El domingo 1 de junio, la primera elección ha sido completada, por voto popular, de jueces y magistrados en México, convirtiéndose en un caso obligatorio de análisis en nuestra región. Ha sido un proceso que por primera vez en su historia ha elegido prácticamente 3.000 jueces en la mayoría de los estados del país, precedido por una campaña electoral en la que los candidatos expresaron sus preferencias y posiciones en el poder judicial. En dos años, la elección de jueces se completará con un segundo proceso electoral.
Aunque en otros países, como en los Estados Unidos, Japón, Bolivia o Suiza, hay votos populares de las posiciones judiciales, la verdad es que en ninguna de ellas son elecciones masivas para todos los casos del poder judicial, como en el caso de México.
La reforma realizada para esta elección del poder judicial sufre de varios problemas que es necesario asumir.
El primero y más relevante es que el modelo de selección elegido es antes de la votación, la preparación de listas elegibles por parte del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto introduce incentivos indeseables y lógica política partidista que arriesga la captura del sistema de justicia en México. Al mismo tiempo, se abren espacios no deseados para el apoyo económico informal de los candidatos por grupos económicos o organizaciones penales de control difícil. Para todo lo anterior, aún se puede agregar el riesgo de contaminar la selección popular de jueces con consignas que contradicen la función contra la mayoría de la función jurisdiccional.
La reforma también contempla la generación de comisiones o casos de evaluación de la función judicial, cuya integración puede ser fácilmente manipulada de manera política.
En resumen, es una reforma que se remonta a la independencia judicial y que genera condiciones para la captura política del sistema de justicia.
El caso de México nos llama a la reflexión en Chile. En un año claramente marcado por las elecciones presidenciales y en un contexto de críticas sobre la legitimidad de los sistemas de nombramiento del poder judicial, Chile requiere un debate serio con respecto a su modelo de organización judicial, su gobierno y los procedimientos de selección de jueces y ministros.
En esta dirección, la generación de una comisión de nombramiento, integrada de manera técnica e insertada en el orgánico orgánico del propio poder judicial, camina en la dirección correcta. Esta es la matriz esencial del proyecto presentado por el poder ejecutivo a la discusión parlamentaria y apoyada por varios centros académicos que requiere una discusión urgente.
Por Rafael Blanco y Leonel GonzálezFacultad de Derecho Académica UAH
