El acuerdo de reajuste salarial alcanzado en la madrugada del miércoles entre el Gobierno y diversos sindicatos del sector público ha sido duramente rechazado por la oposición, hasta el punto de que el presidente del Partido Republicano y futuro senador, Arturo Squella -personaje muy cercano al presidente electo José Antonio Kast- ha afirmado que “si el Gobierno continúa con los vínculos, estaría dinamitando nuestra relación”, rompiendo el clima de distensión que se había generado tras la constructiva reunión mantenida a principios de semana por el Presidente electo y presidente Gabriel Boric.
Las preguntas no se refieren al monto del reajuste -que contempla un total de 3,4% que se dividirá entre 2025 y 2026-, que de hecho está en línea con la inflación proyectada, sino a una de las cláusulas que, según el tenor de su redacción, busca establecer una suerte de “amarre” para los funcionarios que actualmente laboran en la modalidad de contrato. Así, se indica que el proyecto incorporará una norma según la cual la no renovación de contratos debe ser un acto fundado, con fundamento de hecho y de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, el cual deberá ser notificado con al menos 30 días de antelación y remitido a la Contraloría, además de establecer la posibilidad, para los funcionarios con al menos dos años de servicio continuo, de reclamar por defectos de derecho. Si no se cumple la justificación o procedimiento, el acto será nulo con reintegro y pago de remuneración.
Los criterios que el Gobierno ha decidido aplicar de acuerdo con los sindicatos -salvo la ANEF, que no formó parte de la firma por su descontento con el importe ofrecido a reajuste- no sólo son inéditos en una negociación salarial, sino que de hecho está cambiando la naturaleza jurídica de los trabajos por contrato, que responden a un carácter transitorio como establece el Estatuto Administrativo. Esto indica que los contratos duran hasta el 31 de diciembre de cada año como máximo, y las personas así designadas cesarán en sus funciones por el solo ministerio de la ley. Pero dadas las cláusulas con personalidad jurídica que busca aprobar el Ejecutivo, ahora sólo podrán eliminarse en la medida en que ello esté legalmente justificado, procesos que podrían extenderse por mucho tiempo.
Tal situación viola los criterios que incluso se han establecido en los tribunales de justicia, estableciendo que la modalidad de contrato en el empleo público no confiere por sí sola un derecho a la estabilidad laboral ni convierte automáticamente los contratos temporales en indefinidos. Pero además, al establecer que los funcionarios que tengan dos años de servicio continuo podrán reclamar por ilegalidad, se busca volver a criterios obsoletos en materia de “confianza legítima”, donde el propio Tribunal Supremo ya ha dictaminado que dicho principio opera al cabo de cinco años en materia de contratos en el sector público, por lo que el paso que está dando el Ejecutivo supone un profundo cambio de criterio que hasta ahora no ha sido explicado. Además, el gobierno tuvo la oportunidad de presentar durante su mandato una reforma al Estatuto Administrativo para discutir sobre sus méritos éste y otros temas que han plagado durante mucho tiempo el empleo público, pero optó por no hacerlo.
Resulta irónico que, con esta forma de actuar, el gobierno esté en realidad restableciendo las llamadas “leyes de amarre” del régimen militar, una práctica que el actual partido gobernante siempre ha criticado duramente y que ahora, por mera conveniencia, repite descaradamente. Baste recordar que una de esas leyes fue precisamente el estatuto administrativo de 1989 -que hasta la fecha se mantiene vigente casi sin cambios-, con el que hacia el final de dicho gobierno se buscó blindar a los empleados públicos del advenimiento de una nueva administración de centroizquierda, precisamente estableciendo procedimientos que en realidad hacen muy difícil la remoción de funcionarios regulares, y que ahora se pretende extender a los que están bajo contrato. Se trata sin duda de una regresión que los Ministros de Hacienda y de Trabajo -ambos militantes del Frente Amplio- prefieren convenientemente ignorar, dado el entusiasmo con el que han celebrado este acuerdo.
Ahora que el gobierno se acerca a su fin y enfrenta muchas dificultades para establecer cualquier legado, la forma en que juega sus cartas en la fase final es especialmente decepcionante. En este sentido, la señal que se está dando es preocupante, porque con esta acción el oficialismo no sólo muestra una vez más su determinación de impulsar reformas improvisadas y cambios de última hora en las reglas del juego, sino que también deja al descubierto el estilo de oposición que pretende desplegar a partir de marzo del próximo año y que se prevé llegue con especial dureza. Como es muy dudoso que la motivación de estos cambios responda a un interés genuino por mejorar el empleo público, es legítimo aventurar que se trata más bien de una maniobra para complicar a partir de ahora al futuro gobierno de Kast, poniéndose del lado de los empleados públicos y buscando obstaculizar una de las reformas que el presidente electo pretende impulsar, que es la reducción del gasto público y una racionalización del empleo en el Estado.
Algo similar ya se había observado en la tramitación de la Ley de Presupuesto, con fuertes cuestionamientos no sólo por la forma en que el Ejecutivo estimó los ingresos, sino también porque no respetó la tradición de dejar una cantidad significativa de libre disposición, lo que muchos leyeron como un reconocimiento por parte del gobierno de que sería derrotado por Kast y la intención de complicar deliberadamente su primer año.
El gobierno acaba de vivir una dura derrota electoral, donde sus ideas y acciones fueron castigadas. Por lo mismo, es inexplicable que se insista en formas de actuar abusivas que la ciudadanía rechaza, lo que es señal de que a pesar de todos los problemas vividos a lo largo del mandato aún no se han aprendido lecciones del caso.