El exministro de Salud Emilio Santelices, conoce como pocos los esfuerzos para dar una salida a la crisis de las isapres y a las amenazas para el resto del sector. En julio pasado, asumió un rol protagónico en la Comisión Técnica para la ley corta que tramita el Senado como uno de sus dos coordinadores y, una vez concluida esa tarea, aceptó una función similar para el grupo de nueve exministros que integran la instancia que en los próximos dos meses dará forma a una propuesta de bases para una reforma global a la salud, con la concurrencia de otras exautoridades y Cristián Baeza en la secretaría ejecutiva.
Entre ambos procesos, el Ejecutivo entregó el viernes pasado sus indicaciones al proyecto de ley corta de isapres, las cuales desestimaron el eje de la propuesta del informe técnico del comité de 16 integrantes luego de tres meses de intenso trabajo.
“El Gobierno no acogió la propuesta en su conjunto como un todo armónico que recogía todas las complejidades, y la desnaturaliza. El mandato es que el sistema tuviera sustentabilidad financiera, terminara con la incertidumbre para las personas, y apegado en forma irrestricta al fallo. Y dimos cumplimiento cabal a esas tres condiciones, elemento que no se valoró en su mérito”, enfatiza el miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS)-UDD.
“Hay contundente evidencia de que el cálculo está mal hecho y es obligación del regulador hacerse cargo”.
“El Gobierno no quiere asumir los costos de una decisión fundada y consensuada, versus evitar una catástrofe sanitaria”.
–Con la excepción principal de la mutualización de riesgos en el universo de afiliados, la Ministra de Salud aseveró que las indicaciones recogieron aspectos claves del informe, como que los planes no pueden estar por debajo del 7% de cotización y permitir un ajuste del precio base ¿es insuficiente?
-Lo que señala la ministra es cierto, tomaron aspectos y hay que valorarlo. Pero habría que mirar qué ocurre con el sistema en su conjunto. Y la aproximación de ellos no se trata de indicaciones más o menos, sino que va a determinar que el sistema, si subsiste, será en una condición muy precaria, porque al incrementar la deuda, para devolver ese pasivo los precios tienen que subir en tal magnitud que algunas poblaciones serán castigadas, y probablemente no tendrán capacidad de seguir en el sistema.
–El Gobierno reafirmó el análisis jurídico que impedía aplicar la mutualización de riesgos dado que el fallo se aplica a contrato a contrato. ¿Cómo se entiende que el Comité Técnico –que contó con participación de expertos legales del Minsal-, planteara ese mecanismo en un informe unánime?
-En la comisión revisamos y no encontramos elementos jurídicos que dieran pie para que esto pudiera ser motivo de judicialización posterior. Entonces, a la luz de los informes y la participación de quienes ahí estuvieron, podemos señalar que es materia de interpretación debatible, dado que el marco jurídico da para eso, y nosotros podemos entregar los fundamentos por los cuales creemos que esto se sostiene jurídicamente.
Entonces la pregunta es si nos abrimos a despejar de mejor forma ese punto debatible en aras del objetivo superior que nos convoca a todos, o nos entrampamos en una condición de empate técnico.
– ¿Los representantes del Minsal objetaron este punto?
– Eso no quedó registrado en las actas. Claramente fue un tema que se debatió, pero en definitiva lo queda suscrito y vale es lo que está en el informe final.
– ¿No es contradictorio que esa fórmula fuera descartada por el Minsal en circunstancias que estuvo representado en el Comité?
– A partir de esta situación no quisiera generar incomodidad en el equipo de la ministra, porque fueron grandes colaboradores porque fueron grandes colaboradores, trabajamos codo a codo, los escuchamos con atención y recibimos su recomendación como parte del devenir de la comisión. Sin embargo, los hechos son los que relato.
– ¿Cuál es efecto de las indicaciones para el objetivo de lograr una fórmula viable para las isapres?
– Primero, mantienen la incertidumbre y generan reacciones dramáticas como el grito de auxilio de la Asociación de Clínicas, sector que además atiende a un 50% de población Fonasa y que se va a quedar sin recursos. Segundo, generan una semilla para que esto se lleve a una arena política que hoy está lejos de dar el ancho para resolver los problemas de la gente. En consecuencia, nubla una discusión con fundamentos técnicos.
Entonces, tenemos que alejarnos de esos escenarios y buscar respuestas, manteniendo la voluntad, la serenidad y la resiliencia para sentarnos a conversar y resolver esto fundadamente. Y en la Comisión de Salud del Senado –que está jugando hoy día un rol histórico en un país donde todo se mueve en una dialéctica blanco y negro- existe esta misma visión compartida.
– Quienes apoyan el diseño de las indicaciones sostienen que se eliminó una fórmula que era un traje a la medida para las isapres…
– Lo primero es buscar es alejarse de lo que hoy en día llaman discusión política, que no es tal, sino que es una discusión panfletaria y desnaturalizada donde la mutualización significa perdonazo, lo cual tempranamente hace estéril el debate. El mérito que tuvo esta comisión es que no solamente llega a un número, sino que antes se funda en principios y en técnicas que permiten hacer los cálculos al estudiar la distribución del riesgo y la sustentabilidad de un sistema de financiamiento a una población a la que hay que dar cobertura.
Esta discusión no es política, sino sanitaria, porque las decisiones no tienen que ver con la derecha o la izquierda. Nosotros entendimos que estamos convocados para establecer una solución país que, en primer lugar, diera respuesta a la incertidumbre de muchos miles de personas frente a un tema que no tenía hasta ese entonces una vía de solución. Yo valoro el aporte de todos, y particularmente del doctor Cristóbal Cuadrado (exsubsecretario de Salud Pública del actual Gobierno y coordinador de la comisión) y de Paula Benavides (presidenta ejecutiva de Espacio Público) porque ellos entendieron en lo que estábamos.
– A su juicio, ¿las decisiones que tomó el Ejecutivo en relación a las indicaciones obedecieron a razones políticas, como acusan desde la oposición?
-No me atrevería a calificar si es política o no. Sin embargo, hay dos elementos que a ellos los complican mucho. Uno, pusieron una cifra errada inicialmente y quedaron casados con esos US$ 1.400 millones porque generaron falsas expectativas de la población, a partir de lo cual surge el relato burdo del “perdonazo”.
Además, el problema es que -con una industria muy desacreditada por hechos históricos por todos sabidos-, el Gobierno, que tiene muy poco apoyo político, ahora se vea una contradicción por el hecho de tener que acudir a alguna forma de “perdonazo”. El Gobierno no tiene el suficiente coraje político para enfrentar esta situación y corregirla. No quiere asumir los costos de una decisión debidamente fundada y consensuada, versus evitar una catástrofe sanitaria, donde sin duda vamos a tener más costos.
– ¿Qué camino debería seguir?
– Lo que hay que hacer es tener la honestidad, serenidad y templanza de decir aquí hubo un cálculo que se erró, ya que lo que no puede ocurrir que sobre el error construyamos una política pública mal hecha que nos va a acompañar por muchos años. Eso es imperdonable y es lo que está en juego hoy.
La vía alternativa de cálculo
– ¿Cuál es el error de cálculo que realizó la Superintendencia de Salud en relación al cálculo de las devoluciones a los afiliados por efecto del fallo de la Suprema por tabla de factores?
– En el anexo dos del informe técnico –que presentó Álvaro Clarke de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile- se refiere a que los cálculos de la Superintendencia por los cuales se llega a esa deuda de US$ 1.400 millones, que instaló expectativas elevadísimas, hay un cálculo numérico equivocado. Esto, porque cuando se promulga la circular 343 (de 2019) que determina una tabla única de factores, se hace sobre la base de un precio base mixto, es decir, que tiene el gasto de los hombres, que es menor al gasto de las mujeres, y el gasto de los mayores de 65 años. En cambio, los planes antiguos, que son los sujetos a este nuevo fallo, están sobre la base de un precio base hombres y de un rango de edad y en un rango de edad distinto. Entonces, el cálculo que aparece tempranamente lo hace sobre un vector de precios de hombres, mucho más bajo, y por eso en el cálculo de la deuda se genera un diferencial muy alto de US$ 1.400 millones, en consideración a que el fallo de noviembre de 2022 hacer desaparecer de la tabla de factores los múltiplos que corregían la cobertura de maternidad o de gasto de mayores de 65 años, por lo que necesariamente el precio base tiene que corregirse también a un precio mixto. Y eso no ocurre.
– De acuerdo a esos cálculos, el monto de las compensaciones oscila en torno a los US$ 490 millones, muy lejos de los US$ 1.400 millones que estimó inicialmente la Superintendencia de Salud. ¿De qué manera deberían recogerse esas conclusiones?
– Estamos en un escenario en donde hay contundente evidencia de que el cálculo está mal hecho y, habida cuenta de esa situación, es obligación del regulador hacerse cargo de esa realidad y hacerle ver a la Corte que aquí hay un hecho fundamental que podría llevar a cometer un error de Estado. Las instituciones encargadas de administrar justicia y, por otro lado, el regulador encargado de sostener una industria de manera concatenada, no están recogiendo un elemento fundamental objetivo cuantitativo para tomar su decisión y nos podrían llevar a que se implementara una política pública de salud pública con inconmensurables consecuencias para la población. De eso estamos hablando.
– Al respecto, la Superintendencia de Salud ha dicho reiteradamente que ese cálculo es el que correspondía de acuerdo a sus obligaciones al instruir el fallo
– No hay peor consejero al analizar temas complejos que hacerlo desde posiciones atrincheradas. El tema es de tal complejidad que requiere grandeza, mirada amplia y capacidad de escuchar. Se trata de constatar un hecho y ponerlo a disposición honestamente para que se analice en su mérito, además porque todo finalmente se contrajo a una mirada dicotómica: mutualización o no mutualización. Entonces, si ese camino está vetado, por qué no analizamos en su mérito la otra vertiente que también expusimos en el informe, que es el error cuantitativo a propósito del cálculo de los precios base expresado en el anexo dos del informe.
– ¿Cómo trataron ese tema en la comisión?
– Teniendo a la vista los dos caminos que nos llevan a que la deuda se reduce en forma coincidente, ya sea el de la mutualización que planteó Espacio Público y el tema del cálculo del precio base que incorporó la FEN, convenimos por el primero porque había mayor consenso al interior del grupo. No obstante, también convenimos que el otro también era una vía, pero no la materializamos en cálculos, porque la Superintendencia de Salud consideró que este es un tema mucho más complejo de cuantificar, que tomaba más tiempo, el cual ya no teníamos. A su vez, la mutualización fue uno de los conceptos que tempranamente advertimos y resuelto cuánto significaba bajar la deuda. Pero el elemento conceptual está presente, por eso lo dejamos en un anexo y el tema se podría retomar perfectamente por esa vertiente. Pero, insisto, para ello tenemos que tener la visión de futuro en conjunto.
– ¿Cree que el cálculo de la FEN podría viabilizar una fórmula factible para el sistema?
-El punto es que sea un fiel reflejo de lo que se le debe devolver a las personas. Aquí hay una devolución bajo un concepto jurídico que la Corte sanciona porque hubo un pago excesivo que hay que devolver, y respecto del cual ésta no se pronuncia sobre cómo debe hacerse, sino que es el regulador quien debe hacerlo adecuadamente. Esa es la esencia, y los caminos pueden ser distintos técnicamente hablando.
-¿Hay espacio para ello?
-Sí, a no ser que se tenga un prejuicio y un objetivo político contra las isapres. Ahí la racionalidad tal cual se está viendo la política hoy día no acompaña. Por eso, nosotros desde la Comisión Técnica seguimos invitando de manera muy seria, leal y respetuosa a que mantengamos los espacios de diálogo.
“La industria que su conjunto está en una situación de riesgo”
-¿Qué viabilidad le da usted a la tramitación de ley en el Senado tras el envío de las indicaciones?
-Puso una nota de alarma y que lo que aquí corresponde es dialogar y poder escucharse en los fundamentos. Insisto en ese punto, porque pareciera que la gran barrera que se genera es sobre el cálculo de la deuda, pero que es algo que se puede resolver si efectivamente entienden los fundamentos y lo importante que es haber alcanzado el acuerdo en el Comité Técnico, además del mensaje que está surgiendo desde el legislativo.
-Un tema recurrente es el nivel de riesgo que está el sistema privado ¿cómo ve la situación en este momento?
– La primera partede nuestro informe da cuenta de manera seria y pormenorizada de que es una industria que su conjunto está en una situación de riesgo, y eso nadie lo puede desconocer. Y como esto se asocia a que los prestadores dependen de los flujos de recursos para poder ejecutar sus acciones, eso nos lleva a tener que entender que es un problema sistémico de la salud del país y no está sujeto a una industria en particular porque va a afectar directamente la atención de salud y oportunidad de atención de las personas.
-Al alero de la discusión de la ley corta en el Senado, se generó la iniciativa de reinstalar la discusión de una reforma a la salud. ¿se ve afectada esta iniciativa por la controversia en torno a las indicaciones?
-Lo que lo que ocurrió a partir de las indicaciones es que en el concierto de las comisiones de reforma generadas en el seno del Senado, se despertó una inquietud importante por lo que estaba ocurriendo y escepticismo respecto de la pertinencia de continuar, por razones obvias si se considera que había una cuestión de consenso que el Gobierno desconoce. Sin embargo, dada la invitación que hizo el Senado y el planteamiento del senador Juan Luis Castro en relación a seguir colaborando en esto para efectivamente construir un acuerdo país, no tuvimos duda en seguir colaborando. Todos los actores, con todas las trayectorias de cada uno con distintas visiones políticas, estamos diciendo queremos una solución, entendiendo que estamos frente a una enorme oportunidad país.
Los trabajadores críticos para la operación de cinco minas de carbón australianas propiedad de BHP Group Ltd. se están preparando para votar sobre una acción industrial que podría implicar huelgas antes de fin de año, informó Australian Financial Review (AFR), citando a su sindicato.
Los coordinadores de tajo abierto son responsables del cumplimiento de la seguridad, por lo que son esenciales para que las minas permanezcan abiertas.
Su votación se cierra el 20 de diciembre e incluye opciones para huelgas indefinidas y prohibiciones de evaluaciones de riesgos, lo que podría obligar a BHP a suspender las operaciones mineras en sus cinco sitios de Bowen Basin en el estado de Queensland.
Si cuentan con el respaldo de los trabajadores, las huelgas podrían tener lugar ya el 28 de diciembre.
Según señaló el medio australiano, los trabajadores han estado en conversaciones con su empleador para presionar para consolidar las condiciones sobre el pago por despido, el pago por accidente y la consulta sobre cambios en la plantilla.
Además, está prevista otra ronda de negociaciones para esta semana, y un portavoz de BHP dijo al periódico que en los últimos meses se habían logrado “buenos avances” para responder a las preocupaciones de los trabajadores.
Algunos países se resisten al compromiso propuesto de eliminar progresivamente los combustibles fósiles en un acuerdo de la COP28, lo que hace peligrar el intento de que las negociaciones de la ONU sobre el clima alcancen por primera vez en 30 años un compromiso firme para acabar con el uso del petróleo y el gas.
Arabia Saudita y Rusia son algunos de los países que insisten en que la cumbre de Dubái se centre únicamente en la reducción de la contaminación, sin mencionar los combustibles fósiles que la provocan.
Por otro lado, al menos 80 países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y muchas naciones pobres y vulnerables al cambio climático, exigen que el acuerdo de la COP28 establezca claramente el fin del uso de combustibles fósiles.
“Necesitamos planteamientos realistas para hacer frente a las emisiones”, declaró el secretario general de la OPEP,Haitham Al Ghais, en declaraciones leídas por un funcionario. “Uno que permita el crecimiento económico, ayude a erradicar la pobreza y aumente la resistencia al mismo tiempo”.
A principios de esta semana, el grupo de productores de petróleo OPEP envió unacartainstando a sus miembros y aliados a rechazar cualquier mención a los combustibles fósiles en el acuerdo final. La carta advertía que “una presión indebida y desproporcionada contra los combustibles fósiles puede llegar a un punto de inflexión” en las conversaciones.
Es la primera vez que la secretaría de la OPEP interviene en las conversaciones de la ONU sobre el clima con una carta de este tipo. Arabia Saudita es el principal productor del cartel y su líder de facto. Rusia es miembro del llamado grupo OPEP+.
Al insistir en centrarse en las emisiones y no en los combustibles fósiles, los dos países parecían apoyarse en la promesa de una costosatecnología de captura de carbono, que según el panel científico de la ONU sobre el clima no puede sustituir a la reducción del uso de combustibles fósiles en todo el mundo.
Otros países, como India y China, no han apoyado explícitamente la eliminación de los combustibles fósiles en la COP28, pero han respaldado el llamamiento popular a impulsar las energías renovables.
La cumbre más dura
Xie Zhenhue, máximo representante chino para el clima, describió la cumbre de este año como la más dura de su carrera. “Llevo 16 años participando en estas negociaciones”, declaró a periodistas. “La reunión más difícil es la de este año. Hay tantas cuestiones que resolver”.
Afirmó que hay pocas posibilidades de que la cumbre se calificara de éxito si las naciones no logran ponerse de acuerdo en un lenguaje sobre el futuro de los combustibles fósiles.
En tanto, el ministro indio de Medio Ambiente, Bhupender Yadav, exigió “equidad y justicia” en cualquier acuerdo, y sostuvo que los países ricos deberían liderar la acción climática mundial.
Las quejas diplomáticas también se airearon en el podio el sábado. Un representante de Rusiadijoque Moscú está estudiando si parte de los cerca de 300.000 millones de dólares en reservas de oro congeladas por Occidente después de la invasión a Ucrania podrían utilizarse para un fondo de daños climáticos para países en desarrollo.
Mientras tanto,China se quejóde lo que calificó de conversaciones inaceptables sobre la participación de Taiwán en las conversaciones. Y un representante palestino denunció la guerra de Israel en Gaza, diciendo que el conflicto dificultaba centrarse en los esfuerzos contra el cambio climático.
A punto de finalizar la cumbre, que se desarrolla hasta el martes, los ministros de los gobiernos de los casi 200 países presentes en Dubái se han unido para intentar resolver el punto muerto en el que se encuentran los combustibles fósiles.
Los países vulnerables al clima dijeron que un rechazo a la mención de los combustibles fósiles en la COP28 amenazaría al mundo entero. “Nada pone más en peligro la prosperidad y el futuro de todos los habitantes de la Tierra, incluidos todos los ciudadanos de los países de la OPEP, que los combustibles fósiles”, afirmó en un comunicado la enviada de las Islas Marshall para asuntos climáticos, Tina Stege.
Las Islas Marshall, que afrontan las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar debido al cambio climático, presiden actualmente el grupo de países que aboga por objetivos y políticas de reducción de emisiones más estrictos.
Para alcanzar el objetivo de mantener el calentamiento climático dentro de los 1,5 grados centígrados por encima de las temperaturas preindustriales, la coalición “está presionando para que se eliminen gradualmente los combustibles fósiles, que son la raíz de esta crisis”, afirmó. “El nivel de 1,5 no es negociable, y eso significa el fin de los combustibles fósiles”.
Israel bombardeó este sábado la Franja de Gaza de norte a sur en una fase ampliada de su guerra de dos meses contra Hamás, horas después de que Estados Unidos ejerciera su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a su aliado de una exigencia mundial de cese al fuego.
Trece de los 15 miembros del Consejo de Seguridad votaron el viernes a favor de la resolución que pedía un alto el fuego humanitario inmediato, bloqueada por Washington. Gran Bretaña se abstuvo.
Desde el fracaso de la tregua la semana pasada, Israel ha ampliado su campaña terrestre a la mitad sur de la Franja de Gaza con el asalto a la principal ciudad meridional, Jan Yunis. Simultáneamente, ambas partes han informado de un importante aumento de los combates en el norte.
Los habitantes de Jan Yunis declararon el sábado que las fuerzas israelíes estaban ordenando a la población que abandonara otro distrito situado justo al oeste de las posiciones asaltadas a principios de semana, lo que sugiere que podría ser inminente un nuevo ataque.
La gran mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza ya se han visto obligados a abandonar sus hogares, y muchos han huido varias veces. Los combates se extienden por todo el territorio, por lo que los residentes y las agencias de la ONU afirman que ya no hay ningún lugar seguro al que ir, aunque Israel lo niega.
Israel ha impedido que los gazatíes huyan por la principal ruta norte-sur a lo largo de la estrecha franja y, en su lugar, los desvía hacia la costa mediterránea.
En Jan Yunis, los muertos y heridos llegaron durante la noche al desbordado hospital Nasser. Un médico salió corriendo de una ambulancia con el cuerpo inerte de una niña pequeña vestida con un chándal rosa.
Los niños heridos lloraban y se retorcían en el suelo de baldosas mientras las enfermeras corrían a consolarlos en el lugar. Afuera, en tanto, los cadáveres se alineaban en sudarios blancos.
Nassar y otro hospital del sur, al Aqsa en Deir al-Ballah, informaron de 133 muertos y 259 heridos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número oficial de víctimas a casi 17.500, con muchos miles más desaparecidos y presuntamente fallecidos.
El sábado no hubo nuevas cifras de muertos y heridos de otras partes de Gaza, incluida toda la mitad norte, donde los hospitales han dejado de funcionar y las ambulancias a menudo ya no pueden llegar hasta los muertos.
“Creemos que el número de mártires bajo los escombros podría ser mayor que los recibidos en los hospitales”, declaró a Reuters el portavoz del Ministerio de Sanidad, Ashraf al-Qidra.
Los combates en el norte han sido más intensos en zonas de la ciudad de Gaza y en los asentamientos de su extremo septentrional, donde podían verse enormes explosiones desde el otro lado de la valla de Israel.
Familias del norte de Gaza publicaban mensajes en Internet suplicando a los equipos de emergencia que se adentraran en la ciudad para rescatar a los seres queridos que seguían atrapados allí.
Israel lanzó su campaña para aniquilar a los líderes de Hamás en Gaza después de que los combatientes del grupo islamista apoyado por Irán irrumpieran en la valla fronteriza de Gaza el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y capturando a 240 rehenes en un asalto a ciudades israelíes.
Washington dijo que ha pedido a Israel que haga más de lo que ha hecho hasta ahora para proteger a los civiles en la próxima fase de la guerra. Esta semana, el Secretario de Estado Antony Blinken dijo que había una “brecha” entre las promesas de proteger a los civiles y el resultado sobre el terreno.
Pero Washington ha seguido apoyando la insistencia de Israel en que un alto el fuego sólo beneficiaría a Hamás.
Ezzat El-Reshiq, miembro del buró político de Hamás, condenó el veto estadounidense por “inhumano”. En tanto, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, afirmó en un comunicado: “Un alto el fuego sólo será posible con la devolución de todos los rehenes y la destrucción de Hamás”.
La Casa Blanca dijo el viernes que Israel podía hacer más parareducir las víctimas civilesy que Washington compartía la preocupación internacional por la situación humanitaria en Gaza.
“Ciertamente, todos reconocemos que se puede hacer más para tratar de reducir las víctimas civiles”, declaró a la prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
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