Estados Unidos está llevando a cabo una apuesta arriesgada para presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que renuncie al poder a cambio de una amnistía, ya que surgen pruebas abrumadoras de que el hombre fuerte perdió las elecciones del mes pasado, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Estados Unidos ha discutido indultos para Maduro y sus principales lugartenientes que enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia, dijeron tres personas familiarizadas con la deliberación de la administración Biden. Una de las personas dijo que Estados Unidos ha puesto “todo sobre la mesa” para persuadir a Maduro de que se vaya antes de que termine su mandato en enero.

Otra persona familiarizada con las conversaciones señaló que Estados Unidos estaría abierto a brindar garantías de no perseguir a esas figuras del régimen para su extradición. En 2020, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro bajo cargos de conspirar con sus aliados para inundar Estados Unidos con cocaína.

Las conversaciones representan un rayo de esperanza para la oposición política venezolana, que recogió meticulosamente los recuentos de votos que mostraban que su candidato, el poco conocido exdiplomático Edmundo González, derrotó a Maduro de manera aplastante en las elecciones del 28 de julio. En las últimas dos semanas, Maduro ha encarcelado a miles de disidentes, ha mantenido la lealtad de los militares y ha encomendado a la Corte Suprema, repleta de aliados elegidos por él, la tarea de resolver el impasse electoral, lo que le ha permitido ganar tiempo.

La acción internacional puede ser la única vía para expulsar a Maduro, quien durante 11 años de gobierno autoritario ha supervisado una implosión económica, aislamiento diplomático y el éxodo de casi ocho millones de venezolanos, más que Siria y Ucrania, países desgarrados por la guerra. Maduro ha dado refugio a las pandillas transnacionales, dicen funcionarios estadounidenses y colombianos, y ha permitido que Rusia, China y otros rivales estadounidenses se afiancen en el hemisferio occidental.

El control total de Maduro sobre el poder aumenta las probabilidades en contra de la administración Biden. Estados Unidos había hecho una oferta de amnistía a Maduro durante las conversaciones secretas en Doha, Qatar, el año pasado, pero se negó a discutir los acuerdos en los que tendría que dejar el cargo, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Una persona cercana al régimen indicó que la posición de Maduro no ha cambiado, por ahora.

Maduro ha dicho que está abierto a las conversaciones siempre que Washington le muestre respeto. En otras ocasiones, le dice a Estados Unidos que se ocupe de sus propios asuntos. “No se metan en los asuntos internos de Venezuela, es lo único que pido”, afirmó Maduro en una conferencia de prensa el viernes.

Los tres países más poblados de América Latina -Brasil, México y Colombia- también están tratando de resolver el impasse. Los funcionarios estadounidenses quieren que estos países -gobernados por líderes izquierdistas simpatizantes de Maduro- adopten una postura más dura que su posición actual de presionarlo para que presente pruebas de que ganó.

Estados Unidos tiene cinco meses antes de la investidura presidencial de Venezuela para lograr un acuerdo y mucho depende del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre.

Una victoria de Donald Trump podría sofocar las conversaciones si el expresidente revive sus anteriores políticas agresivas hacia Maduro que comenzaron en 2019, cuando su administración impuso sanciones petroleras y apoyó a un gobierno venezolano en la sombra para derrocar al régimen.

Aun así, Maduro desconfía de Washington, sin importar quién habite la Casa Blanca, dijeron personas familiarizadas con el sentimiento en la capital venezolana, Caracas. Esto incluye a la administración Biden, a pesar de que había levantado la mayoría de las sanciones económicas con la esperanza de promover una elección libre y justa en julio.

Hasta ahora, las conversaciones se han llevado a cabo de forma virtual entre Jorge Rodríguez, presidente del Congreso de Venezuela y confidente de Maduro, y Daniel P. Erikson, quien dirige la política hacia Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Los funcionarios estadounidenses han señalado que no obligarán a las compañías petroleras occidentales a abandonar Venezuela.

Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional se negó a hacer comentarios sobre los compromisos diplomáticos con Caracas, pero dijo que Estados Unidos apoya los esfuerzos internacionales para exigir transparencia sobre el recuento de votos y determinará los próximos pasos en función de los intereses estadounidenses.

“Estamos considerando una serie de opciones para incentivar y presionar a Maduro para que reconozca los resultados electorales y seguiremos haciéndolo, pero la responsabilidad de que Maduro y las autoridades electorales de Venezuela sean sinceros sobre los resultados electorales recae en Maduro y en las autoridades electorales de Venezuela”, declaró la portavoz.

El gobierno de Biden “se está centrando en las zanahorias, como ofrecer levantar las acusaciones a cambio de conversaciones de transición, en lugar de los palos como las sanciones”, dijo Geoff Ramsey, un experto en Venezuela del Atlantic Council, el think tank de Washington.

Ramsey afirmó que los republicanos podrían usar el compromiso con Maduro para atacar a los demócratas en un año electoral, lo que podría ser perjudicial si los esfuerzos de Estados Unidos fracasan.

El intento de Estados Unidos de ofrecer a Maduro una opción para salvar las apariencias encaja con la estrategia de la oposición, que favorece las negociaciones que incluirían garantías para los líderes del régimen y una transición a un gobierno de González.

Las conversaciones de Estados Unidos no se estarían llevando a cabo sin los preparativos de meses de la oposición venezolana para documentar y hacer público el recuento de votos, que mostró que González ganó por casi 38 puntos porcentuales, obteniendo 7,3 millones de votos contra los 3,3 millones de Maduro.

Los líderes de la oposición dijeron que estaban seguros de que Maduro robaría las elecciones. Ya había prohibido que la líder opositora más popular, María Corina Machado, se presentara como candidata.

Decidieron que su mejor oportunidad para documentar la victoria era obtener el recuento en papel de las papeletas que emite cada máquina de votación venezolana, conocido como acta. La ley venezolana exige que las actas se pongan a disposición del público. La oposición capacitó a decenas de miles de observadores electorales, a quienes se les permite ingresar a los centros de votación para recuperar las actas, que parecen recibos de supermercado.

Un organizador de la oposición detalló: “Les dije a nuestros observadores electorales: ‘Pueden intentar matarlos, pero no abandonen la mesa de votación hasta que tengan las actas’”.

Al finalizar la votación, los trabajadores electorales notaron que González estaba ganando en una estación tras otra, incluso en el barrio caraqueño llamado 23 de Enero, un bastión del movimiento de izquierda radical que ha gobernado durante un cuarto de siglo. “No lo podíamos creer”, declaró un trabajador electoral.

Otro trabajador electoral del otro lado de la ciudad se quedó atónito al ver que Maduro perdía en distritos que habían sido “hiperchavistas”, en referencia al predecesor y mentor del presidente, Hugo Chávez.

Los soldados, que normalmente cumplen las órdenes del régimen, no hicieron nada para detener el esfuerzo de la oposición, y todo el proceso equivalió a una minirrebelión contra Maduro en un país donde él controla todas las instituciones, incluido el Consejo Nacional Electoral.

“Estaban contentos”, señaló el trabajador electoral del barrio 23 de Enero sobre los soldados. “Fue sorprendente”.

Los observadores electorales, utilizando un código QR en las actas, enviaron los resultados electrónicamente a la oposición. También guardaron copias físicas, muchas de las cuales publicaron en las redes sociales.

Los aliados del régimen y los militares lograron expulsar a algunos observadores electorales de la oposición y confiscaron actas en algunos centros de votación. Pero no fue suficiente para detener la avalancha de evidencias.

Mucho después de que terminara la votación, el régimen guardó silencio, a pesar de que el moderno sistema de votación electrónica del país está diseñado para arrojar los resultados minutos después del cierre de las urnas. No fue hasta después de la medianoche que el presidente del consejo electoral, el confidente de Maduro Elvis Amoroso, dijo que el presidente había ganado, sin citar ninguna prueba.

Para entonces, la oposición ya había obtenido el 83% de las actas. Su recuento mostraba que González había ganado muchos más votos en todos los estados venezolanos y en casi 300 de los 330 condados.

Jennie Lincoln, quien supervisó el esfuerzo del Centro Carter para monitorear las elecciones, aseguró que Amoroso no presentó los resultados estación por estación, como lo exige la ley electoral, y todavía no lo ha hecho. Sin ofrecer pruebas, el régimen ha dicho que un pirata informático de Macedonia del Norte había violado el sistema, lo que hacía imposible compartir públicamente las actas.

“Y el hackeo”, dijo Lincoln, “es falso”.

Amoroso no explicó cómo determinó que Maduro había ganado, ya que nunca mostró a otras personas en la sede del consejo electoral las actas en las que se basa el resultado de las elecciones, declaró Enrique Márquez, un excandidato presidencial que tenía un representante en la sede la noche de las elecciones.

Los resultados recopilados por la oposición fueron similares a los sondeos preelectorales realizados por encuestadores independientes y las encuestas de boca de urna. La oposición digitalizó las actas y las publicó en un sitio web accesible para cualquier venezolano. “Pudimos mostrarle al mundo la verdad y lo que había sucedido en Venezuela”, dijo Machado a The Wall Street Journal.

Desde el palacio presidencial, Maduro, de 61 años, ha calificado de golpe de Estado la estrategia de la oposición y ha lanzado una ofensiva represiva, y su régimen se ha comprometido a investigar a Machado y González.

Al final de la semana, Maduro informó que más de 2.400 disidentes y manifestantes habían sido arrestados.

Las tropas de la Guardia Nacional y las bandas paramilitares del régimen, los “colectivos” de motociclistas, han atacado a los manifestantes. Los activistas antigubernamentales han huido a Colombia, mientras que cientos de venezolanos que se habían manifestado públicamente contra Maduro denuncian que se les han anulado los pasaportes. El grupo de derechos humanos Provea dice que han muerto 24 personas.

“No habrá perdón”, advirtió Maduro a sus adversarios. Se construirán dos cárceles para albergar a los nuevos presos políticos, dijo el presidente, y muchos de ellos realizarán trabajos forzados.

Eric Farnsworth, exdiplomático estadounidense y analista del grupo de políticas del Consejo de las Américas en Washington, aseguró que los resultados electorales sorprendieron a Maduro. Farnsworth dijo que el líder ha dado señales de que está dispuesto a llevar a Venezuela hacia una dictadura de línea más dura, como la de Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega, donde los asesinatos políticos son mucho más comunes y no se tolera la disidencia.

“Se ha demostrado que es impopular y también ilegítimo. ¿Cómo combate eso? Con más opresión”, comentó Farnsworth. “En la práctica, lo hace más peligroso. Eso hace que estar en la oposición sea algo muy arriesgado”.

El régimen ha anunciado lo que llama la Operación Toc-Toc, que significa llamar a la puerta a cualquier hora y arrestar. En un caso que se volvió viral, agentes uniformados se presentaron recientemente en la casa de un joven sin una orden judicial. La prueba de la mala conducta: un video de él protestando.

“Incitando al odio”, le dijo un agente a la familia, mostrándoles el video en su teléfono. Los familiares exigieron ver una orden judicial, pero el agente advirtió: “Si quieren empeorar esto, lo empeoraremos”, antes de que se llevaran al hombre. La familia publicó un video del encuentro en línea.

Maduro está tratando de alejar a la gente de X y WhatsApp, ordenando que la empresa de Elon Musk sea bloqueada por 10 días y exhortando a los venezolanos a desinstalar WhatsApp para suprimir información sobre la votación y la represión.

Machado afirmó que el cambio puede llegar si la oposición puede mantener a su gente en las calles.

Pero hay consecuencias para quienes se oponen a Maduro, dijo Juan Barreto, un exalcalde de Caracas que alguna vez estuvo estrechamente alineado con el régimen. Después de pedirle al régimen que publique las actas, enfureció a sus viejos camaradas, algunos de los cuales están pidiendo su arresto.

“Este es un momento para mantener la calma y tener nervios de acero”, agregó Barreto.