Uno de los objetivos del Gobierno en los próximos meses, tal como lo ratificó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, la semana pasada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es enviar un proyecto de ley al Congreso para avanzar en un mayor equilibrio en términos de remuneraciones entre hombres y mujeres.
Con foco en grandes empresas, la iniciativa comprometida surge 15 años después de que en 2009 entrara en escena precisamente la llamada Ley de Igualdad Salarial, la cual estableció un mismo sueldo por trabajo de igual valor en firmas con 10 o más trabajadores y sanciones monetarias que aumentan con el tamizado de la compañía.
¿Pero qué ha pasado desde entonces? Con el objetivo de entender el rol de las empresas en la brecha salarial de género y el impacto de la normativa, investigadores del Instituto de Economía de la Universidad Católica analizaron los datos del registro de cesantía, considerando a trabajadores formales que representan casi el 70% de la fuerza laboral.
Estudio indicó que la brecha salarial de género es de 25% y que las empresas explican un 39% de esta brecha.
El coautor y economista de la investigación, Gabriel Cruz, concluyó en primera instancia que la distancia salarial de género es de 25% y que el factor empresa explica un 39% de esta brecha.
“Este porcentaje nos llamó la atención, dado que es bastante alto. Esto quiere decir que la empresa tiene un alto porcentaje de incidencia en la brecha salarial de género”, indica el también candidato a doctor de la Universidad de Maryland.
Esto queda más en evidencia al mirar otros países: en Portugal, las empresas explican el 21% de la brecha, en Francia el 8%, en Italia el 31% y en Brasil el 60%.
Francisca Jünemann, Presidenta ejecutiva de Chilemujeres.
“(Una nueva legislación de equidad salarial) será igual de ineficaz que la Ley vigente si no se nivelan los derechos maternales y paternales, reformando las leyes que encarecen y desincentivan la contratación de mujeres”.
Gabriel Cruz, economista y coautor.
“Este porcentaje (factor empresa) nos llamó la atención, dado que es bastante alto. Esto quiere decir que la empresa tiene un alto porcentaje de incidencia en la brecha salarial de género”.
Además, el 39% corresponde a 10 puntos porcentuales (pp.) de la brecha salarial de género, de los cuales ocho se explican porque las mujeres se emplean -en promedio- en firmas que pagan menores salarios más bajos, mientras que los hombres lo hacen en aquellas con mayores sueldos.
“En otras palabras, la distribución de hombres y mujeres en el mercado laboral no es homogénea”, dice.
La Ley se tradujo en una reducción de la brecha en 1,5 puntos porcentuales. “Este pequeño efecto puede explicarse por el hecho de que, en promedio, la brecha no se genera dentro de la empresa, sino entre empresas”, señala Cruz.
Nueva ley y sala cuna
Para la presidenta ejecutiva de ChileMujeres, Francisca Jünemann, el estudio contiene el aporte de evidenciar la importancia de la movilidad laboral como herramienta de disminución de brechas de género, en la medida que el poder cambiarse a una empresas más grande implica que puedan acceder a lugares con menores diferencias salariales.
“Las leyes, reglamentos, resoluciones y actos administrativos deben ser más livianos en Chile, porque la rigidez actual pone barreras a la movilidad a empresas de mayor tamaño que tienen mejores sueldos y menores brechas salariales”, indica.
Acerca de qué hace falta para enfrentar el desafío de la inequidad salarial entre hombres y mujeres, la vocera indica que, en cuanto a legislación, se debe realizar una nueva ley de equidad salarial que no solo prohiba y sancione por diferencias de género, sino también por maternidad.
En esa línea, Jünemann también afirma que “será igual de ineficaz que la ley vigente si no se nivelan los derechos maternales y paternales, reformando las leyes que encarecen y desincentivan la contratación de mujeres, como la actual ley de sala cuna del artículo 203 del Código del Trabajo; porque son las mujeres quienes terminan asumiendo su costo a través de menores salarios”.
En el caso de las empresas, indica que deben medir y gestionar las brechas salariales por razones de género y maternidad.
De hecho, menciona la norma 461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como una herramienta para lograrlo, pues señala que las compañías deben reportar sus brechas salariales e incluirla en sus memorias.
“Es importante que las empresas reguladas apliquen bien la metodología y aquellas empresa que no estén reguladas por la CMF, también voluntariamente lo hagan”, dice.
En noviembre de 2019, menos de un mes después del “estallido social”, el Congreso aprobó un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas. El efecto inmediato significó evitar un alza de 9,2% promedio en las cuentas de la luz. Esta fue una de las medidas de la agenda social anunciada por el exPresidente Sebastián Piñera, que benefició a las familias chilenas. Así, las tarifas fueron congeladas para los clientes regulados hasta diciembre de 2020, medida que posteriormente fue extendida, debido a la pandemia.
Se comentó, en su minuto, que esta decisión permitiría, además, adelantar la rebaja de tarifas que se esperaba a partir de 2023, como consecuencia del ingreso de energías renovables y otros contratos más baratos -lo que al parecer no era tal-, como también porque se neutralizaría el efecto del dólar, que en los días posteriores al estallido sufría los efectos del over shooting o sobrerreacción, característica del tipo de cambio.
Con el alza de tarifas eléctricas ha pasado lo que siempre ocurre con los malos acuerdos: nadie quiere pagar las cuentas cuando el momento llega.
No había nadie que no sacara cuentas alegres en noviembre de 2019. Se hablaba del profundo análisis técnico realizado y del diálogo político transversal que había posibilitado que, en menos de tres días de tramitación, se aprobara este gran acuerdo. Pero como siempre pasa con los malos acuerdos, nadie quiere después pagar las cuentas y ahora llegó el momento de hacerlo.
El congelamiento de las tarifas llevó a que las empresas de generación eléctrica registraran una cuenta por cobrar en sus balances. Y como en toda firma -PYME, mediana o grande-, llega el momento de pasar por caja una cuenta por cobrar, aunque uno pueda dar plazo a los clientes. En la actualidad, esa cuenta por cobrar o ese activo que tienen las generadoras alcanza a US$ 6 mil millones, lo que equivale a 2 puntos del PIB. Dado que Chile es un país serio, y como tal tiene una reputación que cuidar, se deben pagar las obligaciones con las empresas generadoras que, además, son extranjeras.
Y, como no hay mal que dure 100 años ni deuda que no se pague, la semana pasada se supo que, a partir de julio de este año, las cuentas de la luz comenzarán a reajustarse para pagar esa deuda. Por esta razón, se registrarán incrementos de hasta 30%, en pleno invierno, cuando el consumo de luz es mayor y donde un alza de esta magnitud afectará sobremanera a las familias más vulnerables. Como mitigación, se aplicarán subsidios para el 1,5 millón de familias en tales condiciones.
Lo extraño es que, ahora, el oficialismo presiona por frenar las alzas, preocupado por su efecto en la inflación, siendo que en su momento fueron las mismas personas las que aprobaron los retiros de los fondos de pensiones que desembocaron en la inflación anual de 14%. Pareciera que si frenamos el aumento de las tarifas eléctricas viviríamos, entonces, en una suerte de país mágico donde los ajustes se postergan para siempre, en una especia de esquema de Ponzi. Pero la realidad es otra; en los juegos de caja los billetes son de papel, pero en la realidad los compromisos que se asumen se respetan y las cuentas se pagan.
#hay #deuda #pague
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JAVIERA CÉSPEDES Socia Mizón Abogados IAN HENRÍQUEZ Doctor en Derecho U. DE Los Andes
JAVIERA CÉSPEDES Y IAN HENRÍQUEZ
La ética no es solo una cuestión de conciencia, sino un pilar fundamental en el actuar de las personas, especialmente de quienes desempeñan funciones públicas. En el contexto del derecho chileno, la obligación de incorporar la ética en la conducta de los funcionarios públicos es clara y está bien establecida. Tanto la Constitución, como la Ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, consagran el principio de probidad, definiéndolo como la obligación de observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal, siempre priorizando el interés general sobre el particular. Sin embargo, la realidad muchas veces muestra una brecha entre la teoría y la práctica.
El último “Reporte sobre principales resultados de auditoría 2022”, de la Contraloría General de la República al servicio público, revela un panorama preocupante: contabiliza 13.178 observaciones, con un monto objetado por más de $ 2.191.776.699.242, equivalente a cerca de 3,4% del presupuesto fiscal de ese año. Estos números reflejan no solo un problema de coherencia en el respeto al principio de probidad, sino una crisis en las instituciones públicas, agravado por la falta confianza de la ciudadanía en las mismas y exacerbado por casos de corrupción y la creciente influencia de la narco-cultura.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU incluyen entre sus propuestas prevenir la corrupción. En ese marco, Chile debiera avanzar tanto en la creación de normas, como en asegurar su cumplimiento.
En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos asegurar que el actuar ético sea una constante en la carrera funcionaria? La respuesta podría estar en la educación y en la creación de incentivos. No basta con la existencia de códigos de ética; es imprescindible mejorar la formación ética de los funcionarios, desde su incorporación al servicio público y a lo largo de toda su carrera. Incluso, podría llevarse un registro de las consultas canalizadas donde se destaquen las buenas y las malas prácticas que se han visto en las instituciones, no solo para lograr un adecuado monitoreo de las consultas y denuncias, sino también para lograr un mejor autocontrol y autocrítica por parte de quienes ejercen la función pública.
Implementar un sistema de distinciones y retribuciones, que además de las económicas incluya reconocimientos simbólicos, podría ser una estrategia efectiva para incentivar la ética individual. Esta medida no solo premiaría el desempeño honesto, sino que también construiría una cultura institucional más íntegra para nuestro país. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, específicamente en el objetivo 16, destaca la importancia de prevenir la corrupción como un camino hacia el desarrollo sostenible. Chile, al integrar la probidad administrativa en esta agenda, debe avanzar no solo en la creación de normas, sino en asegurar su cumplimiento efectivo.
En conclusión, la ética en el servicio público no puede quedarse solo en el ámbito de las buenas intenciones. Requiere de acciones concretas, educación continua y sistemas de incentivos que promuevan y premien el actuar probo. Solo así podremos enfrentar los desafíos actuales y construir una administración pública que sea realmente un reflejo de integridad y servicio al bien común.
El Banco de Chile terminó la sesión de este martes como la empresa de mayor valor para sus accionistas en la Bolsa de Santiago, al mantenerse estable mientras la cotización de SQM sigue en un persistente declive.
Banco de Chile se valoró en $ 10,758 billones (millones de millones), al retroceder sólo 0,14% en una negativa sesión para la bolsa chilena en general. Por otro lado, SQM-B cayó 2,19% y SQM-A retrocedió 0,49%, con lo que la empresa registró un market cap de $ 10,707 billones.
Medidos en dólares, estos son US$ 11.420 millones versus US$ 11.365 millones, respectivamente. Ayer lunes el banco había logrado superar momentáneamente a SQM en operaciones intradía, pero hoy su ventaja se prolongó hasta el cierre.
Cuesta abajo
Ya en febrero el banco de Citi y el grupo Luksic logró cerrar en tres ocasiones como la firma más valiosa de la plaza local, antes de que SQM recuperara la ventaja que ha mostrado esta empresa en los últimos años, caracterizándola como un gigante de influencia sin comparación en el índice S&P IPSA.
La posición vuelve a estar en disputa, debido a que SQM-B acumula un retroceso de 28% a mínimos desde abril de 2022 en lo que va del año, mientras que el Banco de Chile sube 2,91% en el mismo período, no lejos de los máximos históricos vistos a mediados de mayo.
“SQM se ha movido los últimos años muy alineada a los índices de precio del litio grado batería. En 2024 los precios se habían estabilizado en torno a US$ 15 mil por tonelada, pero en las últimas semanas hemos visto nuevas caídas hasta US$ 13 mil por tonelada, provocando correcciones en todos los productores, tanto SQM como Albemarle”, dijo a DF el subgerente de Estudios Renta Variable en BICE Inversiones, Aldo Morales.
De hecho, el carbonato de litio terminó de borrar su repunte de este año y cerró este martes en nuevos mínimos desde agosto de 2021, según datos de Asian Metal.
“Entre las probables razones destacan los anuncios ligados a potenciales aranceles a vehículos eléctricos (EV, sigla en inglés) chinos en Europa, considerando que gran parte de la demanda de litio proviene de la industria EV en ese país. En menor medida, el tema Tianqi también ha generado mayor volatilidad en el corto plazo”, explicó Morales, en referencia a la polémica entre la minera china y SQM por su acuerdo con Codelco para producir litio.
Buena parte de los departamentos de estudios sigue esperando ver un repunte bursátil de SQM, pensando en que el litio estaría actualmente en la parte baja de su ciclo.
Poder bancario
Mientras tanto, Banco de Chile sigue con una pujanza sobresaliente, tal como muestra su retorno sobre el patrimonio (ROE, sigla en inglés), ya que su reporte de mayo vino con un ROE mensual de 25,5%. De esta forma, sigue retribuyendo a los accionistas en los mismos niveles que durante los últimos trimestres, donde los ROE de la competencia se han mantenido entre 10% y 15%.
Credicorp Capital espera que en este segundo trimestre la entidad financiera muestre una rentabilidad de 24,1% en términos de ROAE, métrica que toma como base de comparación una serie suavizada del patrimonio.
“Con estos resultados, debería quedar claro que la normalización de los resultados financieros ha tardado más de lo previsto inicialmente. De hecho, nuestras estimaciones ya incorporan el ROE mensual del 25,5% en abril y mayo. Esta evolución positiva se explica por un margen de intermediación todavía sólido, beneficiado por la baja de las tasas de interés y la mayor inflación durante el trimestre”, dijeron los analistas de Credicorp, Daniel Mora y Santiago Martínez.