Sr. Director:
Chile ha alcanzado su peor posición histórica en el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional (IPC). En una década, hemos caído 10 puntos y, en mi opinión, hoy enfrentamos una realidad muy incómoda: nuestro revés en asuntos de integridad no es una percepción, es un hecho.
Esta caída es una señal clara de que los mecanismos de control y prevención están fallando; Nos aleja de los países con instituciones sólidas y nos acerca a las realidades donde la corrupción se instala como parte del sistema, que afecta la inversión, el desarrollo y la cohesión social.
Esta disminución no responde a un escándalo puntual, sino a un desgaste progresivo de las instituciones, a la falta de consecuencias efectivas para aquellos que abusan del poder y la ciudadanía más desconfiada y con un escrutinio cada vez más exigente. La corrupción no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que erosiona la confianza y debilita peligrosamente la democracia.
Durante años, la respuesta ha sido crear más regulaciones, pero el problema no es solo en las normas, sino en la cultura del cumplimiento. Hemos puesto demasiado énfasis en el castigo cuando la clave está en la prevención. No se trata solo de perseguir a los culpables cuando el daño ya está hecho, sino de evitar que ocurra la corrupción. La integridad no se impone por decreto, se cultiva con líderes públicos y privados que actúan con convicción, con controles que realmente funcionan y con un estado que garantiza instituciones sólidas, independientes y transparentes.
Si queremos revertir esta tendencia, es esencial fortalecer la transparencia en la toma de decisiones, asegurando que los mecanismos de control sean efectivos y no meras formalidades. También es esencial garantizar la independencia de las agencias de inspección. Sin autonomía real, cualquier esfuerzo será insuficiente. A esto debe agregarse un cambio cultural profundo, donde la integridad se ve como un pilar de desarrollo, y no como una carga burocrática.
Además, es urgente avanzar en la agenda legislativa que ya está en marcha, pero con un aspecto sistémico. Los proyectos como la actualización de la Ley de Lobby y la Ley de Transparencia 2.0 deben ser herramientas reales para la responsabilidad y no solo nuevas capas de burocracia sin impacto real.
La integridad no es un lujo o una formalidad. El buen gobierno corporativo no es solo una estrategia de reputación, sino de sostenibilidad. Lo mismo se aplica al sector público: sin transparencia o RESPONSABILIDAD El desarrollo real, económico y social se verá comprometido.
Este no es solo un problema del sector público o solo del sector privado; Es un desafío del país. Revertir esta tendencia requiere que cada actor asuma su responsabilidad, sin excusas ni demoras. El tiempo para los discursos ha terminado. Chile necesita acción y la necesita ahora.
Tamara Agnic
Ethicolabora y ex socio transparente de Chile
