El gran desafío de la accesibilidad universal para personas con discapacidad

Al interior de las paredes de ladrillo, metal y cristal del edificio de la calle Miguel de Atero 2655 depende de la Corporación de Salud Comunal de Quinta Normal, funcionan cuatro dispositivos del área social y de salud de ese consistorio capitalino: la Unidad Atención Primaria Oftalmológica (UAPO); el Programa Actívate, que busca eliminar el sedentarismo y disminuir índices de obesidad; una sala de rehabilitación infantojuvenil, y el centro comunitario para personas mayores. Todas esas unidades comparten un factor clave de cara a la ciudadanía: o bien atienden a adultos que entran en la categoría de tercera edad o bien atienden a personas, de la edad que sea, en situación de discapacidad o de dependencia.

El edificio de la calle Miguel de Atero 2655 es, entonces, un inmueble de servicio comunal altamente exigido, tanto en términos de atención al público como en estándares y normativas oficiales que cumplir. Una de ellas es la llamada accesibilidad universal, a la que el Estado de Chile está comprometido y que deriva en un concepto general: el de territorio y ciudades para todas las personas.

El terapeuta ocupacional Gerardo Hume es el gestor de un Proyecto Colaborativo de Vinculación con el Medio creado al alero de la Universidad San Sebastián (USS), llamado “Construyendo la Ruta Accesible: Transformando Espacios Municipales 2023-2026″. Con esta propuesta le fue posible trabajar directamente, durante el segundo semestre del año pasado, en torno -entre otros- al edificio de la calle Miguel de Atero 2655 de Quinta Normal.

La idea fue, primero, diagnosticar ese y otros edificios públicos municipales, acorde a estándares oficiales de accesibilidad y, después, proponer posibles vías de solución para implementar. La iniciativa busca aportar con la generación de un Plan Regional de Monitoreo y Reportabilidad de Accesibilidad Universal. Para desarrollar la tarea, durante 2023, colaboraron -además de Quinta Normal, San Bernardo, La Reina, Lo Espejo y Pirque– académicos y estudiantes de la USS.

Académico de Vinculación con el Medio en la Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación de la USS, Hume afirma que “en Chile, hay alrededor de 2.700.000 personas adultas con algún tipo de situación de discapacidad o de dependencia. Si a eso sumamos a personas mayores que van a tener algún nivel de movilidad reducida, el número de personas para quienes hay que mejorar la accesibilidad se amplía considerablemente”.

Para hacer doble clic en los datos sirve el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, que se presentó en 2023. Fue realizado de modo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), cuyo director nacional, Daniel Concha Gamboa, explica que era necesario “actualizar los datos generados el año 2015″ y presentar “una visión actualizada sobre la discapacidad en el país”.

La información fue recogida en la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, ENDIDE 2022, que “se realizó en todas las regiones de Chile”, afirma Daniel Concha. La encuesta muestra que el 17% de la población de 2 años y más estimada en Chile tiene discapacidad. Esto corresponde a 3.291.602 personas. De esa cifra, el 5,9% tiene discapacidad leve a moderada y el 11,1% tiene discapacidad severa.

También se constató que el 17,6% de la población de 18 años y más tiene discapacidad; es decir, como apunta Gerardo Hume, 2 millones 703 mil 893 personas. Daniel Concha afirma que “de este porcentaje, el 6,2% tiene discapacidad leve a moderada y 11,4% tiene discapacidad severa. También se evidenció que la prevalencia de la discapacidad, entre la población de 2 años y más, es mayor entre las mujeres que entre hombres, con un 20,4% y un 13,6%, respectivamente”.

Chile es un país signatario, desde 2008, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Por lo mismo, tiene -como indica el documento Política Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad- el compromiso de “erradicar cualquier tipo de discriminación en razón de una posible discapacidad, ya sea física, intelectual o sensorial”. El Plan Chile Accesible, cuya primera edición data de marzo de 2017, estableció unas bases metodológicas para la gestión de un plan territorial de accesibilidad.

Daniel Concha, quien es licenciado de Teología de la Universidad Católica de Chile y máster en Trabajo Social del Boston College, afirma: “Como gobierno estamos abocados a robustecer el enfoque de derechos humanos en discapacidad”.

Eso se traduce, añade Concha, en acciones concretas “que van desde acompañar activamente modificaciones legislativas, como la ley 21.015, hasta un fuerte trabajo intersectorial y de concienciación junto a la sociedad civil, para que la discusión sobre inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad y sus redes de apoyo sea transversal”. El Plan Chile Accesible define que hay “plazos por cumplir que determinan de manera ineludible la accesibilidad como un derecho y como un deber”.

En la ley chilena se establece la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. Esa misma Ley fue la que creó al Senadis, cuyo propósito es “promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad”.

El compromiso del Estado chileno establece el desde en la tarea de eliminar “cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad”. Por lo mismo, entornos públicos críticos de atención a personas, como el edificio de la calle Miguel de Atero 2655, están obligados a ponerse al día. Y en eso, precisamente, están las autoridades de Quinta Normal, desde donde se señala: “Somos conscientes de que como comuna tenemos mucho que avanzar”.

Para dar vida al proyecto “Construyendo la Ruta Accesible” participaron estudiantes y académicos de las carreras de Terapia Ocupacional y Arquitectura de la USS, entre ellos el propio Gerardo Hume y la también arquitecta Loreto Figueroa. Además, se contó con el apoyo de la Dirección Regional Metropolitana del Senadis.

El objetivo específico de la iniciativa generada por la USS -explica Hume- es “hacer un diagnóstico de las barreras que hubiera en edificios que los municipios definieron, de acuerdo con sus intereses y la importancia que tienen para ellos”. El académico agrega: “Existía el desafío de desarrollar un Plan Regional de Monitoreo y Reportabilidad en Accesibilidad Universal. Estas 10 municipalidades están, además, dentro del contexto de un programa del Senadis que se llama Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI)”.

Según indica la web del Senadis, el programa EDLI es una oferta multi programática, que tiene como objetivo generar, desde los municipios, “un proceso creciente de inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones”.

Gerardo Hume explica que, pese a formar parte del programa EDLI, los municipios no tuvieron en su momento posibilidad de acceder a una orientación o una asistencia técnica en materia de barreras arquitectónicas, de modo que esta propuesta les permitió empezar a ponerse al día y detectar fallas y aciertos, que permitan elaborar su plan comunal de accesibilidad.

Si Quinta Normal durante 2023 puso bajo peritaje al edificio de Miguel de Atero 2655, San Bernardo lo hizo con su edificio consistorial, al igual que Lo Espejo. Pirque sumó la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y La Reina se amplió un poco y apostó por revisar la casona donde operan una biblioteca, una cafetería y un cine. En 2024 Buin, El Monte y Estación Central analizaron su edificio consistorial. Mientras que Huechuraba y Pudahuel apostaron por la revisión de espacios municipales donde funcionan los departamentos de inclusión y discapacidad, además de otras dependencias de las DIDECOs. Un valor agregado tiene la incorporación de la Red de Salas de Teatro donde se evaluaron dos teatros de Santiago (Aleph y Camilo Henríquez), espacios de participación cultural que buscan avanzar en generar medidas de accesibilidad.

El director de Senadis valora positivamente el desarrollo hecho por la USS: “Estamos convencidos de que la alianza público-privada, en conjunto con el aporte de las organizaciones de la sociedad civil, es clave para generar políticas públicas que promuevan la inclusión social de las personas con discapacidad”.

Daniel Concha explica que, junto con reportar el estado de cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal en las instituciones consideradas, se favoreció la generación de proyectos de mejora en las municipalidades a las que pertenecen: “Nos permitió realizar un diagnóstico rápido en comunas que no contaban con este apoyo por parte del Servicio, y también nos permitió capacitar a funcionarios municipales y estudiantes”.

Desde de su punto de vista, un trabajo colaborativo de este tipo permite “avanzar más rápido en la temática”. Concha confirma que para este año ya se firmó un convenio de colaboración para que se evalúen nuevas comunas de la Región Metropolitana y algunas salas de teatro pertenecientes a la red de salas de teatro, “considerando la importancia de la participación de las personas con discapacidad en espacios culturales”.

Loreto Figueroa Armijo es arquitecta y académica de la Escuela de Arquitectura de la USS. Para ella, como formadora de futuros arquitectos, el programa “Construyendo la Ruta Accesible: Transformando Espacios Municipales 2023-2026″ tiene otro valor extra: “Es un tremendo aporte para los estudiantes de quinto año pasar por un taller de práctica que los lleva a un proyecto de estas características junto a una organización como el Senadis, que es parte de un ministerio”.

La académica explica que “la experiencia con los organismos públicos” es indispensable para su profesión. Sostiene que la accesibilidad universal, un tema que está instaurado ya desde hace 14 años como política pública, debe ser incorporada desde la arquitectura como un punto base: “Sabemos y entendemos que no podemos desarrollar nada en los territorios con las comunidades sin participación ciudadana y accesibilidad universal tiene esa connotación”.

Figueroa pone acento en la necesidad de que haya más inclusividad: “Ya no solo en edificios, sino en una visión de ciudad”. La arquitecta explica que, desde su profesión, uno de los factores más valiosos de “Construyendo la Ruta Accesible” es que no se trabajó solo con un municipio, sino que con varios a la vez: “Y también lo fue ver cómo la propuesta inicial nuestra, que era partir con el pilotaje de un edificio por comuna, era poco. Las comunas nos hicieron un levantamiento de hasta 10 edificios, que tenían requerimientos. Ellos querían saber cómo mejorar la accesibilidad de sus edificios para sus vecinos”.

Desde Quinta Normal indican que la evaluación en Miguel de Atero 2655 fue un ejemplo indicador de brechas y tareas: “No logramos alcanzar un estándar óptimo para los usuarios en situación de discapacidad, y es por ello que este inmueble fue propuesto como objeto de diagnóstico por parte de nuestro Departamento de Inclusión. La idea es que nos sirva como referente respecto a las mejoras que queremos implementar”.

Gerardo Hume indica que el programa “Construyendo la Ruta Accesible” pudo evaluar unos 24.000 metros cuadrados en 2023-2024. ¿Cómo se hizo? Loreto Figueroa cuenta que se desarrolló por etapas: “La primera era solamente el diagnóstico del edificio a través de la aplicación de la ficha IDA, que es un instrumento elaborado por Senadis”.

En el Informe General de Accesibilidad 2018, elaborado por el Senadis para entornos arquitectónicos en Edificios Públicos de Chile, se indica que la ficha IDA “es el instrumento único de medición de la accesibilidad para estudios de infraestructura institucional”.

Su primera versión data del año 2011 y está convertida en “la base para la pauta de requerimientos técnicos de la postulación al Sello Chile Inclusivo en el campo de evaluación de accesibilidad de entornos”. También sirve “para orientar los requerimientos del artículo 4.1.7 de la presente Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”. Es, dice Loreto Figueroa, “el visado, y es legal y es público”.

“Lo que hicimos primero -complementa Loreto Figueroa- fue una capacitación del Senadis, en la que se les entregó esta ficha a los estudiantes. Se les explicó cuáles son sus componentes y cómo se aplica. A partir de eso se hicieron pruebas de ensayo dentro del mismo campus, con los estudiantes de arquitectura y los de Terapia Ocupacional”.

Fue así que se armaron grupos mixtos de alumnos de carreras distintas: “Eso era súper importante para poder aplicar la ficha IDA. Si bien es muy técnica, los estudiantes de Terapia Ocupacional tienen una visión muy distinta de la que pueden tener los estudiantes de Arquitectura. Con esta co-construcción podía salir un diagnóstico mucho más fino y acabado”.

La colaboración con los municipios permitió apoyar el traslado y la colación de los estudiantes. Figueroa indica que se buscaba una bidireccionalidad: “A través de un proyecto colaborativo se puede beneficiar una comunidad o un territorio, pero también a los estudiantes. Si el aporte es de las dos partes se deja atrás el asistencialismo”.

Loreto Figueroa añade, tras la devolución de información, que ahora está en manos de cada municipio iniciar “la construcción o el diseño de lo que se llaman los planes comunales de accesibilidad”.

En Quinta Normal explican que, para Miguel de Atero 2655, en este momento “la idea es implementar las mejoras respectivas, buscando opciones de financiamiento”.

Complementan indicando que la comuna está desarrollando otros proyectos en torno a la accesibilidad: “Principalmente, mediante la pavimentación de las calles, para asegurar un tránsito accesible a personas con movilidad reducida”. Eso se logra “mediante rebajes y dimensiones accesibles consideradas por la normativa, además de implementar espacios públicos con rutas accesibles óptimas para el uso de la comunidad”.

Daniel Concha explica que, a la luz de los resultados obtenidos, es posible concluir que hay modificaciones ambientales que se pueden realizar sin incurrir en gastos mayores “y que sin duda impactan positivamente en la accesibilidad para las personas con discapacidad”.

El director nacional de Senadis agrega que, dentro de las necesidades o falencias detectadas, están la falta de acceso a la información y de espacios de atención de público adecuados para atender las necesidades de las personas con discapacidad: “También que los municipios no cuentan con personal capacitado en materias de inclusión, como por ejemplo en lengua de señas chilena”.

Puesto que en el diagnóstico no todo es negativo también hay áreas con altos porcentajes de inclusión. “Se destaca tener habilitados estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad y contar con ingresos que permiten el libre acceso de personas con movilidad reducida a los espacios municipales”, afirma Daniel Concha.

Gerardo Hume explica que, aplicando la ficha IDA, un 70% de cumplimiento indicaría alto nivel de inclusión. Miguel de Atero 2655, por ejemplo, está bajo el 50%. Pero lograr ese porcentaje inclusivo de casi dos tercios IDA no es tan sencillo. “Hay aspectos que son comunes en todos los municipios evaluados, independientemente de qué tan nuevo o qué tan antiguo fuese el edificio”, dice Hume.

El académico detalla dónde están la mayor parte de los problemas: “Se presentaron observaciones sobre cómo la gente accede a su espacio, cómo se genera la atención, cómo se hace el llamado. Son cosas muy simples en términos de a qué número están atendiendo, por ejemplo, o de cómo hacen el llamado a la persona a la que le toca o de los espacios que pudiesen estar reservados”.

El punto de los espacios de atención es clave -dice Hume y tal como apunta Daniel Concha- porque es ahí donde las personas van para pedir información o para acceder a beneficios sociales. Son zonas de intenso tráfico ciudadano en los edificios públicos.

El diagnóstico también arrojó coincidencias generales en las dificultades para los acercamientos peatonales. Gerardo Hume dice que puede ser que los entornos cercanos a esos espacios municipales no tengan los rebajes de calzadas. También que no haya rampas necesarias o que no estén en el suelo, al llegar a una esquina, una serie de marcas amarillas o de otro color. Hume dice que esas son las guías podotáctiles: “A las personas con discapacidad visual les entregan una alerta en términos de que hay que detenerse, porque hay un cruce”.

Existen -además- desafíos en la mirada macro. La ruta del ciudadano hacia el edificio público debe también ser accesible: “Debe serlo, si yo llego en locomoción colectiva, desde que me bajo de la locomoción colectiva. Y también si llego en auto. Una ruta accesible no debe tener interferencias. No debe haber eslabones cortados en la cadena de accesibilidad”, sostiene Hume.

El especialista indica que, de todos modos, el desafío no acaba ahí. Puede ser que hasta la llegada al edificio público se logre la accesibilidad, pero después, al acceder a las oficinas, también hay necesidades: “Puede ser que la oficina de atención no tiene las medidas necesarias para que yo ingrese en silla de ruedas. O puede ser que yo quiera entrar al baño y no haya baño”.

Generar toda la cadena de accesibilidad es una tarea de gran detalle. Por eso, el nombre del proyecto “Construyendo la Ruta Accesible” instala fechas y pone recién una meta en 2026. “Nuestro objetivo es colaborar en ir haciendo un levantamiento de información que les permita a las municipalidades iniciar su plan comunal de accesibilidad, gestionar recursos e implementar las mejoras”, afirma Hume.

En Quinta Normal indican que, durante el último tiempo, se han potenciado las actividades comunitarias intergeneracionales entre los usuarios de los programas o dispositivos que se alojan en Miguel de Atero 2655. De ahí que era necesario evaluar el edificio. Conscientes ya de falencias más urgentes ahí, ya trabajan en la compra de barandas y pasamanos para mejorar la ruta de acceso en el edificio consistorial. “También hemos dado respuesta a solicitudes de las juntas de vecinos que requieren una rampa de acceso en sus sedes sociales”, indican.

“Si lo ponemos en términos de accesibilidad universal, claramente debemos seguir catastrando cómo está la situación comunal”, añaden desde el municipio. De todos modos, declaran como prioridad principal “resguardar las circulaciones mediante pavimentación adecuada de veredas y una mejor iluminación peatonal, aspectos básicos para garantizar la inclusión dentro de la comuna”. Así, agregan, Quinta Normal está “ad portas de cumplir un 70% de esa meta en cuanto a las circulaciones”.

El director nacional de Senadis indica que es necesario generar rutas de concienciación en inclusión “que apunten al cambio cultural tan necesario”. Para eso, agrega Daniel Concha, “se necesitan recursos, pero también creatividad y ganas de innovar poniendo en el centro a las personas”.

En el caso de Quinta Normal hay compromisos explícitos de su máxima autoridad, la alcaldesa Karina Delfino: “Se realizan en este período mejoras estructurales en el espacio e inversión económica significativa, que permitirá mejorar los espacios del centro comunitario. También se proyecta a nivel de gestión interna la creación de un comité que permita realizar en conjunto con direcciones y departamentos de la municipalidad los ajustes necesarios”.

Entre ellos, están la creación de la ruta accesible, la señalización y la adecuación de baños para personas en situación de discapacidad. La meta es clara: “En primera instancia proyectar las evaluaciones y mejoras en el centro comunitario de Miguel de Atero 2655, y posteriormente en la máxima cantidad de espacios municipales que albergan atención de público”.