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El patrimonio de Manuel Guerra en la lupa de la fiscalía
Un nuevo antecedente surgió en la arista que recientemente abrió el Ministerio Público a propósito del caso Audio y que involucraría al exfiscal regional Oriente Manuel Guerra.
Dicha hebra se inició luego de que se revelaran chats de WhatsApp entre el abogado Luis Hermosilla, imputado por delitos de corrupción y quien está en prisión preventiva, y el exfiscal regional Oriente, que serían de 2016, año en que el caso Penta estaba en pleno desarrollo.
De acuerdo a una revelación de Ciper ahí habrían hablado de contactar a “Andrés” para “darle una salida al caso”. De acuerdo a la publicación, se referían a Andrés Chadwick, exministro del Interior, exsenador de la UDI y amigo personal de Hermosilla.
En ese marco, el exfiscal Carlos Gajardo, quien trabajó entre 2016 y 2018 bajo la jefatura de Guerra, pidió que se indagara el patrimonio del exfiscal. ¿Por qué? De acuerdo al expersecutor, quien fue parte del equipo que investigó a políticos que recibieron financiamiento irregular por parte de privados, Guerra tras su salida del Ministerio Público adquirió un vehículo de alta gama y un departamento en Maitencillo. Esto no se entendería con solo su sueldo de funcionario público.
“Con los antecedentes que se han conocido es necesario investigar profundamente al exfiscal Guerra, levantando su secreto bancario y efectuando un levantamiento patrimonial. Consta en registros públicos la adquisición, tras renunciar a la Fiscalía, de una propiedad en Maitencillo y de un vehículo de alta gama. La Fiscalía debe hacer una profunda revisión de toda esa hebra”, señaló Gajardo a La Tercera.
En efecto, según información pública del Conservador de Bienes Raíces de Quintero, Guerra adquirió una propiedad en la comuna de Puchuncaví en 2022. Lo mismo con el vehículo marca BMW, modelo X5 XDrive 401, 4×4, año 2022. El vehículo, del tipo SUV, tiene un valor cercano a los $80 millones.
Fuentes además afirman que la salida del ente persecutor no considera algún tipo de indemnización o bono y que el sueldo de un fiscal regional es de alrededor de $6 millones. Asimismo, los mismos personeros señalan que la revisión patrimonial será una de las diligencias en torno a Guerra.
Con todo, el exfiscal Guerra declinó referirse a los dichos de Gajardo sobre su incremento patrimonial tras su salida de la Fiscalía.
Cercanos al otrora persecutor señalan que ambos exfiscales no tienen una buena relación desde el caso Penta. Ahí Gajardo le reprocha el manejo que tuvo en la causa y que desde ahí se inició una “campaña” en su contra.
De acuerdo a registros comerciales, Guerra cuenta con tres propiedades y un vehículo. En esos registros no se contabiliza el departamento de Maitencillo. Una de ellas es una casa ubicada en el sector de La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea, que compró junto a su esposa, María Fernanda Martínez Saldías, el 9 de febrero de 2017, cuando llegó a Santiago desde el norte.
De acuerdo al registro del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, fue adquirida por un valor de 11.500 UF, que se traducen en $302.473.000 de ese entonces.
En total, las tres propiedades mencionadas en el registro comercial tienen un avalúo fiscal de $399.318.193. Asimismo, registra cuentas corrientes en los bancos Itaú y Santander, que podrían ser periciadas por los investigadores.
Por otra parte, Guerra y su esposa, también abogada de la Universidad La República, constituyeron una sociedad de abogados el 22 de agosto recién pasado, nombrada como Guerra y Asociados Asesorías Legales Limitada. La sociedad, dice el registro del Conservador, tiene el rol de prestación de todo tipo de asesorías y consultorías legales, y la preparación, elaboración y dictación de todo tipo de clases, cursos y seminarios en las áreas señaladas.
Manuel Antonio Guerra Fuenzalida (49) cursó la carrera de Derecho en la Universidad La República y se tituló como abogado en 1999. Militó en su juventud en el Partido Radical, lo que finalizó cuando ingresó al Ministerio Público el 1 de junio en 2002. Primero se desempeñó como fiscal adjunto en Iquique entre ese año y 2007. Luego fue fiscal regional de Tarapacá. En 2015 pasó a la Fiscalía Oriente, donde encabezó mediáticos casos como el de Penta, Exalmar, Dominga y la investigación contra el senador RN Manuel José Ossandón.
Uno de los más bullados fue el de Penta, el que fue cerrado en 2017 y con cuatro condenados: Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Jovino Novoa y Pablo Wagner. Los controladores de la firma fueron condenados en procedimientos abreviados a 4 años de libertad vigilada intensiva, más multas de más de $800 millones cada uno.
En julio de 2021 presentó su renuncia al Ministerio Público. Mediante una carta de despedida para sus colegas de la Fiscalía Oriente, argumentaba que su decisión obedecía a motivos “estrictamente personales” y que buscaba proyectarse en “otros ámbitos profesionales”.
Ponía así fin a casi 20 años en la Fiscalía, cinco de ellos en la zona Oriente. Un mes después, quien liderara la investigación de platas políticas pasaba al mundo privado y comenzaba a hacer clases de Derecho Procesal en la Universidad San Sebastián, donde el exministro Chadwick es presidente de la junta directiva.