Una vez más, el juicio contra los presuntos responsables de la tragedia del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que cayó hacia la Antártida dejando 38 víctimas mortales el 9 de diciembre de 2019, tuvo que ser reprogramado. Esto, luego de que el abogado que representó a dos de los imputados, Jorge Martínezrenunciará al patrocinio.
La determinación del abogado fue comunicada a sus entonces clientes, Fernando Mondaca y Joaquín Urzúay al tribunal el domingo 1 de marzo, menos de 24 horas después de que se rendieran los alegatos iniciales del proceso, que generaron sorpresa y descontento generalizado entre los distintos participantes.
El punto fue necesariamente abordado en la audiencia que estaba prevista para las 8:30 horas de este lunes, cuando el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, el abogado que representa a las familias de las víctimas, Cristian Ariasy también las defensas, solicitaron que Martínez sea sancionado con la suspensión del ejercicio de la profesión hasta por 60 días.
Dadas las circunstancias, de todas formas, el Tribunal Oral de Punta Arenas -integrado por los jueces Guillermo Cádiz, Rosana Vidal y Julio Álvarez- no contó con más espacio y debió reprogramar el inicio del juicio para el próximo lunes 9 de marzo.
¿Pero qué hay detrás de la determinación de Martínez de renunciar? Según un documento que presentó ante el tribunal y al que el tercero tuvo acceso, su decisión se basa en que en los próximos días deberá acompañar al director general de Carabineros en diligencias importantes, Marcelo Arayay los ex directores Ricardo Yáñez y Mario Rozas, en el marco de la causa que lidera el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, por crímenes de lesa humanidad vinculados al estallido social del 18 de octubre de 2019. Ejercer ambas representaciones, según dijo, sería inviable.
“El jueves de la semana pasada, el fiscal regional de Antofagasta ordenó la citación personal del actual Director General de Carabineros, y de los ex generales señores Mario Rozas y Ricardo Yañez para ampliar sus declaraciones anteriores prestadas en este caso donde se investigan presuntos crímenes de lesa humanidad, realizados según la acusación de miembros del alto mando de Carabineros de Chile, entre el 19 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2020”, dijo. Martínez en su presentación.
Junto a esto, agregó que “estos casos (junto a otro donde también se investiga a funcionarios policiales), la preparación de estas declaraciones y el tema de la citación no sólo son del más alto interés institucional, sino que comprometen la actuación del Poder Ejecutivo de la época, que en el momento del llamado estallido social era ejercido por el señor Sebastián Piñera Echeñique (QEPD) a través del ex Ministro del Interior señor Andrés Chadwick. Las citaciones fueron emitidas para los días 11 y 20 de marzo”. 12, lo que significa cumplir con mis obligaciones contractuales, tener diversas reuniones de defensa y exclusividad en la defensa de los intereses institucionales y del director general.”
Asimismo, afirmó que por contrato y a pedido del actual comando de Carabineros “se requiere mi intervención en estas defensas, no sólo porque existe una convención que así lo establece, sino también por mi conocimiento personal de estas materias y mi conocimiento a nivel de maestría en la materia de derecho penal internacional de la Universidad de Heidelberg”. Por otro lado, mencionó, El contrato que lo vinculaba con los imputados en el caso Hércules C-130 ya había finalizado en diciembre del año pasado.
Así, Martínez también explicó otros detalles: “Cómo se realizará la comparecencia de los generales Rozas y Yañez en Antofagasta tras el cambio presidencial, y el 12 de marzo para el Director General“Para mí es materialmente imposible asumir responsablemente la defensa de los generales Mondaca y Urzúa, ya que durante los meses de marzo y abril tendré que realizar gestiones de defensa, apariciones en la ciudad de Antofagasta”.
Para finalizar, también afirmó que “mis vínculos contractuales y afectivos con Carabineros de Chile se solidificaron a lo largo de los años (2019-2016), el tema del asunto Antihumanidad, que es de importancia nacional, me deja claro dónde radica hoy mi deber profesional”.
¿Justificación ficticia?
Jorge Martínez tuvo que argumentar su renuncia ante el tribunal. Sin embargo, para los involucrados en el caso, como el abogado nicolas oxmanquien representa a otros imputados y quien también tiene representación en el caso por los crímenes de lesa humanidad antes mencionados, las explicaciones dadas no son del todo creíbles.
“Esta es una situación absolutamente impresentable, donde el señor Martínez renunció inesperadamente a una defensa que estaba coordinada para la realización de un juicio oral, argumentando la existencia de un caso que actualmente tramita la Fiscalía Regional de Antofagasta, y diciendo que eran razones prioritarias, en circunstancias que yo también tengo patrocinio en ese mismo caso, conozco los antecedentes de esa investigación y si bien podrían haber diligencias que se iban a realizar durante el mes de marzo, Todos estos procedimientos eran perfectamente delegables y eventualmente podrían reprogramar esas declaraciones si existieran.“, sostuvo.
Pero Oxman, como expresó en conversación con el terceroduda de que se haya oficializado la finalización de estos trámites. “No tengo conocimiento de que lo que sostiene en su presentación exista realmente, y por otro lado, si efectivamente fuera cierto lo que dice, lo cierto es que no puede presentar los antecedentes de un caso como justificación para renunciar abruptamente a un juicio oral”.
“Le entregué al tribunal la información que demuestra que pertenezco a la lista de abogados externos de Carabineros, y en ese sentido puedo dar cuenta de lo que señaló en su presentación, tanto escrita como oral, falta por completo la verdad”, agregó en referencia al interrogatorio que Martínez realizó durante la audiencia.
Oxman asumió la defensa de los imputados que fueron representados por Martínez, pero también quisieron dejar constancia de su molestia ante el tribunal.
A través de una carta que presentaron la tarde del domingo 1 de marzo, Urzúa y Mondaca expresaron que “el abogado Martínez tuvo tiempo suficiente para haber manifestado su disconformidad o la existencia de impedimentos que le imposibilitaban el desempeño de su labor profesional, a fin de facilitar el trabajo de otros defensores de confianza que pudieran preparar nuestra defensa técnica en tiempo y con la debida antelación”. “Esperó hasta el último momento para renunciar a la defensa, no tuvo la deferencia de atender nuestras llamadas y se limitó a enviar un correo electrónico que contenía poca e insuficiente información para realizar la tarea de delegar la función en otro profesional”.
Esto, cabe señalar, será considerado al momento de definir la sanción que se aplicará contra Martínez por su determinación.
La Fiscalía y las víctimas
Ante lo ocurrido durante la jornada, el fiscal Crisosto expresó su profunda “consternación”, pues, según dijo, no es la primera vez que el abogado Martínez busca precisar ciertos retrasos en el proceso.
“Hay precedentes, ya ha habido varios retrasos promovidos por el mismo abogado defensor que ahora renunció y por eso expresamos nuestro descontento, incluso nuestra indignación. Aquí somos 38 familias que estamos ansiosas y con mucha esperanza esperando el inicio de este juicio y por eso les expresamos, redoblamos nuestro compromiso para poder seguir adelante con este juicio que ahora, lamentablemente, tendrá que iniciar el lunes 9 de junio. La Fiscalía ha solicitado expresamente que se le sancione con la suspensión del ejercicio de la abogacía por el máximo legal, ya que esto no sólo afecta a las víctimas, afecta a la organización del Tribunal, afecta a los clientes, afecta a la Fiscalía y afecta al funcionamiento del sistema de justicia.“dijo el perseguidor.
Por su parte, el representante de los familiares de las víctimas, Cristián Arias, expresó: “Es una conducta vergonzosa por parte de la defensa, renunciar inesperadamente, provocando la última fase de este largo proceso que han tenido que pasar las víctimas en múltiples instancias judiciales y extrajudiciales, quienes se han presentado en todas las instancias desde hace seis años y este iba a ser el inicio de posiblemente una de las últimas etapas que se les explicaría.
Respecto al desarrollo del juicio, Arias indicó que existen elementos suficientes para establecer la culpabilidad del imputado. “Es claro que este es un caso de responsabilidad penal, los imputados en este juicio son responsables de la muerte de 38 personas, son responsables porque las causaron con el cumplimiento de sus deberes de cuidado respecto de la seguridad del vuelo que resultó accidentado. El vuelo no se estrelló por algo accidental, fue porque no hubo el mantenimiento adecuado”, afirmó.