A un paso de convertirse en ley estuvo el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023, el primero presentado al Congreso por la administración de Gabriel Boric.
Es que la Cámara de Diputados aprobó la gran mayoría de las modificaciones que el Senado le hizo al fisco, en segundo proceso, dejando solo tres artículos para una comisión mixta que fueron rechazados por la Corporación.
En concreto, la Cámara Alta hizo 27 modificaciones que fueron sometidas a votación ayer en el tercer trámite en la Corporación, de las que 24 fueron despachadas.
Así, el Ejecutivo logró reponer los gastos variables del Ministerio del Interior, rechazados en el primer proceso por los diputados.
También se aprobó eliminar un párrafo que establecía que se brindaría defensa judicial gratuita en los juicios a las víctimas de delitos violentos en la dependencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ser facultad exclusiva del Ejecutivo.
Inmediatamente después, también se suprimió el aumento en la asignación de arriendos para los oficiales de Carabineros en las regiones del norte del país, así como un aumento salarial para los suboficiales expuestos a situaciones de violencia. Ambos puntos implicaban mayor gasto fiscal y eran prerrogativa exclusiva del Presidente de la República.
Asimismo, se aprobó una reforma que restableció el presupuesto de Conaf y el programa de Áreas Silvestres Protegidas.
También se aprobaron cambios en la distribución del subsidio al transporte público en las regiones; y se repusieron los gastos de personal de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).
Otro punto celebrado por el oficialismo fue la reposición definitiva de los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que fue uno de los temas más debatidos en la Corporación.
Los tres artículos de la discordia
Los diputados rechazaron la reducción propuesta por el Senado en el gasto en bienes y servicios de consumo y la Secretaría de Comunicaciones (Secom), ambas en la Segegob.
A su vez, se rechazó una modificación propuesta por el Senado que suspende por un año los beneficios estatales para estudiantes de educación superior sancionados por la Ley de Aula Segura.
La comisión mixta, integrada por cinco senadores y cinco diputados, se reunió hasta la madrugada de hoy para dirimir las diferencias entre ambas instancias por los tres artículos rechazados.
La instancia llegó a un acuerdo con cinco modificaciones presupuestarias: se creará un grupo de trabajo para revisar las condiciones de acceso a la gratuidad de los estudiantes que evalúen conductas violentas “graves” en el último año de educación media o superior; se reducen los recursos en bienes y servicios de consumo de Segegob y Secom en $1.600 millones, manteniéndose la regla general en materia de encuestas y publicidad; se incrementan los fondos para expulsiones judiciales y administrativas de extranjeros de $815 millones a $1.200 millones; se captan los recursos para el Servicio Local de Educación Pública de la Araucanía Costa en $1.000 millones; y se crea en Sercotec un nuevo programa destinado a apoyar a las pymes que fueron víctimas del estallido social, que se denominará “Reconstruye tu pyme” y que contará con fondos por $1.100 millones.
Ahora, las cámaras de cada cámara deberán ratificar el pacto, votación que se realizará hoy.
El gasto público en su conjunto crecerá un 4,2% el próximo año, según la propuesta del Ejecutivo. El plazo máximo constitucional para despachar el proyecto vence hoy martes.
En el proceso posterior a la comisión especial mixta de presupuesto, el Ejecutivo llegó a una serie de acuerdos con el oficialismo y la oposición, como aumentar el monto del gasto per cápita en salud primaria; incorporar nuevos mecanismos para incentivar la inversión pública; y mayores subsidios por desempleo en regiones con una tasa superior al 8%, entre otros puntos.
Sector público: negociación por
el reajuste entra en el área pequeña
Luego de un par de semanas de pausa, el Gobierno y los funcionarios públicos retomaron las conversaciones para el reajuste anual de sus remuneraciones.
La reunión de ayer entre la Mesa del Sector Público y los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Trabajo, Jeannette Jara, sirvió para que ambas partes reafirmaran el cronograma de trabajo acordado a principios de este mes.
Este contempla que esta semana se realizará el grueso de las últimas reuniones para negociar el reajuste anual, con citas -en principio- el martes, miércoles y jueves. Se espera que en las últimas tres sesiones el Ejecutivo proponga una figura de reajuste para los empleados estatales.
Haya o no acuerdo entre las partes, se espera que el Gobierno ingrese el proyecto a trámite durante la semana del 12 de diciembre, considerando que la próxima -que arranca el lunes 5- es distrital en el Congreso.
En la petición presentada a principios de noviembre, los trabajadores fiscales piden al Estado un reajuste salarial del 15% para este año. “Exigimos, para el período diciembre 2022-noviembre 2023, un reajuste retributivo equivalente al IPC anual acumulado de diciembre 2021 a noviembre 2022 (del 12%), además de un reajuste real del 3% para todos los funcionarios del sector público, independientemente de su el marco laboral que los rige”, dice el documento.
También piden aumentar la remuneración mínima de la administración pública, y así establecer para el caso de auxiliares, técnicos y administradores remuneraciones de $550.000, $600.000 y $650.000 por piso.
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