El aumento del costo de vida y el debate constitucional son dos de los temas que han copado la discusión nacional en los últimos tres años. Y un análisis reciente de Javier Vergara, socio de la consultora Valtin Capital, vincula ambos: el economista construyó, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de “derechos sociales”.
Este nuevo indicador considera la salud, educación y vivienda, y compara su variación con la del resto de las partidas medidas para determinar la inflación. Así, el experto encontró que el IPC del los derechos sociales representa cerca del 30% de los bienes y servicios que componen la canasta del INE.
Pero, ¿Por qué construir este índice ahora? Vergara explica que la razón es la proceso constitucional. “Lo más probable es que la Constitución le dé al Estado la responsabilidad y la cobertura de los derechos sociales”, dice, y detalla que, por eso, era “interesante” ver cuál podría ser el impacto fiscal de este cambio constitucional.
En su análisis encontró que entre 2010 y 2020 el IPC de derechos sociales aumentó en promedio un 4,3% anual, mientras que el resto de las partidas subieron sólo un 2,6%. El autor detalla que los derechos sociales son bienes no transables -es decir, no pueden ser importados ni exportados- a diferencia del resto -combustibles, ropa, etc- que están asociados a compras en el exterior. En la década señalada, “los combustibles no presentaron incrementos de precios significativos, a lo que se suma que gran parte de los bienes de consumo fueron importados de China a precios cada vez más bajos”, precisa.
Pero esto ha cambiado en los últimos dos años, como consecuencia de la “fuerte” suba de las materias primas y los estímulos económicos para enfrentar el Covid-19, precisamente como consecuencia de la pandemia.
Por lo tanto, la El IPC de derechos sociales comenzó a aumentar a mediados de 2021, de la mano de la inflación general, y escaló hasta su pico de 8,6% en agosto y septiembre de 2022, meses en los que para el resto de los bienes y servicios la suba fue de 16,4% y 15,9%, respectivamente. El máximo coincidió con los avances históricos de 14,1% y 13,7% de la inflación total en el octavo y noveno mes del año pasado.
De la mano de la moderación general, el IPC de sanidad, educación y vivienda también ha ido cayendo. En enero fue del 7,9%, frente al 14,2% del resto de la cesta, y al 12,3% de la inflación medida por el INE.
nueva constitución
Vergara cuenta que a medida que los países avanzan, la demanda de salud crece “exponencialmente”, lo que significa que la oferta -personal sanitario, hospitales, etc.- no da abasto y, por tanto, hay presión de precios. Agrega que el costo de la vivienda se ve afectado por la migración y la falta de suelo en las grandes ciudades. Y destaca que la educación “es lo más indicativo de lo que puede pasar con los demás precios de los derechos, ya que hoy la paga el Estado, que no fomenta el control de gastos”.
Así, resume que “el aumento significativo del costo de la salud, la vivienda y la educación ha generado que cada día estos servicios se lleven un mayor porcentaje del costo de las familias, y por ende la necesidad de obtener apoyos del Estado para cubrirlos”.
Incluso sugiere que “El crecimiento del IPC de los derechos sociales frente al resto de componentes puede ser una explicación de por qué la sociedad está pidiendo ayuda al Estado para cubrir estos gastos”.
Según su análisis, el economista advierte que si en la nueva Constitución se incluyen todos los derechos sociales, “debe quedar muy bien establecido que se irán incorporando paulatinamente en función del crecimiento del país”. esto porque “Siendo derechos, la demanda de la población por estos servicios ‘gratuitos’ crecerá significativamente, lo que se suma a que sus precios van a mantener la misma tendencia alcista histórica”.
Agrega que lo anterior “va a generar una importante presión tributaria y la necesidad de hacer nuevas reformas tributarias”, lo que implicaría aumentar la carga tributaria de personas naturales y jurídicas.
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