“Se recomienda iniciar el procedimiento de revisión administrativa de ambos RCA, acumulándolos en un solo proceso y resolviendo todos los temas relacionados en una sola resolución administrativa, garantizando así la coherencia y eficacia de las decisiones y principios que guían la gestión pública ambiental”.
Así concluye el resumen ejecutivo del informe jurídico elaborado por el excontralor Jorge Bermúdez, en el marco de la solicitud presentada por Albemarle para que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) inicie el proceso de revisión de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que le permite para operar en el Salar de Atacama, así como su competidora, la minera privada vinculada al grupo Pampa, SQM.
El documento completo, de 40 páginas, fue incorporado por la firma norteamericana al expediente de revisión de RCA el 11 de septiembre. El informe acompañaba una nota enviada por Ignacio Toro Labbé, gerente de sustentabilidad de Albemarle, al entonces director regional del Servicio de Evaluación Ambiental ( MAR) de Antofagasta, Ramón Guajardo Perines.
Esta es la última carta adjunta por el solicitante en el marco del proceso, que representa una verdadera batalla ambiental entre las dos únicas empresas que explotan el salar de Atacama para producir litio. Y si el proceso se pone en marcha, el peor escenario posible supone una amenaza directa a sus operaciones, pudiendo poner fin al trabajo de los únicos productores de litio del país.
Con el proceso aún en trámite, Toro Labbé solicitó “tener a la vista” el documento elaborado por Bermúdez. El socio del despacho Moreno, Sáez y Avilés Abogados presenta cinco argumentos para admitir la solicitud presentada por Albemarle.
En primer lugar, sostiene que la medida resulta procedente “cuando las variables ambientales evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento hayan cambiado sustancialmente respecto de lo proyectado, o no hayan sido verificadas”, y que el mecanismo “asegura la flexibilidad” de las medidas ambientales. permiso durante toda su vigencia y “requiere que la autoridad garantice la continuidad de una actividad legítima con las adecuaciones que sean necesarias para proteger el medio ambiente”.
Un segundo argumento apunta a diferenciar el mecanismo de revisión de la RCA con los procedimientos administrativos sancionatorios, como los que actualmente lleva a cabo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tanto contra Albemarle como contra SQM. Este punto, de hecho, fue planteado por la firma nacional para solicitar que no se admita a trámite la revisión de la RCA. Según Bermúdez, un proceso sancionador buscaría “restablecer la legalidad ambiental”, y además, “la adopción de medidas urgentes y transitorias requiere causas y un estándar de prueba diferente al que motivó el procedimiento de revisión”.
En tercer lugar, Bermúdez señala que la revisión de ambos permisos ambientales debe “tramitarse y resolverse de manera conjunta no sólo por razones de economía y celeridad procesal, sino porque el fondo fáctico o material sobre el que recaen ambos RCA es el mismo”.
“En efecto, estamos ante el mismo entorno, que debe ser considerado como una unidad ecosistémica. La única medida procesal adecuada para ello corresponde a ordenar la acumulación de procedimientos”, añade, y señala que el caso contrario “haría ineficaz no sólo la resolución en sí, sino que frustraría el objetivo de protección ambiental”.
En cuarto lugar, Bermúdez apunta a una “razón puramente normativa”, señalando que la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos “obliga a resolver cuestiones conexas que han sido planteadas por los interesados en el procedimiento”. En esta línea, destaca que “las solicitudes de Albemarle reflejan la superposición de ambos proyectos, RCA, y por tanto la necesidad de revisión y resolución conjunta en un único acto administrativo”.
El último argumento aborda el hecho de que el proceso puede ser solicitado tanto por el titular de un RCA como por alguien “directamente afectado”. En esa línea, Bermúdez sostiene que “esta amplitud de propiedad permite a Albemarle solicitar el inicio del procedimiento de revisión de su propia RCA y de la de SQM. En efecto, Albemarle tiene un interés legítimo, actual y directo, que afecta a una variable ambiental, y que además causa daño”.
Con esto, el también profesor de Derecho Administrativo y Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso respalda el pedido de Albemarle. En palabras de Toro Labbé “se cumplen los requisitos para la apertura de la revisión de los 2 RCA en cuestión, planteados por mi cliente, ratificando la idoneidad de esta herramienta jurídica para hacerse cargo de la situación observada por Albemarle”, como se lee en su mantente presente.
A su juicio, Toro Labbé suma otros argumentos para solicitar la revisión de la RCA. Allí cita un oficio de la SMA, que responde a un pedido del SEA regional para que se pronuncie sobre una posible “relación directa” de la solicitud con los procesos sancionadores del ente supervisor contra Albemarle y SQM.
La carta de la SEA fue enviada previamente a la SMA, fue respondida el 22 de agosto de 2024 y notificada siete días después. En su respuesta, la superintendente Marie Claude Plumer recuerda que en el caso de SQM existe un plan de cumplimiento (PDC) para corregir los cargos que se le han hecho, “el cual sería tratado, siempre y cuando esta Superintendencia verifique la ejecución satisfactoria de los dijo el PDC.
En el caso de Albemarle, en tanto, señala que a juicio de la SMA “existiría una relación entre uno de los presuntos hechos infractores y la variable que el titular solicitó revisar en su RCA.
Según Labbé, en dicha oficina la SMA “no da cuenta de una relación directa” sino de “posibles situaciones”.
“En rigor, el SMA da cuenta de una relación hipotética que, basándose únicamente en hechos formalmente vinculados, da lugar a la apariencia de una relación”, afirma Toro.
También insiste en que las mediciones de la compañía detectaron “una relación sincrónica entre las disminuciones de los niveles de salmuera en el núcleo -probablemente debido a una multiplicidad de factores y causas, entre las que se encuentran las extracciones netas de salmuera de SQM y Albemarle- y las bajadas en el agua dulce salobre”. acuífero en el punto de activación del PAT BA-07”.
