SRES. PRINCIPAL:
El gobierno presentó un proyecto de ley que crea un fondo de emergencia y estabilización energética y establece un nuevo mecanismo temporal de estabilización de precios de electricidad para clientes regulados. Si bien el objetivo es loable, ya que, si no hay intervención pública, los precios subirán alrededor de un 40% en 2022, afectando principalmente a los más vulnerables, el mecanismo propuesto adolece de fallas. Me centraré en uno: la orientación.
Básicamente, se propone que los medianos y grandes consumidores de energía paguen un cargo permanente adicional -un nuevo impuesto- para crear el fondo de hasta 2.000 millones de dólares que subsidiará a los clientes regulados (principalmente viviendas).
Según el mensaje del proyecto de ley, el mayor subsidio lo recibirá el grupo de menor consumo, que agrupa al 80% de los clientes regulados. Por lo tanto, es un subsidio general.
Si bien el volumen de consumo está relacionado con el nivel socioeconómico, un hogar de bajo consumo no necesariamente es un hogar vulnerable, considerando que existen más de 200.000 hogares unipersonales en el decil más rico, según la encuesta Casen. Por lo tanto, se dedican recursos considerables a subsidiar a los hogares que no son vulnerables, algunos de los cuales pueden incluso estar en el extremo superior de la distribución del ingreso.
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Un mejor diseño es hacer una transferencia directa a los hogares más vulnerables, para que enfrenten el aumento del costo de vida, evitando la fuga de subsidios a hogares que no lo necesitan.
Posteriormente, corregir la focalización de un subsidio mal diseñado es difícil, ya que retirar un beneficio a quienes lo reciben y no lo necesitan es muy impopular. No caigamos en eso, hagámoslo bien desde el principio.
Soledad Hormazabal
Investigador Horizontal
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