En medio de las críticas a la sequía legislativa y el llamado de los parlamentarios, tanto del gobierno como de la oposición, a acelerar el paso en materia legislativa y en especial con las iniciativas relacionadas con el salario mínimo y la propuesta de reactivación económica, Desde la Secretaría General de la Presidencia anunciaron el ingreso al Parlamento de cuatro proyectos de ley, indicaciones de al menos otras ocho iniciativas y 33 urgencias legislativas.
Las propuestas, explican desde la propia Segpres, fueron revisadas junto a los responsables de las comisiones legislativas oficiales en la reunión de coordinación de este jueves; Por eso, tras el acuerdo entre el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y asociaciones de empresarios, se confirmó la entrada del proyecto de salario mínimo, que contempla un incremento a $380.000 en mayo y llegar a un total de $400 mil en agosto. ; que, además, contempla un subsidio de $22.000 para Pymes y MIPYMES, por cada trabajador con salario mínimo y un subsidio a la canasta básica, cuya iniciativa entrará, con discusión inmediata, mañana viernes 29 de abril.
Y en el marco del Plan Chile Apoya, El Ejecutivo anunció que ingresará al Congreso el proyecto que regula el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP), para tratar de frenar la suba de la parafinacomo complemento al MEPCO recientemente aprobado, y en base a un acuerdo alcanzado con parlamentarios de oposición y oficialismo.
También entrará una iniciativa que regula los intereses moratorios de los créditos prendarios que entrega la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), conocida como “La tía rica”, que establece un plazo de seis meses para solicitar el beneficio de condonación de dichos intereses devengados en el período comprendido entre el 25 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2022, “Además de beneficiar también a los usuarios, con plazo posterior al vencimiento de los créditos, que lo solicitan y pagan su capital”, explican desde Segpres.
También, envía un proyecto que propone un mecanismo para garantizar el pago de las deudas alimentarias de niños, niñas y adolescentes; propuesta que surge de una necesidad que cubriría la aprobación de alguno de los dos proyectos de quinto retiro que fueron rechazados en la Cámara.
Paralelamente, durante los próximos días se presentarán indicaciones a un total de ocho proyectos que ya se encuentran en trámite en el Congreso, entre los que destacan Internet como servicio básico, la Ley de Humedales y la denominada “Ley de Transparencia 2.0”.
El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado a 25 años de prisión por robar miles de millones de dólares a sus clientes, lo que marca el capítulo final de un caso que ha cautivado y eclipsado a la vez a la industria de la criptografía.
El juez de distrito estadounidense Lewis A. Kaplan dictó la sentencia en un tribunal federal de Manhattan momentos después de que Bankman-Fried dijera que “lamentaba lo sucedido en cada etapa”. Se enfrentaba a hasta 110 años tras las rejas luego de haber sido declarado culpable el año pasado de siete delitos, incluidos fraude y conspiración.
El otrora multimillonario se convirtió en un símbolo de malversación y codicia en el mundo de las criptomonedas después de que su enormemente popular intercambio FTX colapsara, exponiendo un fraude de años que estafó en alrededor de US$ 10 mil millones a los clientes. Bankman-Fried, de 32 años, negó haber cometido fraude a sabiendas y afirmó que él y su criptoimperio fueron víctimas de las caídas del mercado en 2022.
Kaplan desestimó la declaración de 20 minutos de Bankman-Fried, diciendo que no estaba realmente arrepentido y se centró en cambio en la gravedad del crimen. “Existe el riesgo de que este hombre esté en condiciones de hacer algo muy malo en el futuro”, afirmó Kaplan. “Y no es un riesgo trivial. No es un riesgo trivial en absoluto”.
Además de la pena de prisión, Kaplan dijo que Bankman-Fried debería pagar más de 11 mil millones de dólares. En el juicio, los fiscales dijeron que Bankman-Fried desvió miles de millones de dólares de FTX a su fondo de cobertura hermano, Alameda Research, para gastarlos en inversiones especulativas, más de 300 donaciones políticas y costosos bienes raíces.
Ante la volatilidad del mercado, los prestamistas comenzaron a pedir su dinero en 2022 y Bankman-Fried utilizó los fondos de los clientes de FTX para devolverles el dinero. Pero una avalancha de retiros de clientes culminó con la declaración de quiebra de FTX en noviembre de 2022 y la renuncia de Bankman-Fried como director ejecutivo.
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El Servicio de Impuestos Internos (SII) llenó la vacante de uno de sus cargos estratégicos: la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC).
Tras la salida del anterior director, Christian Soto, por su eventual implicancia en delitos mencionados en el denominado caso Audios, el organismo designó hoy al abogado Sergio Henríquez como nuevo jefe de la unidad.
Henríquez es abogado y magíster en Derecho Tributario, ambos de la Universidad de Chile. Tiene 40 años y cuenta con más de 15 años de experiencia en materia tributaria, tanto en el ámbito público como privado.
En el ámbito laboral, fue asesor de política tributaria del Ministerio de Hacienda entre 2014 y 2017, y luego Coordinador de política tributaria de la cartera a fines del gobierno de la expresidenta Bachelet. También se desempeñó como jefe de gabinete en la Subsecretaría de Hacienda, entre marzo de 2022 y marzo de 2023. Hasta la fecha, se desempeñaba como jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
En su desempeño en el mundo privado trabajó como abogado tributario en Sapag y González, Bofill, Escobar, Silva, y fue gerente senior en la consultora KPMG, especializándose en temas relacionados con tributación inmobiliaria y tributación internacional.
En el plano académico, el abogado ha sido docente en distintos cursos de postgrado relacionados con el derecho tributario en las Universidades Adolfo Ibáñez y Católica de Valparaíso.
Cercano al Frente Amplio, Henríquez es hijo del exministro de Vivienda del mismo nombre durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, entre 1997 y 2000.
El área donde llega
El año pasado, y como parte de su estrategia de fiscalización del cumplimiento tributario de los grandes grupos empresariales, el SII reestructuró la DGC, con la inclusión de tres departamentos de Cumplimiento de Grandes Grupos Empresariales, una Oficina de Facilitación y Asistencia, un Departamento Jurídico, un Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios, un Departamento de Administración y una Oficina de Apoyo a la Gestión.
El proceso contempló también la actualización de los criterios de incorporación a la nómina de contribuyentes que maneja la repartición.
“Con estos cambios, el foco del trabajo de la DGC ya no está puesto en la revisión de cada empresa como tal, sino en generar un conocimiento acabado del modelo de negocios implementado por cada grupo y, de esa forma, diseñar un tratamiento diferenciado, aprovechando todas las capacidades instaladas en los equipos del servicio y fortaleciendo la vinculación con otras instituciones del Estado y administraciones tributarias, en el marco del Foro de las Administraciones Tributarias, dependiente de la OCDE, de la cual nuestro Servicio forma parte activa”, explicó el SII en el comunicado donde anuncia la llegada de Henríquez a la DGC.
Pasadas las 21 hrs. de este miércoles y de cara a la discusión en particular que comenzará la próxima semana en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el Gobierno finalmente ingresó indicaciones al proyecto de ley corta de isapres, en las que, tal como se esperaba, puso límites al alza de precios que deberán hacer las aseguradoras para alcanzar el equilibrio financiero, pero con un nuevo mecanismo que hasta ahora no estaba considerado en la ecuación.
Cabe recordar que el objetivo central de la ley corta es justamente aplicar el fallo por tabla de factores y generar las condiciones para que la industria pueda resistirlo. En la práctica, esto se traduce en instruir las devoluciones masivas a afiliados y, a raíz de ello, dar espacio a algún mecanismo para que las isapres puedan aumentar sus ingresos.
Dicho mecanismo, durante toda la tramitación de la ley corta, consistía en un alza de precios base de los planes que debía ser justificada ante la Superintendencia de Salud. No obstante, en sus últimas indicaciones, el Gobierno reemplazó esto por “una prima extraordinaria correspondiente al monto necesario para cubrir el costo de las prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de sus personas afiliadas y beneficiarias”.
Las condiciones para esa prima son que no podrá considerar el déficit que pudiese haber presentado una isapre antes del 30 de noviembre de 2022 -fecha en que se dictó el fallo- y que tampoco podrá implicar un alza “mayor al 10% respecto de la cotización para salud descontada de las remuneraciones, pensiones y rentas afectas a aquellas, correspondientes al mes de julio de 2023, o a la cotización descontada al momento del alza si el contrato fuese posterior a dicha fecha”.
Por otro lado, el Ejecutivo también agregó un artículo que dice que las isapres deberán justificar ante la Superintendencia los cobros que realizarán por las Garantías Explícitas de Salud (GES), teniendo que ser verificados por la autoridad.
Además, agregó una serie de indicaciones relacionadas al otro brazo de la ley corta, que es el fortalecimiento de Fonasa a través de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), por ejemplo, regulando el pago de primas por los seguros que crea esta nueva norma y fijando contornos de posibles planes familiares que se ofrecerían.
Un eventual recálculo de la deuda del sistema, por ahora se mantiene ausente. Algunas fuentes del Congreso aseguran que es un debate que sigue abierto y que el Gobierno estaría abierto a negociar en una casi segura Comisión Mixta que sería presidida por el senador Javier Macaya (UDI).