YEl mayor golpe al actual sistema de casinos de juego desde su creación en 2005 y la mayor denuncia posible de colusión en las licitaciones. Así evaluaron expertos y la industria la solicitud que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó este jueves ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas Dreams, Enjoy y Marina del Sol -principales operadoras del sistema – y cinco altos directivos.
La acción emprendida por la organización que encabeza Jorge Grunberg, acusando “una colusión que permitió renovar los permisos por 15 años con ofertas económicas muy inferiores a las que hubiera garantizado un proceso competitivo”, generó amplia repercusión este viernes entre autoridades y asociaciones empresariales. . La expectativa proviene tanto de las dimensiones de la infracción denunciada –las tres empresas concentraron el 90% de los ingresos de la industria entre 2017 y 2023– como de la dureza de las sanciones. La FNE solicitó al TDLC aplicar multas equivalentes a US$ 151,9 millones, las más altas registradas en un pedido por colusión, y estableció otra dura sanción: poner fin a los permisos renovados para Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitaciones 2020 y 2021. ampliando su validez sólo hasta que se cierre una nueva licitación.
Los casinos de juego involucrados corresponden a los ubicados en San Francisco de Mostazal, Temuco, Valdivia y Punta Arenas (Dreams); a los que se suman los ubicados en Talcahuano, Calama y Osorno (Marina del Sol) y el grupo integrado por los centros de Antofagasta, San Antonio, Rinconada de Los Andes y Los Ángeles, operados por Enjoy.
Y es esta última empresa la que, a los ojos de los expertos y del mercado, parece ser la más expuesta al impacto de la embestida de la FNE. Después de un complejo segundo proceso de reorganización, el operador tuvo que superar el riesgo de una eventual liquidación resolviendo su difícil situación financiera marcada por pasivos de más de 350 millones de dólares y una deuda contingente de alrededor de 200 millones de dólares.
Finalmente, y luego de dos postergaciones, la junta de acreedores aprobó el acuerdo con la empresa el 7 de agosto y recibió el visto bueno del 8° Juzgado Civil de Santiago el 22 de ese mes. Sustancialmente, crea tres empresas: NewCo 1, controlada por los acreedores del Bono Internacional y compuesta por los activos en Punta del Este, Coquimbo y Pucón; NewCo 2, a la que están vinculados los operadores Coquimbo y Pucón, las unidades de Viña del Mar, Rinconada, Antofagasta y Chiloé (incluido el hotel de Puerto Varas), y NewCo 3, cuyos activos incluyen San Antonio y Los Ángeles.
Si bien la primera empresa que incluye los activos que respaldan el bono internacional tiene un mandato de venta claro, en cuanto al resto -correspondientes a operaciones en Chile- su futuro “depende de lo que acuerde el comité de acreedores en los procesos de venta”. venta”, indicó el supervisor Juan Ignacio Jamarne el mes pasado en entrevista con DFMAS, donde agregó que la decisión final responderá a “cómo se desarrolle la operación y si es factible o no mantener la operación de cada una de las unidades”.
Para los expertos en reorganizaciones, es precisamente este curso de acción clave para la reorganización de Enjoy el que será frenado si prospera el pedido del fiscal ante el TDLC. Se trata de cuatro casinos -Antofagasta, San Antonio, Rinconada de Los Andes y Los Ángeles- cuyas licitaciones están impugnadas y corren riesgo de rescisión de sus licencias.
Desde el punto de vista de un experto en reorganizaciones, “si la sanción prospera y se hace firme, dejando sin efecto las licitaciones que dieron origen a la explotación de estos casinos y no pueden seguir operando, en consecuencia no podrán seguir recibiendo el beneficio”. ingresos esperados en su flujo”. , por lo que será muy difícil sostener los pagos a los acreedores y el pago de las deudas reorganizables”.
El efecto de la multa.
Otro impacto de la ofensiva de la FNE son las multas solicitadas a las empresas, la mayor de ellas para Dreams, con US$ 112,4 millones. Y si bien la sanción solicitada para Enjoy -casi US$ 36,8 millones- es la segunda más alta, su monto en el actual escenario financiero de la empresa “es de tal magnitud, que al final cambia sustancialmente la estructura de los flujos que se presentan para efectos de la acuerdo de reorganización; en definitiva, no creo que pueda resistirse a pagar esa deuda, lo que muy bien podría significar que podría quebrar”, advierte un directivo del sector.
En este tema, los expertos consultados difieren respecto del momento en que se debe hacer efectivo el pago de una sanción como la solicitada por la FNE en medio de un reordenamiento. “Si los hechos que resultaron de la infracción ocurrieron antes del inicio del procedimiento de reorganización, se puede argumentar que el pago de la multa debe estar sujeto al mismo cronograma de pago de crédito que tenía originalmente la empresa cuando fue reorganizada. Es decir, no debe considerarse una deuda nueva cuyo pago la autoridad pueda exigir de forma inmediata. Y, por el contrario, si los hechos se hubieran originado posteriormente, se trataría de una deuda no reorganizable de cobro inmediato”, explicó una fuente.
Otro experto discrepa, señalando que esto “corresponde a un hecho sobrevenido y, en consecuencia, no forma parte de la deuda que podría reorganizarse, más allá de los hechos constitutivos anteriores”.
Si bien el caso recién comienza y está por delante un proceso que podría durar entre tres o cuatro años -en el TDLC y la Corte Suprema-, fuentes consultadas evalúan que las sanciones solicitadas por la FNE aún constituyen un fuerte golpe para Enjoy. “En el peor de los casos, con una multa elevada y la anulación de la licitación, el efecto es que el único camino que queda sería modificar el acuerdo de reorganización, que requiere el consentimiento de los acreedores, en términos de vender los activos que ya no serán necesarios. tendrá flujos del negocio, o irá a la quiebra”, afirma un abogado.
Mientras que otro profesional señala que, según la ley, “podría solicitarse el incumplimiento si concurren circunstancias que puedan agravar el mal estado del negocio”.
A dos días del pronunciamiento de la FNE, la empresa rompió su silencio ayer viernes por la tarde. “Lamentamos y rechazamos que la autodenuncia de un tercero involucre a Enjoy SA en actos de colusión en los que no ha tenido participación. Siempre hemos actuado de acuerdo con la legislación, respetando los principios de la libre competencia que permiten el desarrollo de mercado”, dijo en un comunicado, en el que aseveró que “cuenta con estrictas normas internas que rigen los procesos de licitación en los que participa, siempre regidas y alineadas con las normas y marcos regulatorios establecidos”.
Por su parte, el entorno de la firma descarta un efecto importante desde el punto de vista del cumplimiento del acuerdo. “Corren por carriles bien separados. Por un lado, se trata de un proceso judicial que se llevará ante el TDLC y que durará lo que tenga que durar y por el otro, existe un proceso de reorganización aprobado, cuyo cumplimiento o viabilidad del acuerdo no se ve afectado. , y eso continúa por el carril que corresponde con normalidad”, indica una fuente conocedora de la gestión de la empresa. Respecto al efecto de la multa, se muestra frío, señalando que “si se decreta, será mucho más tarde, No sé en qué condiciones, por lo que creo que es discutible establecer si afecta o no el acuerdo de reorganización, y no es recomendable adelantarse a eso”.
Eso sí, en el análisis de los acreedores admiten que el requerimiento de la FNE “podría eventualmente tener repercusiones desde el punto de vista comercial y político”, mientras en ese sector aún esperan que Enjoy informe a la comisión cuál será. tu estrategia.
Seis años en rojo
La acusación en materia de libre competencia se produce en un momento financiero complejo para Enjoy, que ya dura más de seis años. La compañía reporta una última línea negativa desde 2018 y, hasta cierre de 2023, acumula pérdidas por 420.316 millones de dólares.
Los problemas de Enjoy se agravaron tras los cierres temporales de sus tiendas durante la pandemia y las posteriores restricciones de aforo. Sin embargo, los analistas del mercado señalan que esta crisis “no hizo más que acelerar la llegada del proceso de reorganización”.
De hecho, al analizar las últimas presentaciones de la compañía a inversores, los costes de licitación son el mayor obstáculo para mejorar sus resultados. Si bien los ingresos consolidados aumentaron un 6% en el último trimestre de este año -cifra superior a la de la industria- su Ebitda se mantiene negativo y es tres veces menor que en el mismo período del año anterior.
En comparación con otros jugadores, el margen bruto de Enjoy -la diferencia entre ingresos y costes- oscila entre el 10% y el 15%, mientras que su competidor Dreams supera el 40%.
Los analistas que siguen a la empresa explican que el principal problema radica en su dificultad para ajustar la estructura de costos, dado que gran parte de ellos se debe a contratos de pago de licencias, por lo que cambios en los salarios o la venta de activos no serían suficientes. “La licencia es cara y, por tanto, se requieren niveles de ingresos muy altos”, explica un agente del mercado. Según la Superintendencia de Casinos, entre las concesiones más caras de la industria se encuentra el casino de Coquimbo, cuya licencia fue otorgada a Enjoy a cambio de transferir el 42,5% de sus ingresos brutos.
En esta línea, la reorganización realizada entre 2020 y 2022 no resolvió del todo su “viabilidad financiera”, ya que sólo dos años después Enjoy solicitó nuevamente la reorganización para evitar la quiebra. La razón principal fue la incapacidad de cumplir con sus obligaciones financieras, donde acumula deuda y altos niveles de tasas de interés.
La acusación de la FNE ha profundizado aún más la inestabilidad económica de Enjoy, y el impacto de la multa y la posible pérdida de licencias resonó en el mercado de valores. Durante la jornada de ayer viernes, las acciones de la empresa se desplomaron un 10%.
