En una nueva arremetida con miras a impedir su formalización, la jornada del jueves 4 de abril, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ingresó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, alegando que las actuaciones del Ministerio Público han implicado una serie de vicios que vulneran sus garantías.
De acuerdo con el escrito de 24 carillas, el mandamás de Carabineros, en primer punto, sostiene que aún le es imposible conocer cómo la Fiscalía Regional Centro Norte pretende encausarlo por 952 delitos omisivos.
Acusa, en ese sentido, que la investigación llevada en su contra “se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso, alambicado que contiene una pretendida responsabilidad de mando (o del superior) que no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos. En efecto, esta figura de participación no constituye un crimen en sí mismo, sino una especial participación de los jefes militares y civiles en los tipos penales de derecho penal internacional”.
Aquello, como indica, es totalmente “inaplicable” a la figura de un delito común de apremios ilegítimos simples.
Por lo mismo, asegura que la solicitud de formalización presentada en su contra contiene vicios que la hacen susceptible de ser anulada, y que, “al no haberse declarado así por el juez de primer grado, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso, en su vertiente al derecho a defensa y derecho al recurso, y principios constitucionales como la supremacía constitucional y de juridicidad”.
Continuar con el procedimiento, argumenta Yáñez, se le estaría sometiendo a un “procedimiento irracional e injusto”, ya que como subrayó, nunca se le han dado a conocer los cargos que se le imputan, “lo que es un requisito esencial del debido proceso, y se me impide de esta manera ejercer una defesa material y técnica”.
En medio del documento, Yáñez hace presente que: “el 7° Juzgado de Garantía, haciendo un uso abusivo del Derecho y a través de un procedimiento irracional e injusto está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal, además de buscar dañar, a través mío, de forma irremediable a la institución de Carabineros de Chile”.
De esta forma, aseveró que su requerimiento busca “garantizar que se me juzgue con apego a un justo y racional procedimiento, sin intervenciones políticas, puesto que el Ministerio Público pretende imputarme un delito que no he cometido de forma comisiva ni activa. En efecto, jamás he permitido, convalidado, autorizado ni aceptado la afectación de la vida, integridad y dignidad de ningún chileno, pero por el ejercicio de mi cargo en la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros debí hacer cumplir la Constitución y las Leyes, para así restablecer el Estado de Derecho, el orden público y la seguridad interior”.
Fue tajante, en el mismo sentido, que tras la serie de cuestionamientos que recibió Carabineros producto de los hechos ocurridos en el contexto del estallido social, con su trabajo como general director ha logrado reposicionar a la institución.
“Durante estos tres años hemos logrado levantar nuevamente -con enorme dedicación personal- a nuestra querida institución para situarla en el lugar que hoy ocupa en la República, recuperando el aprecio y cariño de la sociedad civil, porque sin duda Carabineros forma parte de la nación toda y es una institución de todos los chilenos”, indicó.
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