El delantero de Universidad Católica, Nicolás Castillo, conoció la resolución de la Justicia en la causa que pesaba en su contra, tras agredir verbalmente al entrenador de Baloncesto de la Universidad de Chile, Isaac Arévalo.

El Tribunal competente determinó suspender el procedimiento a cambio de que el ariete cruzado no se acerque a la víctima y pague los daños ocasionados a su uniforme de trabajo.

Monto que según informó radio Bío Bío asciende a la suma de 15 mil pesos, pese a que la defensa de Arévalo pedía una indemnización de 5 millones de pesos. “La Fiscalía ofreció la suspensión condicional del procedimiento por un año a cambio del pago de $150.000 y la prohibición de acercarse a la víctima. Sin embargo, el abogado querellante se negó”, publicó el portal de la emisora.

Fue entonces, cuando la Justicia optó por medida ya anunciada y desoye a la parte acusadora que pedía que reformalizaran a Castillo bajo la ley Estadio Seguro.

El conflicto que dio origen al proceso judicial sucedió en diciembre pasado y el entrenador de los azules afirma que Castillo “venía bajando en auto desde San Carlos de Apoquindo, y comienza a gritarme y decirme que me sacara esa polera y que no sabía donde estaba parado. Le expresó que no soy futbolista y que soy entrenador de básquetbol y que me dirigía al recinto de deportes”.

Además, acusó que el futbolista le lanzó una botella de plástico y lo golpeó en reiteradas oportunidades para intentar destruir su indumentaria. Hecho que el propio goleador aceptó y entregó las excusas correspondientes en su momento.

“A través de este mensaje quiero pedir disculpas públicamente por el incidente ocurrido el pasado 8 de diciembre en el estadio San Carlos de Apoquindo. Sé que no está bien lo que hice y lamento lo sucedido; respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho”, expresó en dicha oportunidad el hombre que estará frente a Colo Colo este sábado en el estadio Santa Laura (17:30 horas).

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que la llamada de la Fiscalía a la defensa del alcalde Daniel Jadue en relación al intento de viaje a Venezuela, fue un “gesto de deferencia” al haberle avisado que de no desistir de su periplo, se cursaría una orden de detención en su contra.

Las declaraciones del secretario de Estado se dieron luego de que la noche del miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) impidió a Jadue concretar su subida a un avión que tenía como destino Venezuela por una “alerta preventiva”, que obligaba a dar aviso a la fiscal Giovanna Herrera por su presencia en pasos fronterizos.

Consultado Cordero respecto si tal accionar era un “abuso” como lo catalogó el militante comunista, el ministro Cordero señaló en entrevista con CNN Prime que “los antecedentes que tengo yo son los mismos que tiene todo el público. Entiendo que es una llamada telefónica que realiza la fiscal (Giovanna Herrera) al abogado del alcalde Jadue (Ramón Sepúlveda). Yo creo que pocas personas tienen ese gesto, entiendo que dada la conversación que tuvieron, el alcalde toma la decisión de retirarse del aeropuerto”.

“Yo tengo la impresión de que sí”, dijo el titular de Justicia consultado sobre si la comunicación entre la Fiscalía y el jurista Sepúlveda se trató de un “gesto de deferencia” hacia la autoridad comunal.

Y recalcó: “Yo lo entiendo como un gesto de deferencia… para que el alcalde tomara voluntariamente la decisión de continuar con su viaje o abandonar el lugar”.

En ese sentido, añadió que “en cualquier caso, el alcalde está en su legítimo derecho de evaluar esta conducta del Ministerio Público y eso explica la razón de su amparo de garantía de este viernes, que probablemente se va a debatir qué es lo que genuinamente pasó ese día”.

Cordero valoró la audiencia de garantías cautelares requerida por la defensa del alcalde y que quedó fijada para este viernes en el Tercer Juzgado de Garantía, “porque va a permitir discutir la situación cómo fue y permitir argumentar al Ministerio Público qué es lo que genuinamente ocurrió”.

La autoridad explicó que “en otras condiciones probablemente, hubiese sido o no hubiese tomado ninguna decisión el Ministerio Público o bien hubiese solicitado una orden de detención como ha sucedido en el pasado”.

“Efectivamente el alcalde no estaba con arraigo”, señaló Cordero y agregó que “me parece que el Ministerio Público por la información que recibió de la PDI tomó la decisión de tener esa conversación”.

Durante la conversación, Cordero también abordó la necesidad de construir más cárceles y, además, en relación a la sobrepoblación de los penales, que ha sido una de las preocupaciones del titular de Justicia. Sin embargo, descartó la construcción de un recinto con las características del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), de El Salvador, inaugurada por el presidente Nayib Bukele, la que calificó como “galpones”.

“Lo que se conoce como la megacárcel de Bukele, para nosotros serían galpones. Esencialmente es un grupo de galpones que se pudo levantar rápidamente (…) ese es un galpón que además tiene tres anillos de seguridad en torno al establecimiento. Los dos primeros anillos son del Ejército. En estricto rigor, no es llegar y construir una cárcel. Es un sistema penitenciario diametralmente distinto”, aseguró Cordero.

Cordero sostuvo que “Chile ha explorado hipótesis para construir modelos de cárceles modulares. Hay modelos en Australia, Nueva Zelanda, en fin, pero en general, el gran tema que tenemos en Chile para la construcción de cárceles y por eso la ley extraordinaria para aumentar la densificación en aquellos lugares en que sí ya tenemos, es el suelo disponible”.

Por lo tanto -afirmó- el Plan de Infraestructura no contempla una cárcel del estilo salvadoreño.

Asimismo, se refirió a la propuesta del senador José Miguel Insulza (PS), quien propuso la construcción de centros de detención provisorios de migrantes con órdenes de expulsión pendiente. Cordero explicó que “(…) en Chile no se puede llevar a cabo una figura de esas características sin reforma legal, más allá de la opinión del gobierno, que esa figura, es una figura que el gobierno no considera”.

Estados Unidos anunció la entrega de 40 millones de dólares, dentro de su programa Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés), para apoyar la modernización de los sectores de defensa de Argentina.

“Ésta es la primera vez, desde el año 2003, que Argentina recibe fondos de FMF de EE.UU”, dijo en un comunicado la embajada estadounidense en Buenos Aires.

“El FMF es un subsidio de asistencia en seguridad reservado para socios importantes. Permite que Argentina compre artículos de defensa, entrenamiento y servicios de Estados Unidos, a través de fondos de asistencia gratuita, y mejore la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses”, agregó la declaración de la legación norteamericana.

El comunicado añadió que “Estados Unidos tiene una relación larga y confiable con Argentina en adquisiciones militares, entrenamiento y educación profesional. Desde 1998, Argentina es un Aliado Mayor extra-OTAN. La Embajada y el gobierno de EE.UU. están trabajando estrechamente con nuestros socios argentinos para fortalecer aún más la seguridad de Argentina y la asociación de defensa entre ambos países”.

El anuncio se produce días después de la formalización de la compra de aviones caza a Dinamarca por parte de la nación transandina, con la intermediación de la administración del Presidente Joe Biden. Esa adquisición fue de 24 aviones caza F-16 A/B MLU Fighting Falcon y constituye el primer paso de la operación, que se completará en los próximos meses con las negociaciones iniciadas con Estados Unidos para definir el sistema de armas con que se equiparán las unidades.

“La compra de los 24 F-16 a Dinamarca alinea a Argentina con un grupo de 26 naciones y aliados que operan la plataforma, aumentando la interoperabilidad. Los F-16 permitirán a Argentina defender más efectivamente su territorio y cooperar con socios regionales para mantener la paz”, recalcó el gobierno estadounidense.