmann.

Aunque no se puede hablar de números absolutos, ya que el plan dependerá de la naturaleza del partido, la regla general es que los clubes deben contratar un escolta por cada 100 espectadores que proyecten asistir al respectivo encuentro. Ahí radica otro elemento fundamental: la capacidad de estos funcionarios para controlar personas y situaciones que pueden ser complejas.

El requisito para trabajar como guardia es sencillo: debes tener el curso dictado por Carabineros OS-10. Se trata de unas 90 horas de formación teórica y práctica, que proporciona los conceptos básicos para realizar la tarea. El departamento de policía es el mismo que prepara a los conserjes que prestan servicios en condominios y edificios. La especialización cuesta entre 65 mil y 75 mil pesos, dependiendo del proveedor. Por estos días, considerando la evolución de las demandas desde hace un tiempo, Carabineros estudia la reformulación del plan de estudios para adecuarlo a los requerimientos actuales en eventos masivos. Solo hay que repasar los episodios de esta semana para comprobar que se han superado por completo. En muchos casos, se observa que el trabajo es encomendado a adultos mayores, quienes pueden ofrecer poca resistencia a los fanáticos más furiosos.

Los clubes contratan los servicios de empresas que, por lo general, han sido formadas por uniformados que abandonaron el servicio activo. Este proceso es coordinado por el jefe de seguridad institucional, cargo que debe ser ocupado por cada uno de los clubes que participan en el torneo. Las empresas deberán cumplir fielmente con los requisitos establecidos en el planeamiento. De lo contrario, se exponen a fuertes multas.

Por supuesto, hay un negocio detrás. Un guardia de seguridad que trabaja en un partido de fútbol cobra entre 25.000 y 30.000 pesos por partido. Es prácticamente una consideración de sentido común que nadie está dispuesto a poner en riesgo su vida o el futuro económico de la familia por una cantidad tan exigua. Hay otra: en caso de que un infractor sea detenido y puesto a disposición de Carabineros, el guardia de seguridad puede ser citado a juicio para que rinda la declaración respectiva. El procedimiento, además de engorroso, lo expone a una potencial identificación por parte del infractor y, en consecuencia, a posibles represalias. Ese riesgo, dicen quienes están expuestos, no vale la pena.

En 2020 se pretendía dar una señal contundente. Entró en acción un nuevo tipo de guardias, con una instrucción e implementación diferente. Se llamaban Robocops. Su uniforme se parecía más al de un oficial de las Fuerzas Especiales. En la ANFP, que estuvo a cargo de Sebastián Moreno, se comprometieron a dar una señal concreta. La empresa MMC, originaria de Rancagua, asignó a los servicios a sus 200 mejores hombres. Eran elementos mejor preparados físicamente que los que visten chalecos amarillos o rojos, con tiras reflectantes. Rodrigo Robles, gerente de Ligas de la ANFP en ese momento, brilló al frente. “Esto lo desarrollamos con el Estadio Seguro, Carabineros y la Intendencia. El enfoque de Sebastián Moreno es mejorar la experiencia del aficionado en el estadio antes, durante y después de cada partido”, dijo, al tiempo que anticipó que el dispositivo podría reforzarse para los partidos de mayor convocatoria. Los más conflictivos, por definición.

“El sistema obliga a los clubes a poner en el centro de su preocupación a la seguridad privada que contratan, a buscar formas de entrenarla mejor para que los guardias de seguridad que emplean en los partidos sean un aporte real al espectáculo”, dijo Cristóbal Lladser. , quien estuvo a cargo del Estadio Seguro, valorando la iniciativa.

Hoy, por cierto, los uniformes negros, los cascos, los chalecos antibalas y las motos que ocupaban los robocops, imagen imponente para quienes se atrevían a meterse en líos en un evento deportivo, están más cerca de los armarios que de los estadios. fútbol. La razón es eminentemente económica: cada uno de los oficiales que integran estas auténticas tropas de élite se embolsa unos 70 mil pesos por evento. Es decir, más del doble de lo que cobra uno convencional, considerando el extremo más alto de lo que paga el mercado. Esa cuenta estaba a cargo del club que organizaba el espectáculo. Y, en tiempos de cinturones ajustados, la mayoría no está dispuesta a pagar la factura.