Francisco Gilabert pasó buena parte del año en el centro de la polémica. En enero, el juez dirigió el partido decisivo entre Huachipato y Copiapó, que determinó la permanencia de los siderúrgicos en Primera División para la temporada 2022 gracias a un polémico cargo, aunque incluso el resultado de ese partido pasó luego a un segundo plano. La atención se centró después en una serie de enredos que desembocaron en una de las peores crisis que recuerda el árbitro chileno. El árbitro del duelo entre acereros y atacameños fue incluso colocado en el centro de un complot para desestabilizar a Javier Castrilli, entonces presidente de la Comisión que dirige la actividad. La investigación lo absolvió de todos los cargos. De hecho, volvió a impartir justicia y es uno de los portadores de la preciada insignia FIFA. Sin embargo, aún así, Gilabert todavía tiene controversias que resolver.

En el marco de este proceso, contrató los servicios profesionales de un abogado que terminó demandándola por estafa y ejercicio ilegal de la profesión. “Que en virtud de la representación que invisto, y en virtud del artículo 111 y siguientes del Código Procesal Penal, he venido a presentar denuncia penal por el delito de Estafa, previsto y sancionado en el artículo 467, en relación con el artículo 468 , del Código Penal y por el delito de ejercicio ilegal de la abogacía, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y delito fiscal señalado, previsto y sancionado en el artículo 97 n° 10 del Código Penal contra LEYLA ISABEL MAULÉN MATURANA”, reza la acción judicial, a cuyo texto íntegro tuvo acceso El Deportivo.

Maulén, en efecto, participó en la tramitación del proceso que se abrió en el Tribunal Disciplinario, aunque en el ente sancionador del fútbol chileno aseveran que no fue el actor principal, pues la defensa estuvo a cargo de otro jurista, Pedro Álvarez. “El abogado del señor Francisco era el señor Pedro Álvarez Bustos y con él compareció la señora Leyla Maulén, Licenciada en Derecho por la Universidad Santo Tomás, quien acreditó tal calidad con un título de grado. Solo acompañó al abogado Álvarez y no intervino en la audiencia”, recuerda Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del tribunal deportivo.

Segall también descarta rotundamente que la presencia de Maulén haya violado los filtros que se establecen para acreditar competencias. “Para el tribunal, todo estaba de acuerdo con el reglamento.. Cuando asisten por primera vez, acreditan su calidad como abogado. Normalmente siguen atendiendo los mismos. Esta condición se acredita mediante título o certificado emitido por la Corte Suprema y también en la cédula de identidad consta que es abogado”, establece. Hay tres categorías autorizadas a presentarse: estudiantes titulados, licenciados y abogados. “Un estudiante calificado nunca ha aparecido”, especifica Segall, quien al momento del diálogo con El Deportivo afirma que tiene a la vista el acta de graduación de Maulén. “El certificado tiene fecha 3 de junio de 2022. De la Secretaría General de la Universidad Santo Tomás. Se graduó en diciembre de 2019″, precisa.

La defensa ante los organismos deportivos no es el único asunto que vincula a Gilabert con Maulén. Otro aspecto que llama la atención se menciona en el texto de la denuncia. “Es necesario, SS., indicar que mientras tanto, y para ser más exactos, el imputado cita a mi representado a una reunión, ya que entendiendo que desconocía cómo iba a terminar el procedimiento disciplinario, Ella le dice a la demandada que deseaba iniciar algún otro trabajo, a lo que la demandada le sugiere que podría crear una Asociación de Comercio sin fines de lucro, en la cual realizaría las siguientes tareas; Elaboración de los Estatutos de la Asociación, acto de inauguración, publicidad (página web), obtención de recursos del Estado, optar por préstamos bancarios, de consumo e hipotecarios, entre otros.”, relata la carta.

La formación de esa entidad implicaría montos que Gilabert reclama en su querella, como objeto de fraude, y que se suman a los $3 millones que tuvo que pagar en concepto de honorarios de defensa ante el Tribunal Disciplinario. “En virtud de lo anterior, indica que por dicho servicio cobraría $10.000.000.- (PESOS DIEZ MILLONES) en concepto de honorarios, a lo que mi cliente responde que no contaba con dicha suma de dinero. Sin embargo, durante la misma conversación, ella le dice que ella lo puede ayudar a conseguir esa cantidad de dinero a través de “sus contactos” indicando que conocía a la señora Patricia Farías, quien junto a su esposo Jonathan Arias tenían una Empresa de Asesoría Financiera.”, sostiene la actual defensa del juez.

“El 3 de mayo de 2022 el imputado cita a mi representado a su oficina ubicada en Avda Apoquindo 6410, oficina 605, comuna de Las Condes, pero como él se encontraba en Alto Las Condes, ella finalmente acudió a dicho centro comercial, indicando que necesitaba su salario estados de cuenta, escritura de su casa, cédula de identidad, aportes, reporte de deuda, clave SII, entre otros documentos, para que proceda a solicitar un crédito al Banco Estado por un monto de $20.000.000.- (veinte millones de pesos)”, detalla .

El procedimiento continuó. “La diligencia fue a tal punto que el 5 de mayo de 2022 fue citado al Banco Estado ubicado en la Avenida José Manuel Balmaceda N° 310 de la comuna de Buin y en dicha sucursal se encontraría con Patricia Farías, quien conversaba con un ejecutivo Leonardo Javier Rojas González de la sucursal Curicó para proceder a la entrega del dinero. El imputado le dice que vaya a primera hora de la mañana, ya que el crédito estaba listo para ser firmado, y quien además le recalca que retire todo el dinero en efectivo, ya que la señora Maulén le dice que le mandaría al señor Johnny Hueitra Acevedo a el publicista, de quien desconoce más antecedentes, a retirar los $10.000.000.- (diez millones de pesos), y depositarlos en su cuenta personal. Así, luego de recibir el dinero, se lo entrega a quien indicó que era publicista, pues como se probará, él se encargaría de depositarlo en la cuenta bancaria del demandado”, señala la descripción.

“Mientras esperaba la entrega del dinero, la señora Patricia Farías le volvió a decir que ella y su esposo tenían una empresa de Asesoría Financiera, y que ella lo podía ayudar a comprar propiedades para capitalizar, a lo que mi cliente le dice que le gustaría compra la propiedad de sus abuelos (materno y paterno), y así mismo le ofrece propiedades en Curacaví, Algarrobo, El Tabo, El Quisco, invitándolo a venir a esa zona, ya que allí tenía la empresa”, agrega.

“El 11 de mayo de 2022 acudió al domicilio de la señora Farías ubicado en Cuyuncaví Bajo el lote N° 41 de la comuna de Curacaví. Al llegar al lugar, le indicó que los servicios consistían en obtener préstamos hipotecarios por un monto de $190.000.000.- (ciento noventa millones de pesos), y que le cobraría $9.000.000.- (nueve millones de pesos) por honorarios. pesos), que corresponde al 0,5%, al que le pide depositar $6.000.000.- (seis millones de pesos) con su cónyuge Jonathan Arias Arias, al que primero le hizo una transferencia por $250.000. – (doscientos cincuenta mil pesos) que es el monto máximo diario por tratarse de una primera transferencia, y que el resto sea transferido a Leyla Maulén, demandada, es decir $5.750.000.- (cinco millones setecientos cincuenta mil pesos) . En dicho acto, firma contrato de prestación de servicios, con ARIAS PROPIEDADES y ASESORIÁ FINANCIERAS SpA RUT 77.154.738-9, con domicilio en Cuyuncaví Bajo Parcela 41, comuna de Curacaví”, señala.

La siguiente es una mención al final del proceso en el ámbito deportivo. “Así, sostuvo conversaciones con la acusada en relación a la ANFP, asunto que quedó zanjado el 15 de junio de 2022. Posteriormente, comenzó a solicitar resultados y respuestas a lo que ella había comprometido por la suma de $10.000.000. – (diez millones de pesos), solicitándoles los estatutos de la asociación, que luego de indefinidas evasiones, lo último que hizo fue enviar los estatutos a la notaría de María Soledad Santos, ubicada en Agustinas 1161 en la comuna de Santiago.. Por tal motivo acudió mi representado con su hermano Pablo Andrés Gilabert Morales a quien el señor Juan Carlos Alfaro, encargado de escrituras públicas, le indicó que estaban mal redactadas, y que el imputado no era abogado. Por lo anterior, procedió a solicitar la devolución del dinero, cuestión que a la fecha no se ha producido, ni ha realizado gestión alguna”, especifica.

Y vuelve al planteamiento del presunto ejercicio ilegal de la profesión. “Es necesario señalar SS., que la demandada siempre le dijo que era abogada, y así mismo estuvo presente en el procedimiento arbitral, por lo que nunca tuvo dudas en su calidad de tal, pero esto comienza cuando el notario le dice ella que ella no era abogada, y por eso, ella comenzó a pedirle la gestión que le encomendaron, y luego de sus evasivas, él le pidió que le devolviera el dinero. Así, por las cantidades de tasas cobradas, no le entregó recibo de tasas ni factura alguna por dichas sumas de dinero, infracción que constituye delito fiscal. Es necesario indicar que el monto en que se configura la estafa es de $10.000.000.- DIEZ MILLONES DE PESOS”, señala la actual representación de Gilabert en el libelo.

En el ámbito referencial, ante las consultas planteadas por El Deportivo, Desconocen la naturaleza y eventual objetivo que habría tenido la referida asociación gremial ya que Gilabert no comunicó la iniciativa.