El lunes 13 de febrero de 2023, pasado el mediodía, se inició formalmente en el 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago el juicio por cohecho y delitos tributarios a ocho imputados en el denominado caso SQM.
982 días después y tras casi 560 días de audiencias, este miércoles se conocerá el veredicto en el caso en el que se investiga el presunto financiamiento irregular a políticos de la minera no metálica.
El caso tuvo alrededor de 14 aspectos, hubo una decena de personas condenadas en procedimiento abreviado, más de 60 sobreseimientos y un centenar de los implicados aceptaron suspensiones condicionales.
En el juicio, el Ministerio Público presentó más de 14.000 documentos, 650 testigos y 50 peritos.
Los alegatos finales comenzaron en junio.
La investigación comenzó como un aspecto del llamado caso Penta, a principios de 2015, luego de que María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, declarado ante el Ministerio Público, involucrando a la minera en la emisión de boletas ideológicamente falsas.
Contesse, el objetivo principal
En abril de 2015 se formalizó Patricio Contesseel hombre que durante 25 años fue gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y mano derecha de Julio Ponce Lerou. Un mes antes, en una reunión del directorio de la empresa se decidió destituirlo de ese cargo.
Contesse fue entonces puesto bajo arresto domiciliario total, medida cautelar en la que permaneció hasta el 2 de mayo de 2016. Luego, hasta febrero de 2022, cumplió con una modalidad de arresto domiciliario nocturno parcial, entre su casa en Lo Barnechea y su finca en Curicó.
Su defensa sostiene que, al menos en lo que a delitos fiscales se refiere, ya habría cumplido su pena en los tribunales, considerando que el Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitó una pena de cinco años de prisión por estas conductas.
En julio de 2018, la Fiscalía de Valparaíso presentó una acusación, señalando que Contesse utilizó “documentos maliciosamente destinados a defraudar el importe real de las operaciones realizadas”. Esto, en relación al dinero que SQM -Salar, SA, Nitratos e Industrial utilizaron para financiar las campañas de una serie de políticos
El Ministerio Público solicitó dos penas para él. Como autor de reiterados delitos fiscales, solicitó siete años de prisión máxima en grado mínimo y una multa de $1.193 millones, la mitad de los impuestos supuestamente evadidos por él en el caso.
Además, solicitó otros 818 días por el presunto delito de cohecho del exsenador Pablo Longueira en la tramitación del proyecto de regalía minera. En total, nueve años y 88 días.
Los otros acusados
Los otros acusados son el ex ministro y ex senador Longueira, su ex jefe de gabinete. Carmen Luz “Titi” Valdiviesoel actual candidato presidencial Marco Enriquez Ominamisu ex asesor cristian warnerel agrónomo Roberto León Arayahijo del exdiputado DC del mismo nombre, el exembajador Marcelo Rozas, un DC histórico que asesoró a Julio Ponce Lerou desde los noventa y el exsecretario de la UDI Marisol Cavieres.
En vísperas de la comunicación del veredicto por parte del tribunal, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami aseguró que espera que con este cierre pueda competir por La Moneda “sin el peso de una causa que nunca debió existir”.
Según un análisis realizado por la propia empresa SQM tras el escándalo, el dinero habría sido destinado a al menos 159 figuras del mundo político. El 45% está vinculado a la UDI, el 11% a RN, otro 11% a la DC, el 10% al PRI, el 8% al PS, el 7% al PRSD y el 3% al PPD.
En agosto de 2021, ante la ausencia de una denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII), el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación informal que realizó sobre 34 personas presuntamente involucradas en la trama, entre ellas el exministro Rodrigo Peñailillo.
Según el fiscal regional de Valparaíso, Claudia PerivancichFiscal a cargo de la investigación, “el caso SQM reveló una forma de corrupción que afectó significativamente los recursos públicos”.
En enero de 2019, tras asumir recientemente el cargo de fiscal regional de Valparaíso, Perivancich asumió el trabajo de su antecesor, Pablo Gómez, quien había liderado la investigación.
Por el lado de las Regalías, SQM acordó una suspensión condicional del procedimiento, que implicó el pago de $2.550 millones: $900 millones al Estado y $1.650 millones a fundaciones benéficas.
Por otro lado, en septiembre de 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) informó que el exgerente general de SQM acordó pagar US$125.000 para poner fin a los cargos de corrupción que lo acusaba el regulador norteamericano.
