Que la creación de empleo esté siendo impulsada, principalmente, por las ocupaciones informales no es el único dato que preocupa a los analistas. El último informe “Zoom de Género”, que elabora el Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales (UDP) junto a ChileMujeres y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), arrojó que gran parte de estos nuevos puestos correspondería a trabajos calificados como subempleos. Otro dato de precariedad.
¿Qué significa esto? Que son ocupados que trabajan a jornada parcial, pero en forma involuntaria ya que les gustaría y están disponibles para desenvolverse por más horas en el muy corto plazo; o, bien, personas ocupadas con educación superior completa que desarrollan labores de mediana o baja calificación.
En el trimestre abril-junio pasado, la creación anual de empleo fue de 286.266 ocupaciones. De estas, 176.197 fueron informales, es decir, el 61,6%.
Al poner en perspectiva lo ocurrido en el último año, el análisis precisa que el 54,1% de las plazas laborales cabe bajo el paraguas de en alguna forma de subempleo.
Al revisar los datos por género, esta situación afecta tanto a hombres como a mujeres. En el caso de los primeros, el 54,2% de los empleos generados en el último año estaba en alguna forma de subempleo, mientras que en el caso de ellas el porcentaje llegó al 53,9%.
“En definitiva, la creación anual de empleo fue mayoritariamente precaria”, sostiene el documento.
De acuerdo con el informe, las cinco ocupaciones con mayor prevalencia de subempleo entre las mujeres fueron empleadas en trato directo con el público (47,9%), oficinistas (47,3%), ayudantes de registros contables y encargadas del registro de materiales (44,7%), artesanas y operarias de las artes gráficas (42,6%) y operarias de procesamiento de alimento, de la confección, ebanistas y otros (34,6%).
La prevalencia de subempleo femenino en todas estas ocupaciones es significativamente superior al promedio agregado, donde el 18,6% de las mujeres ocupadas está en esta condición.
En el caso de ellos, el listado fue liderado por oficinistas (52,9%), empleados de trato directo con el público (49,4%), trabajadores especializados en electricidad y electrónica (35,8%), ayudantes de registros contables y encargados del registro de materiales (31,1%), vendedores (30,5%) y mecánicos y operarios de la metalurgia y de máquinas herramientas (30,5%). Cifras bastante más altas que el promedio de subempleo general entre los varones que llega a 15,8%.
Si bien el informe destaca que la prevalencia de subempleo es 2,8 puntos porcentuales superior entre las mujeres, advierte que hay ocupaciones con una brecha significativamente mayor.
Así, por ejemplo, en la ocupación artesanos y operarios de las artes gráficas, el porcentaje de subempleadas es de 42,6%, superior al 24,3% registrado entre los hombres que ejercen este tipo de trabajo.
Las propuestas
Para revertir este escenario, el informe entrega recomendaciones de políticas públicas, por ejemplo, extender el derecho a sala cuna a todas las madres y padres dependientes, independientes y de casa particular y que esta decisión no se ligue a la cantidad de mujeres que tenga contratada una empresa.
También se plantea fomentar programas de educación continua y capacitación técnica que estén alineados con las demandas del mercado laboral, con foco especial en las mujeres y con incentivos para que ellas accedan a carreras en sectores tradicionalmente masculinizados.
“Resulta crucial que estos programas lleguen no sólo a trabajadores dependientes formales, sino que puedan extenderse a otros segmentos de ocupados y desocupados”, dice el texto.
Comisión de la Mujer del Senado aprobó en general la propuesta sobre equidad salarial
Por cuatro votos a favor la comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado aprobó en general este lunes el proyecto de ley de equidad salarial que reimpulsó el Gobierno por medio de un paquete de indicaciones.
El objetivo de la iniciativa, que está en segundo trámite constitucional, apunta a que las empresas de más de 200 trabajadores den a conocer sus brechas salariales.
Está fórmula de transparencia apunta a que las compañías deban publicar sus brechas, detallando la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Sobre la base de dicha información, las firmas deberán comprometer un plan de acción para eliminar las distancias de remuneraciones.
“La brecha, la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres sin razón que se justifique, es de un promedio de 23%. Esa es una diferencia insostenible en una sociedad como la chilena, donde todas las personas debiesen tener una remuneración justa en atención a sus méritos y no en una discriminación de género”, dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara tras la votación.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
Codelco, la mayor productora mundial de cobre, informó que logró un acuerdo anticipado para un nuevo contrato colectivo con los trabajadores de su mina Ministro Hales y cinco sindicatos de su división más productiva, El Teniente.
Una negociación anticipada disipa las posibilidades de una huelga en el yacimiento, en medio de los esfuerzos de Codelco por reimpulsar su producción propia, que cayó a su menor nivel en 25 años en 2023.
En el caso de su división El Teniente, Codelco acordó un nuevo contrato con cinco sindicatos que agrupan a los cerca de 3.150trabajadores y trabajadoras. Se trata de las agrupaciones N° 5, Caletones, El Teniente, N° 7 y Sewell y Mina Unificado, que aprobaronla propuesta de la empresa.El nuevoconvenio colectivo tendrá una vigencia de 36 meses, desde 2024 a2027, a partir del 1 de noviembre.
Producción de Codelco volvió a caer en julio mientras que la de Escondida se disparó, según cifras de Cochilco
En esta mina subterránea, la más grande del mundo, las organizaciones de trabajadores lograron un reajuste de 1,5% y el bono de fin de conflicto de $ 22,5 millones más un crédito blando de $ 3 millones por 36 meses sin reajuste ni interés. Para aquellos que tienen cuentas en el Banco BCI, los pagos se realizarán a partir de mañana jueves 12 de septiembre y los otros bancos, el viernes 13 de septiembre, explicó el presidente del sindicato unificado Sewell y Mina, Amador Pantoja. Los operarios tienen también beneficios en salud y educación, señaló.
“Este proceso logró cautelarresponsablemente la viabilidad del negocio y mejorarla posición competitiva de la división, introduciendo, además,prácticas laborales que apuntan a elevar la productividad de la empresa”, afirmó Andrés Music, gerente general de El Teniente.
“Este instrumento colectivonos va a permitir concretar la puesta en marcha de los proyectos que dan continuidad a la división y consolidar las jornadas laborales que reducen los impactos en el entorno yaportan a la calidad de vida de las personas” concluyó Music.
Históricamente la producción de El Teniente se sitúa cerca de las 450 mil toneladas anuales, aunque 2023 concluyó con una baja, a 351.900 toneladas anuales.
En el caso de Ministro Hales, el nuevo contrato, que abarca 600 trabajadores, se extenderá por 36 meses desde el 1 de diciembre, precisó la firma sin dar a conocer las condiciones económicas de cierre.
“El acuerdo se basa en la búsqueda conjunta de acciones y planes de trabajo que permitan dar sustentabilidad a la división en el mediano y largo plazo”, dijo el gerente general del yacimiento, Gonzalo Lara, citado en un comunicado.
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