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Estados Unidos acusa a cuatro hombres más por conspiración en asesinato de Presidente de Haití

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El Departamento de Justicia informó el martes que Estados Unidos presentó cargos penales contra otros cuatro hombres en relación con el asesinato del presidente haitiano. Jovenel Moisés.

El asesinato de Moise en julio de 2021 dejó un vacío político en la nación caribeña y envalentonó a poderosas bandas que actúan como autoridades de facto en algunas partes del país.

Las fuerzas de seguridad estadounidenses arrestaron a tres sospechosos clave en los meses posteriores al asesinato.

Los hombres acusados ​​el martes serán procesados ​​en el Distrito Sur de Florida luego de ser arrestados en Haití. según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

Los nuevos acusados ​​incluyen James Solages y Joseph Vincent, de doble nacionalidad haitiano-estadounidense, y el colombiano Germán Alejandro Rivera García, informó la institución.

Los tres hombres fueron acusados ​​de conspirar para cometer asesinato o secuestro fuera de los Estados Unidos y enfrentarán cadena perpetua si son declarados culpables, agregó.

Un cuarto hombre, el ciudadano haitiano-estadounidense Christian Sanónfue acusado de conspirar para contrabandear bienes fuera de los Estados Unidos y causar que no se presentara la información de exportación, según el departamento.

En su caso, enfrenta 20 años de prisión si es declarado culpable, agregó.

los cuatro hombres comparecerá por primera vez el miércoles ante un juez de primera instancia de Miami, dependiendo de la institución.

Siete personas se encuentran actualmente bajo custodia estadounidense en relación con el asesinato, según el Departamento.

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Minuto a minuto: este martes formalizan a exdirector de la PDI, Sergio Muñoz

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A las 9.00 de este martes se espera que comience la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz.

El ahora exdetective se vio obligado a dejar su cargo luego de que se conociese la solicitud de formalización en su contra por parte del Ministerio Público que incluyó un allanamiento a su casa y su oficina, en la sede de la policía civil.

Esto luego de que al analizar el celular del abogado Luis Hermosilla, indagado en el denominado Caso Audios, se detectaran una serie de conversaciones con Muñoz con diversos tipos de mensajes, incluyendo información privilegiada de casos judiciales.

Este lunes, el exjefe de la PDI, declaró por cerca de cuatro horas ante Fiscalía y actualmente está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente por los presuntos delitos de dar a conocer información reservada de una serie de casos judiciales.

Si quieres entender mejor el caso, te dejamos una serie de links:

Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo minuto a minuto de La Tercera

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Las cinco claves del juicio a Héctor Llaitul

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En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco se dio inicio al juicio contra Héctor Llaitul Carrillanca, en un proceso que busca ser un hito para el Ministerio Público.

Al exlíder de la Coordinadora Aruco Malleco (CAM) se le acusa de delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado por incitación y apología a la violencia; y los ilícitos de hurto simple, atentado a la autoridad y usurpación.

Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía, que ha liderado la investigación, en su alegato de apertura advirtió lo siguiente: “Hemos logrado reunir elementos de prueba que, desde nuestro punto de vista, acreditan los hechos que sustentan la acusación”.

A pesar de que el Ministerio Público pide 25 años de prisión, a Llaitul se le ha visto tranquilo durante las audiencias que se han realizado esta semana. Incluso, decidió prestar declaración y responder al contrainterrogatorio de los fiscales: cuestión inédita desde que fue formalizado en agosto de 2022. Afirmó ser “perseguido por expresar ideas o planteamientos político-culturales” y desde su defensa adelantan que pedirán la absolución total de los delitos que se le imputan, ya que, “no tienen cómo probar las acusaciones”.

El Ministerio Público presentó su acusación contra Llaitul en diciembre del 2022. Los hechos presentados en esta han sido la guía de los primeros alegatos de la Fiscalía en esta primera semana del juicio. El fiscal Garrido sostuvo que demostrarán que el imputado hace mucho más que opinar o comentar lo que está ocurriendo. El imputado tiene una participación crucial en estos hechos, toma algunas decisiones, decide cuándo se hacen los comunicados, obtiene un provecho para su causa y motivaciones políticas. (…) El imputado es la CAM. No existe la Coordinadora Arauco Malleco sin Héctor Llaitul”.

Tres de los cinco hechos que se le acusan a exlíder de la CAM tienen relación al llamado al sabotaje contra la industria maderera. Según el Ministerio Público, corresponden a delitos contemplados en Ley de Seguridad del Estado, por los que piden 17 años de condena sumando solo estos. Por ese motivo que Fiscalía ha centrado sus palabras en la incidencia que tiene Llaitul en la concreción de los atentados en la Macrozona Sur, aludiendo a que “luego de las expresiones vertidas por el acusado el día 8 de enero del 2020 (correspondiente al hecho 1 de la acusación), por lo menos, se producen 54 ataques”. Además, ha alertado que el imputado le ha “declarado la guerra al Estado de Chile”.

Desde que fue detenido en agosto del 2022, nunca había hablado frente a los fiscales. Esta vez sí lo hizo: “Voy a declarar”, dijo cuando la magistrada Rocío Pinilla le preguntó si iba aprestar declaraciones. Abrió sus palabras indicando ser “perseguido por expresar ideas o planteamientos político-culturales”. Además, resaltó su pertinencia a su ascendencia mapuche y declaró “no poder retractarse de sus dichos”. Luego, se puso a disposición de la Fiscalía.

El persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, Héctor Leiva, fue quien estuvo a cargo de contrainterrogar a Llaitul, quien confirmó el manejo de armas durante las “recuperaciones de terreno” y ratificó sus dichos sobre la reivindicación en la usurpación de terrenos.

Por otro lado, contestó con un seco “no” a varias preguntas del fiscal. Así fue con lo relacionado a las comunicaciones, instrucciones o redacción de comunicados de la CAM. Esto último es algo que le interesa despejar a los investigadores, ya que gran parte de la acusación se basa en la injerencia de Llaitul en las acciones de la organización.

El fiscal Leiva dice que con algunas de sus respuestas, Llaitul pretende “eludir su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, estimamos que con las pruebas que presentemos durante el juicio se van a ir estableciendo contradicciones que permitirán despejar aquellas dudas que él pretendió presentar en su declaración”.

La Fiscalía tiene planeado presentar 76 testigos a lo largo del juicio, de los cuales cinco declararán bajo la reserva de su identidad. Durante la segunda jornada del juicio oral, el miércoles, la Fiscalía de Alta Complejidad presentó a su primer testigo: Diego Martínez Ortega, subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) que empezó su trabajo en el caso a partir de la investigación del hecho 1 de la acusación, en enero del 2020.

El testimonio de Martínez cobra relevancia, pues participó de la interceptación telefónica; de vigilancias y seguimientos discretos; análisis y transcripción de los dichos del acusado; declaración de víctimas y testigos; y posicionamientos telefónicos.

El testigo empezó a exponer el miércoles 13 y se extenderá hasta, por lo menos, el lunes 18 de marzo. A parte de las palabras del funcionario policial, para acompañar su relato, el Ministerio Público también ha expuesto videos, audios e imágenes.

A pesar de que el ente persecutor ha anunciado que cuentan con una gran cantidad de testigos y que, además, presentarán 22 peritos y 219 evidencias materiales; la defensa de Llaitul ha dicho que, en cada uno de los hechos por los que es acusado su representado, no cuentan con pruebas suficientes para culparlo.

Por lo anterior es que las representantes de Llaitul, las abogadas Victoria Bórquez y Josefa Ainardi, han reiterado que “la defensa va a solicitar la absolución de mi representado en todos y cada uno de los delitos en que está siendo acusado”.

En ese sentido, Llaitul en su declaración sostuvo que “si tuvieran la prueba para condenarme sobre hechos, yo guardaría silencio. Pero por expresar lo que he dicho no puedo retractarme”.

El testimonio del subcomisario de la PDI, Diego Martínez, tuvo como principal misión exponer parte del trabajo realizado durante su investigación. Desde el día jueves 14, expuso audios de conversaciones realizadas desde el teléfono de Héctor Llaitul.

El oficial explicó que se interceptaron llamadas con el objetivo de establecer el rol del imputado dentro de la organización. Así, durante la audiencia se expusieron, ante el magistrado, diálogos que el acusado mantuvo con distintas autoridades y dirigentes mapuche durante los primeros meses del 2020.

Luego, el PDI explicó que gracias a la intervención del celular, junto con información recogida a través de la plataforma “Vigía” de Entel, establecieron el desplazamiento del imputado por cuatro regiones de La Araucanía.

Lo relevante -relató el oficial- es que estos movimientos coincidirían con el lugar donde se realizaron seis atentados incendiarios en el transcurso de noviembre del 2020 a enero del 2021.

Martínez detalló, a grandes rasgos, el rol de su participación y dijo que, a pesar de que con su trabajo no se pueda comprobar la autoría de Llaitul en los hechos, son un aporte a la investigación: “Queríamos establecer o descartar un posible vínculo entre esos dichos (los de Llaitul) y la materialización de estas acciones. A qué me refiero: Atentados incendiarios, usurpaciones violentas, ataques armados a personal de Carabineros. Y esta dinámica, en primera instancia, si bien en ningún momento se habla de autoría de los atentados incendiarios, investigativamente nos permite ya determinar un primer patrón de comportamiento coherente en la comisión de atentados”.

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Republicanos afirma que hay una “ofensiva” del PC para sacar al general Yáñez

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El Partido Republicano rechazó el emplazamiento que hizo el ministro de Justicia, Luis Cordero, al general directo de Carabineros, Ricardo Yáñez, a evaluar su renuncia a la institución antes de ser formalizado el próximo 7 de mayo, por presuntos delitos en el contexto del estallido social.

Por medio de una declaración, la colectividad de oposición aseguró que hay una “ofensiva del Partido Comunista, apoyada por algunos ministros del gobierno del Presidente Boric”.

Representa un intento de la izquierda radical, amparada por sectores del Ministerio Público y del Poder Judicial, de perseguir a una institución en su totalidad para limitar e inhibir su capacidad de cumplir con las funciones que la Constitución y la ley le encomiendan para el control del orden y el resguardo de la seguridad pública”, señalan.

Asimismo, hicieron un llamado al gobierno a entregar “su total y absoluto respaldo”, a Yáñez y a “toda la institución de Carabineros de Chile para que siga cumpliendo su deber sin otra restricción o limitación que el cumplimiento de la Constitución y la ley”.

“En días en qué se discute la posibilidad de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, en el contexto de la grave crisis de seguridad pública y nacional que vivimos, el gobierno tiene la responsabilidad de apoyar a las instituciones y no seguir exponiéndolas, irresponsablemente, sin el respaldo político y jurídico que se observó a partir del estallido delictual de octubre de 2019″, agregan.

En torno a los antecedentes revelados por Ciper Chile, que vincularían al exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, con el traspaso de información al abogado Luis Hermosilla, respecto de filtración de investigaciones policiales en curso, el Partido Republicano consideró los hechos como “gravísimos”, pero llamó a no cuestionar a toda la institución.

Requieren de una investigación rigurosa y exhaustiva, que permita juzgar y condenar con la mayor severidad posible de confirmarse las denuncias que se han conocido. En caso alguno, ello debe Implicar un cuestionamiento a la institución en su conjunto, donde miles de funcionarios de la PDI cumplen una labor fundamental en la lucha contra el crimen organizado del país”, sentencia la declaración.

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