El test de drogas (y la ofensiva de la UDI y Jiles) que incomoda a la Cámara de Diputados

Un incómodo debate tuvo lugar este lunes al inicio de la sesión de la Cámara, cuando el Diputado UDI Juan Antonio Coloma Pidió votar el miércoles en el primer lugar de la mesa el reglamento que aplicaría una prueba de drogas a los integrantes de la corporación.

Este examen se convirtió en norma legal, pues fue incluido en la Ley de Presupuesto 2022, que fue aprobada a fines del año pasado. Sin embargo, para su implementación requirió de un reglamento específico, el cual a la fecha aún no ha sido elaborado.

“Se destinarán recursos para los exámenes de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que produzcan dependencia física o psíquica, capaces de causar efectos tóxicos graves o daños considerables a la salud sin la debida autorización, contemplados en la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que se realizará aleatoriamente y cada seis meses a los diputados en ejercicio”dice la disposición que fue aprobada por 108 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, en noviembre de 2021.

El problema es que la prueba se iba a aplicar semestralmente, por lo que ante el retraso del reglamento -que aún está en manos de la Comisión de Constitución- y la cercanía de mediados de año, se infringiría una disposición legal.

Precisamente ese ha sido uno de los argumentos de la diputada Coloma para presionar a la mesa de la Cámara -que encabeza el PPD Raúl Soto- con el fin de agilizar la regulación y darle prioridad esta semana.

Sin embargo, en la sesión del lunes, el diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez no dio la unanimidad de la sala que el tema pase del tercer al primer lugar de la tabla. La posición fue respaldada por el legislador de los Comunes, Emily Schneider.

Entre los argumentos del Frente Amplio para oponerse al cambio de mesa estuvo el hecho de que el miércoles El proyecto que sanciona la discriminación en los establecimientos educativos por cuestiones de identidad sexual y de género estuvo en primer lugar de discusión.un asunto considerado prioritario por los parlamentarios de esa coalición.

Sin embargo, la negativa fue interpretada por otros legisladores como un intento más de retrasar la aplicación de los test de drogas.

“Dos diputados, Diego Ibáñez y Emilia Schneider, se oponen a poner en el tope de la mesa la obligatoriedad de someterse a pruebas de drogas para todos los parlamentarios… Los ciudadanos exigen saber qué diputados son consumidores, tal como se aprobó en la ley que presenté para ese”, dijo el diputado independiente pamela jilesquien personalmente es un opositor declarado al consumo de drogas.

Desde el Frente Amplio no quisieron responder a Jiles y el presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), pidió pasar a otro tema en la sala.

Aunque algunas bancadas prefieren que la prueba de drogas no se convierta en un tema de discusión pública dentro de la Cámara, hay varias consideraciones que inevitablemente ejercerán presión sobre los Miembros.

Además de ser un asunto que podría exponer la vida privada de los legisladores, Otro factor es si este examen “aleatorio y semestral”, según la ley, será obligatorio.

Otro punto de discusión será si la prueba será saliva, orina o cabello. Este último es el que tiene un mayor rango de detección del consumo de estupefacientes o psicotrópicos.

“Cuando se aprobó esta indicación sólo hubo tres abstenciones. Todos los demás votaron a favor. Espero que podamos aprobar este cambio normativo, estableciendo un test que, además de ser obligatorio, semestral y aleatorio, ser una prueba de cabello para dar a las personas la tranquilidad de saber que están haciendo las cosas correctamente”, dijo Coloma a La Tercera PM.

Uno de los partidarios de aplicar las pruebas es el Diputado PS Leonardo Sotoquienes incluso, a manera de transparencia, propusieron aplicar la misma normativa del Decreto Supremo 1215 de 2006, promulgado bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, que estableció la prueba obligatoria de los funcionarios públicos. “No tenemos que hacer un traje a la medida”, explicó Soto.

los diputado Hernán Palma (PH)quien es médico de profesión y se ha especializado en salud mental y rehabilitación de drogas, comentó que se muestra partidario de que el tema sea voluntario y no obligatorio, ya que una posible drogodependencia debería abordarse de forma más integral, por lo que una prueba no es suficiente. “Las personas con adicción a las drogas tienen repercusiones psicosociales, es decir, no van a trabajar, tienen problemas familiares, problemas físicos. También habría que partir del supuesto de que los drogodependientes tienen una patología psiquiátrica básica o grave”, comentó.

Además del punto de vista constitucional, Algunos legisladores comentan que un diputado goza de inmunidad y no puede ser obligado a someterse a un procedimiento con el que no está de acuerdo. Y, en caso de presentarse, se deben reservar los resultados del examen.de acuerdo con los derechos de salud.

el diputado independiente Ana María Gazmuri, quien ha sido un activista para despenalizar el consumo de cannabis, dijo que el ataque fue “una forma ligera” de abordar el tema. “Hay una prueba de drogas que tiene el propósito de una multa. El argumento esgrimido es que permitiría detectar parlamentarios que tienen compromisos con narcotraficantes… La gran mayoría de los consumidores de cannabis cultivan cultivos precisamente para evitar tener ese contacto con los narcotraficantes. Eso está en el ámbito de la soberanía personal”, agregó el parlamentario, quien sugirió que si se quiere encontrar un vínculo con el narcotráfico se deben aplicar mejores medidas, como la apertura de cuentas bancarias.

Esta tarde, en tanto, se convoca a la Comisión de Constitución para tratar de dirimir el reglamento que busca aplicar una prueba de estupefacientes y psicotrópicos a los legisladores. De aprobarse la propuesta, se votaría el miércoles en la sala.