Exabogado del CDE en picada contra el organismo por caso de tráfico de influencias

¿Qué cree que está ocurriendo?

Desde un punto de vista normativo parece no caber duda de el que debía querellarse en este caso era el CDE, no el INDH, entonces la pregunta que surge es ¿Qué lo detiene?. Existe una norma en la ley orgánica del CDE que resuelve el conflicto de competencia. El artículo 6 establece que en los casos en que el CDE ejerza la acción penal que también corresponda a otros órganos, cesará la facultad de representación de éstos en el respectivo procedimiento.

¿Qué se debería entonces analizar?

Sería bueno examinar la razón para que el INDH, aparentemente, excediera sus facultades interponiendo querella en este caso. Y es que la corrupción es un fenómeno que parece abrirse paso por todos los rincones en el último tiempo y requiere de la acción decidida y oportuna del Estado para combatirla. En este contexto cabe preguntarse si el CDE está cumpliendo cabalmente su rol aquí.

¿Hay lentitud por parte del organismo?

Distintos presidentes del CDE han planteado que este organismo interpone querellas sólo cuando hay buenos antecedentes como para hacerlo, lo que puede demorar justificadamente su participación. Pero en este caso, se ha filtrado a la prensa que sí existen indicios claros de hechos que podrían motivar una querella por delitos funcionarios. Entonces la pregunta de nuevo es: ¿Qué es lo que detiene al CDE?

¿Usted no tiene respuestas al respecto, habiendo sido parte de la defensa estatal?

Pienso que pudieran existir dos respuestas. La primera tiene que ver con su orgánica interna. Quienes nos hemos desempeñado en ese lugar o quienes litigan contra esa institución saben que sus decisiones son adoptadas por consejeros especialistas. De esta manera, los juicios penales son resueltos por tres consejeros que integran el comité penal, asesorados, incluso, por excelentes profesores de derecho penal. Sin embargo, en los casos más emblemáticos la decisión debe ser adoptada por el organismo pleno en el que participan otros nueve abogados cuya especialidad no es el derecho penal. ¿Cómo resuelven esos consejeros cuya experiencia y conocimiento no se vincula con este tipo de causas?, ¿siguen primando las razones técnicas o imperan consideraciones políticas en sus decisiones?, ¿puede que esta estructura demore decisiones que debieran ser más ágiles?.

¿Qué sería entonces lo segundo?

Lo segundo, y lo señalo desde mi propia experiencia como ex abogado penalista del CDE, es que curiosamente a pesar de que el fenómeno de la corrupción ha ido en aumento y se ha hecho cada vez más compleja, los juicios orales son cada vez más largos, el CDE ha ido disminuyendo su planta de abogados y técnicos penalistas en Santiago, así como precarizando su labor.

¿Habría que fortalecer el área penal?

Evidentemente no se puede condenar con fuerza la corrupción y al mismo tiempo fragilizar la unidad penal del CDE, que resulta imprescindible en la tarea. La corrupción, decía Aristóteles, acompaña a todas las sociedades, porque el origen de la corrupción son las pasiones y los seres humanos tienen irremediablemente pasiones. Afortunadamente existen las instituciones, como el CDE por ejemplo, al que debemos siempre fortalecer, porque son esas organizaciones las que deben al final del día homenajear a la ley y aplicarla. Y hacerlo sin risa y sin llanto.

Tras su salida del CDE, Rodrigo Reyes se especializó en compliance o “cumplimiento normativo”, asesorando desde Prelafit a empresas para monitorear y alertar riesgos de corrupción en sus funcionarios. Por tal motivo, y su experiencia como litigante, su visión de los hechos que han sido destapados por Ciper da cuenta de que se podría estar ante conductas de cohecho y soborno cometidas por jueces.

¿Cree que estamos frente a un caso de alta corrupción?

Lo que aparece de los chats es que el ex ministro Poblete ayuda a la ministra Letelier a acceder a la Suprema. La contacta con Mario Desbordes y se preocupa de su campaña de manera bien ejecutiva. Este juez, sabemos, casi no dictaba fallos. Lo suyo era el lobby. Pero eso incluso no parece ser delito, aunque no sé si muy ético.

¿En base a su experiencia, dónde estaría el delito?

Mira, él recomienda a la ministra Letelier con Desbordes no por ser buena profesional, por ser una mujer brillante, por ser una académica o un buen ser humano, la recomienda por ser de “centro derecha” porque estaba “dispuesta a trabajar y ayudar” y “se contaría en ese periodo con una persona muy confiable”. Eso dicen los mensajes.

¿Entonces cuándo se configuraría en ese escenario una infracción penal?

El problema se complejiza después porque Letelier defiende a Poblete para que no sea exonerado del Poder Judicial y lo trasladen a Copiapó. Eso podría ser constitutivo de cohecho hoy porque se trataría de la obtención de un beneficio, el no ser exonerado por haber ayudado a la ministra a llegar a la Suprema. No es necesario un beneficio económico y puede ser “de cualquier naturaleza” desde el año 2018 en que modificó el tipo penal de cohecho.

Siempre se plantea que es un delito difícil de probar ante tribunales…

Puede que halla un problema de prueba, pero parece evidente que acá hay una transacción. Posteriormente el ministro Poblete, quien se encontraba en prisión preventiva por graves hechos de interceptaciones ilícitas, intenta un recurso de amparo para obtener su libertad por el caso de espionaje telefónico en que es imputado, en el que ministra Letelier no se inhabilita y vota para acoger el amparo y que su amigo, y su jefe de campaña al parecer, obtuviera la libertad.

¿Eso es lo que tiene en un escenario muy complejo a la magistrada?

Mire, lo que pasa es que eso puede ser un bonito gesto de amistad, pero cuando se desempeña un función pública y ese amigo (el ministro Poblete) fue tu “jefe de campaña”, en el tiempo en que -sabemos ahora- debió estar redactando fallos en vez de estar actuando como lobista o fraguando intervención telefónicas ilícitas, el asunto se complica mucho más.