Durante la reunión de marzo del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) en Lima, Perú, la presidenta pro témpore de Chile, Rosario Navarro, propuso priorizar la seguridad como eje fundamental. Meses después, el organismo ya ha definido una serie de medidas para mitigar los efectos de la crisis de seguridad en la región.
Lo anterior, como también destaca el presidente de la Sofofa, bajo la lógica de que soluciones que fortalecen la confianza, reducen riesgos y permiten a empresas y trabajadores operar en un entorno “más seguro y predecible”, son claves para el crecimiento económico.
A continuación se presentan las principales propuestas.
1Integración de criterios y coordinación penal
Se recomienda integrar criterios de inteligencia comunes entre los países de la Alianza para mejorar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Esto, dice el texto, debería incluir el intercambio de información sobre personas, tipos de delitos y nuevas tendencias criminales. Para ello se propone crear un marco legal y tecnológico que garantice el flujo de información seguro y confidencial.
También se propone que los países miembros fortalezcan la coordinación penal y aduanera entre sus autoridades. “Esto implica estandarizar enfoques de seguridad, simplificar y alinear los procedimientos aduaneros y generar una agenda común de políticas públicas contra el crimen organizado”.
2Comunidades portuarias e IA
El grupo propone el desarrollo de comunidades portuarias integradas en cada país miembro, operando bajo una plataforma común que facilite el intercambio de información crítica entre autoridades, operadores y empresas. Esta estructura, explica el documento, mejoraría la trazabilidad de las operaciones y la respuesta ante emergencias o amenazas. En este caso, un modelo de referencia es la Alianza Portuaria de la Unión Europea.
En relación al uso de la inteligencia artificial, se sugiere implementar y/o intensificar su uso en la gestión de riesgos en las operaciones de comercio exterior. La IA puede ayudar a detectar patrones de comportamiento inusuales, predecir amenazas y gestionar incidentes de manera más eficiente, optimizando el uso de los recursos disponibles.
3Empresas vinculadas al crimen organizado
El grupo de trabajo también propone avanzar en la creación de un listado regional que identifique empresas involucradas en delitos relacionados con el crimen organizado y el comercio ilícito. Esta lista, especifica el texto, debe ser compartida y accesible a las autoridades aduaneras y de seguridad de los países miembros. El objetivo es bloquear el acceso de estas empresas a operaciones comerciales y crear barreras legales que limiten sus actividades.
4Infraestructura pública
“El sector privado debe desarrollar manuales de gestión de riesgos específicos para cada sector productivo, centrándose en las vulnerabilidades y amenazas particulares que enfrenta cada industria”, dice el listado de acciones, que agrega que estos manuales deben ser de libre acceso para los operadores. , quienes deben recibir capacitación para aplicar las mejores prácticas. “En este sentido, el Manual de Buenas Prácticas para el Transporte de Carga por Carretera elaborado por el sector empresarial chileno puede servir como ejemplo para este trabajo”, ejemplifica el documento.
También se recomienda promover alianzas público-privadas (APP) que permitan alinear prioridades y recursos para fortalecer la infraestructura de seguridad en puntos críticos, como puertos, centros logísticos y fronteras. “Estas asociaciones pueden ser una fuente de financiamiento para inversiones en infraestructura y tecnología”, afirma el texto.
5Certificación y formación
Para el grupo liderado por Navarro, el sector privado debe incentivar y promover la certificación de Operadores Económicos Autorizados (OEA), un programa que busca mejorar la seguridad y facilitar el comercio a través de la colaboración entre empresas y autoridades aduaneras. Los gobiernos, según la lista de propuestas, deberían ofrecer incentivos para que las empresas obtengan la certificación OEA.
También es recomendable desarrollar una agenda de capacitación técnica tanto para los operadores logísticos y portuarios como para las autoridades competentes.
La capacitación, establece el grupo, debe incluir temas de seguridad, tecnología, gestión de riesgos y normativa aduanera. Además, se deberían otorgar becas para fomentar la participación.
