El trance incómodo del Frente Amplio frente al test de drogas

“Tuve una infancia difícil, donde las drogas estaban muy presentes en mi entorno y además, como muchos jóvenes, consumí drogas por primera vez cuando tenía alrededor de 14 o 15 años. Viví mi adolescencia con un consumo problemático de sustancias peligrosas. Me costó salir adelante y no tengo nada de qué avergonzarme”.

Visiblemente emocionada, la diputada Emilia Schneider (Comunes) intervino el 29 de junio en la sala sobre el reglamento para el control de drogas. A pesar de la distancia que marcó con el consumo de estupefacientesel parlamentario se opuso a la aplicación y respondió que la discusión sobre la realización pruebas en la Cámara no cambió en absoluto la vida de las personas que representan.

“Lo que está precarizando la vida de las personas es la cocaína, la pasta base, tusi, por mencionar algunos (…). Y no es contradictorio creer y afirmar que la regulación de la marihuana y su uso medicinal y recreativo es quitarle espacio al narcotráfico”, señaló.

Y es que desde la anterior legislatura, en sectores de Chile Vamos y la diputada Pamela Jiles han insistido en la aplicación de exámenes periódicos. La implementación del reglamento responde a homologar las instrucciones de examen aleatorio en los funcionarios públicos, pero en este caso para los representantes populares de la Cámara Baja.

Las sospechas de la UDI y Jiles han estado dirigidas principalmente a los legisladores del Frente Amplio, ya que desde ese sector han mostrado mayor amplitud o actitud más permisiva o laxa a favor del consumo ocasional de cannabis. Sin embargo, dentro de los propios partidos ha habido discrepancias sobre el tema.

En 2019 surgió una polémica entre la comisión de salud de RD -encabezada, en ese momento, por el ahora subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado- y la exmiembro del partido y ahora diputada Ana María Gazmuri, quien fue una de las principales impulsoras de la proyecto “cultivo seguro”. Desde la comisión respondieron que no había pruebas suficientes del uso medicinal de dicha planta, lo que terminó con la renuncia de Gazmuri a RD.

Ese mismo año, el entonces oficialismo dio la alerta cuando el diputado Diego Ibáñez, en entrevista con Tercero, Admitió que en lo que se refiere al consumo de marihuana “no tengo la costumbre, pero una buena amiga me invitó a su casero personal”.

Más recientemente, el parlamentario de RD Jorge Sáez admitió en Revista Cáñamo que “soy un adulto, es mi decisión. Y me gusta el cannabis”.

Con el reglamento ya aprobado, la Cámara envió este jueves el oficio al Diario Oficial, que deberá publicar un extracto del cambio normativo dentro de una semana. A partir de la publicación comienza a correr un plazo de 30 días para los exámenes, los cuales deberán realizarse alrededor del 25 de agosto a más tardar.

Luego viene un proceso de verificación y difusión de resultados que podría llevar otros 15 días.

Sin embargo, en todo este período hay dos problemas. El primero será el acuerdo administrativo para pagar los 155 exámenes de una sola vez, cuestión que no está resuelta en la Ley de Presupuesto, que habla de pruebas aleatorias y semestrales.

El segundo problema será la difusión de los resultados. A estas alturas, es casi un hecho que los legisladores que se oponen a la publicación acudirán a los tribunales, quizás a través de un recurso de protección, para detener la divulgación de los registros.

Aunque desde el Frente Amplio niegan su oposición a las pruebas de drogas, salvo el diputado independiente Gazmuri -que fue elegido en la cuota de los Comunes pero hoy forma parte de la bancada con el PC-la UDI y el diputado Jiles acusaron que los legisladores del frente del espectro comenzaron a poner trabas desde el principio.

Uno de esos episodios ocurrió el lunes 13 de junio, al inicio de la sesión de la Cámara, cuando el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma pidió votar el miércoles, primero en la mesa, la norma que aplicaría una prueba de drogas a los miembros de la La corporacion.

Este examen se convirtió en norma legal, pues fue incluido en la Ley de Presupuesto 2022, que fue aprobada a fines del año pasado. Sin embargo, su implementación requirió de una regulación específica, la cual está próxima a ser publicada en el Boletín Oficial.

Esta iniciativa surgió de la bancada de la UDI, que también planteó las bases para el cambio normativo.

Sin embargo, en la sesión del 13 de junio, el diputado Ibáñez no dio la unanimidad de la sala para que el tema pasara del tercer al primer lugar de la tabla. La posición fue respaldada por el legislador Schneider.

Entre los argumentos del Frente Amplio para oponerse al cambio de mesa estuvo el hecho de que el miércoles estuvo en primer lugar de discusión el proyecto que sanciona la discriminación en los establecimientos educativos por cuestiones de identidad sexual y de género, tema considerado prioritario para los parlamentarios de esa coalición.

La negativa, en todo caso, fue interpretada por otros legisladores como un intento más de retrasar la aplicación de los test de drogas. “Dos diputados, Diego Ibáñez y Emilia Schneider, se oponen a poner en el tope de la mesa la obligatoriedad de someterse a pruebas de drogas para todos los parlamentarios”, dijo Jiles.

El Frente Amplio, en todo caso, contraatacó en la Comisión de Constitución en la sesión del 28 de junio, en la que los diputados Gonzalo Winter (CS) y Catalina Pérez (RD) presentaron una indicación para levantar el secreto bancario.

La enmienda -que fue aprobada por siete votos a favor y seis en contra- buscaba neutralizar el argumento de la derecha, de que la prueba supuestamente ayudaría a cortar los lazos entre el narcotráfico y la política. Pérez argumentó que si el objetivo era acabar con estos vínculos, la mejor herramienta era transparentar las cuentas bancarias.

A su vez, con los votos de la derecha, la DC y Jiles, se instaló una inhabilitación para votar leyes de drogas para aquellos parlamentarios que fueran detectados como consumidores.

Con estas dos medidas, la inhabilitación y el fin del secreto bancario -que, a juicio de varios legisladores, rozaba la inconstitucionalidad-, la propuesta de reglamento fue votada y aprobada en la Cámara a finales de junio.

En privado, en la FA, algunos reconocen que la apertura de cuentas bancarias, que finalmente solo se estableció para quienes dieran positivo, implicó “elevar demasiado la apuesta”.

Sin embargo, dado que las indicaciones fueron presentadas tanto por parlamentarios de izquierda como de derecha, el reglamento volvió a la Comisión de Constitución y se reorganizó nuevamente el contenido.

De regreso en la comisión, Winter, quien es líder de la bancada del Frente Amplio, al igual que Gazmuri, propuso cambiar la prueba del cabello por una de orina, que mide el consumo en un período de hasta 72 horas. Sin embargo, Winter tenía un matiz: que en lugar de un examen semestral, el examen era quincenal.

Ese movimiento habría permitido que las pruebas regularan e inhibieran el consumo hacia el futuro, pero dejar de lado el pasado, ya que la prueba del cabello puede detectar sustancias en el cuerpo desde hace hasta un año. Sin embargo, esa idea no prosperó ni en la comisión ni en la votación en sala.

Sin embargo, en otra discusión en la que el Frente Amplio sí logró apoyo en la Cámara fue la eliminación de las inhabilitaciones directas. En la comisión, Winter argumentó que esta restricción que se aplicaría a los legisladores que dieron positivo sería inconstitucional y puso como ejemplo “La experiencia personal de la diputada Gazmuri, en su campaña por el uso medicinal del cannabis; ella fue elegida considerando eso. Ahora bien, ¿cómo se podría tener derecho a inhabilitarla para votar en tal circunstancia?

Así, en la práctica, no se estableció una sanción directa en caso de dar positivo a alguna droga, por ello, algunos legisladores consideran que la medida solo busca que los parlamentarios sean sometidos al escrutinio público. Sin embargo, el caso podría ser trasladado a la Comisión de Ética para tomar algún otro tipo de acción, por ejemplo, una multa.