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Expertos plantean cinco desafíos de la educación superior en Chile

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Contar con los recursos necesarios para crecer y dar sostenibilidad a las universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP); dónde y en qué condiciones están trabajando los egresados de las instituciones de educación superior; y cómo el cambio tecnológico está impactando en el diseño de los programas académicos, fueron algunos de los temas que tres destacados expertos en educación: Luz María Budge, presidenta Consejo Nacional de Educación; Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián (USS) y José Joaquín Brunner, experto en educación, debatieron en el marco del conversatorio “Desafíos de la Educación Superior en Chile”.

José Joaquín Brunner, experto en educación; Luz María Budge, presidenta Consejo Nacional de Educación; y Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián. Foto: Andrés Pérez / La Tercera.

Durante la conversación, los expertos abordaron de manera integral los desafíos del sistema de educación superior y plantearon cinco temáticas que se deberían abordar en un debate serio basado en la evidencia y en la proyección de los avances tecnológicos y los cambios en la sociedad para entregar la mejor formación a las actuales y futuras generaciones de estudiantes de la educación terciaria en Chile. A continuación, entregamos un extracto de estos planteamientos.

Hugo Lavados planteó que la flexibilidad de los currículos de las carreras que se imparten en la educación superior ha estado poco presente en el debate actual, que se ha centrado principalmente en lo financiero, dejando de lado aspectos tan importantes como la calidad y el acceso.

“Tenemos un tema que es muy difícil de resolver, que es cultural. Y es que, en Chile, todo el mundo, la familia, los estudiantes, los académicos y los políticos conciben la universidad y la educación superior en general sólo como entrar a una carrera específica. Y eso trae malas consecuencias para el futuro, sobre todo en términos de la flexibilidad que se necesita para el mundo de hoy y con mayor razón el de mañana, al avance del conocimiento, la tecnología y a la necesidad de que en algunas áreas de gran especialización se hace complejo solamente constreñirse a una carrera específica. En Chile nadie concibe no entrar desde el primer año, el primer día de clase a estudiar derecho, enfermería, etc. y eso termina siendo un problema desde el punto de vista del mercado del trabajo y la especialización”.

Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián. Foto: Andrés Pérez / La Tercera.

La falta de conocimiento base con que algunos estudiantes secundarios ingresan a las casas de estudios superiores es otro de los problemas que éstas experimentan, señaló Luz María Budge. “El gran desafío de las universidades es cómo pueden comprometer un determinado número de años de estudio para un perfil de egreso que ha sido consensuado, y recibir alumnos que en realidad están entre tres y cuatro años por debajo del conocimiento esperable para entrar. Esto supone una inversión por parte de las universidades en recomponer esas carencias. Los perfiles de egreso de la gran mayoría de las carreras fueron hechos incluso antes de que existiera la inteligencia artificial nueva, como ChatGPT”, sostuvo.

Luz María Budge, presidenta del Consejo Nacional de Educación. Foto: Andrés Pérez / La Tercera

Desarrollar más laboratorios y actividades prácticas y contratar a profesores que estén a la vanguardia en sus disciplinas implica costos elevados para las casas de estudio superiores, lo que pone más presión al tema del financiamiento, planteó José Joaquín Brunner. “Tengo la impresión de que en general nuestras instituciones de todo tipo en el sistema de educación superior se han modernizado muy fuertemente en términos de gestión. Pero estamos llegando a un límite con los recursos existentes. Aunque se optimice y se racionalice al máximo su uso, efectivamente muchas instituciones empiezan a sentir que no tienen espacio para poder seguir creciendo. Y ahí hay un desafío para la política, para los gobiernos, para el que existe y los que vendrán. El desafío mayor es cómo vamos a armar un sistema de financiamiento que sea sustentable en el tiempo para la educación superior”, afirmó.

José Joaquín Brunner, experto en educación. Foto: Andrés Pérez / La Tercera.

Siguiendo en la línea del financiamiento universitario, pero acotado al Crédito con Garantía Estatal (CAE), Hugo Lavados dijo que “estamos muy focalizados en un tema que hay que arreglar de alguna manera, el tema del CAE y de la deuda del CAE. Hay que arreglarlo. El país sabe, el gobierno sabe, y todo el mundo sabe que en realidad esto no significa una condonación, porque no puede haber una condonación ni desde el punto de vista político, mucho menos del punto de vista económico, y porque desde el punto de vista ético no sería lo más justo de hacer. Entonces, en realidad tenemos que pasar rápidamente a una pregunta distinta, que es cómo vamos a financiar un sistema durante los próximos 15 o 20 años”, agregando que el tema del CAE “está lleno de mitos. Está lleno de lo que uno piensa podría ser definiciones políticas, pero no están basadas en hechos reales, sino que, o en visiones antiguas o en mitos”.

Luz María Budge subrayó la importancia de preguntarse por la empleabilidad de los egresados de las universidades, pues “la empleabilidad la seguimos solamente en el caso técnico, no en los universitarios. Preguntamos cuál es la tasa de titulación, pero no les preguntamos cuál es su tasa de empleabilidad, ni cuántos siguen en el área para la cual estudiaron, ni si acaso están haciendo aportes como los que se esperaba que pudieran dar”, todo esto, en el contexto de la calidad de la educación que se entrega. “Pensar que el momento de la educación superior sigue siendo el punto principal de la formación de las personas es anacrónico (…) es erróneo pensar que el joven, a los 18 años, se juega la vida, porque a lo largo de su vida va a ir adquiriendo un conjunto de conocimientos y habilidades para el mundo laboral”, sostuvo José Joaquín Brunner.

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Bonos verdes: crece popularidad como alternativa de empresas

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En el mundo bursátil, los bonos verdes, usados por los emisores para financiar proyectos con fines medioambientales, están robándose las miradas.

Para los analistas, abundan las razones de su creciente atractivo. Pablo Bawlitza, gerente de finanzas corporativas de BCI, explica que la creciente importancia mundial por el cambio climático ha desarrollado la proliferación de fondos de inversión destinados a cartera de activos con calificación verde o ESG; y al mismo tiempo, los esfuerzos medioambientales han derivado en una gran cantidad de convenios y acuerdos internacionales que han puesto restricciones relevantes a la inversión en bonos no vinculados a actividades ESG.

“Los bonos verdes corresponden a instrumentos financieros de renta fija que califican en una de las categorías ESG (sustentables). Bonos cuyo uso de fondos o los compromisos asumidos por el emisor, están vinculados a actividades de protección y control de contaminantes provocados por las actividades de las empresas emisoras o sus filiales”, dice Bawlitza.

Raimundo Alcalde, jefe de ESG de LarrainVial Asset Management, destaca el rol de los SLB (bonos vinculados a la sostenibilidad por sus siglas en inglés), ya que las compañías que los emiten se comprometen a llevar a cabo ciertas metas predefinidas de sostenibilidad. “Si alguno de estos objetivos no se cumple, la empresa aumentará la tasa de interés del bono, beneficiando a los inversionistas y también presionando a la empresa para mejorar su desempeño en sostenibilidad”, asegura.

Bonos verdes: su creciente popularidad y por qué son una buena alternativa para las empresas

Basándose en la emisión de los bonos sostenibles por parte de las empresas, Alcalde asegura que los denominados verdes ocupan un papel preponderante: entre enero y marzo los SLB representaron casi un 11% de todos los bonos corporativos en circulación en Latinoamérica. “De todas las emisiones del primer semestre, el 27% fueron sostenibles, y los (bonos) verdes dominan”, agrega.

Así, casi un 70% tanto de los SLB en circulación como de las nuevas emisiones en el primer semestre, son bonos verdes. “Su popularidad puede ser explicada por el apetito que ha tenido el mercado por ellos, dada la urgencia de mitigar los efectos del cambio climático en la región y la relevancia que ha cobrado para las empresas el impacto ambiental de sus operaciones en la sociedad. Por otro lado, y ligado a esto último, cada vez más inversionistas han comenzado a integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en sus análisis de inversión”, señala.

Chile, Brasil y México son líderes del mercado de bonos en Latinoamérica, mediante la emisión de bonos sostenibles y vinculados a la sostenibilidad. Según un reporte de S&P Global de febrero, los SLB siguen siendo relativamente más frecuentes en A. Latina que en otras regiones.

Reinalina Chávarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile, está convencida de que los bonos verdes estimulan la participación de las entidades financieras e inversionistas institucionales, a través de sus estrategias de negocios, para contribuir a la descarbonización de la economía.

Esta herramienta cuenta con la posibilidad de ofrecer inversiones a mayor plazo en actividades o proyectos con bajo impacto en emisiones de gases de efecto invernadero y que, al mismo tiempo, generan resultados positivos en el medioambiente y sobre las personas. Para la académica, estos principios sirven para orientar las decisiones de inversión de una compañía o un conglomerado de negocios: “Es lo que conocemos como finanzas sostenibles”, puntualiza.

Según Chávarri, a corto plazo la sustentabilidad es una definición estratégica de las firmas: mirar el largo plazo con sus impactos y riesgos: “Lo anterior, permite diseñar e implementar estrategias con metas e indicadores que muestran de manera objetiva que, al adherir a tales principios de inversión, es posible crecer y desarrollarse a la vez”.

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Tras fatal accidente: EFE informa que servicio de trenes a Rancagua y Chillán permanecerá suspendido por tres días más

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La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) informó este viernes que el servicio de trenes en dirección al sur, que incluye destinos como Rancagua y Chillán, permanecerá suspendido por al menos tres días más tras el fatal accidente ocurrido la madrugada del jueves en San Bernardo.

Cabe recordar que la suspensión del servicio en dirección al sur comenzó tras el choque frontal entre un tren de pasajeros que realizaba pruebas de velocidad y un convoy de Fepasa que transportaba más de mil toneladas en láminas de cobre. El hecho dejó dos personas fallecidas de la máquina de carga y nueve heridos.

Este sábado se producirá la formalización del operador de vías y del maquinista de EFE, quienes fueron detenidos tras la tragedia.

Con todo, la empresa de trenes informó que las salidas a la Región de O’Higgins y del Ñuble permanecerán suspendidas durante este fin de semana y también hasta el lunes 24 por los trabajos que se realizan para volver a habilitar las vías férreas.

En el caso de los viajes a Chillán, la empresa habilitó un formulario para que los usuarios pueden solicitar la devolución del valor de sus pasajes, disponible en su sitio web.

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¿Cuántos empleados públicos tiene el Estado de Chile?

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Se trata de un tema recurrente en los debates políticos en el último tiempo y que hoy vuelve a escena. Conocer el número real de las personas que trabajan en el sector público, su evolución y el grado de confiabilidad de los datos existentes al respecto, se ha transformado en una tarea compleja y donde se mezclan una serie de nudos difíciles de desatar.

El año pasado el clima político se encendió cuando el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio cuenta de un fuerte crecimiento del empleo público en distintas mediciones. Una de ellas, del trimestre móvil septiembre-noviembre de 2023, mostró un alza de los asalariados públicos de casi 100 mil personas (9,1%), el mayor incremento desde agosto de 2019, previo a la pandemia y a la crisis social.

Para contrarrestar las críticas sobre este aumento, en un año caracterizado por el alza del desempleo y el fantasma de la recesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, relativizó las cifras del INE y las comparó con un alza más moderada de las estadísticas emanadas del llamado Gobierno Central, el que incluye sólo a ministerios y servicios públicos, al Congreso -excepto parlamentarios-, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público.

De esta forma, el secretario de Estado planteó que las cifras de empleo público del INE darían cuenta de una realidad en sectores públicos que no tienen relación con la administración del gobierno de Gabriel Boric. “Puede ser que haya otra parte donde está aumentando (el) personal, puede ser que sea en las municipalidades (…) que no tenemos información completa. Hay dificultad para validar a esa información”, explicó en la oportunidad, sin dar más detalles.

“Esta idea repetida, que se da en innumerables oportunidades, foros, entrevistas, de que acá toda la plata se está yendo a contratar funcionarios públicos, simplemente no cuadra con los datos”, aseguró el ministro entonces.

Sin embargo, la fuerte polémica revela un problema más de fondo: la inexistencia de estadísticas oficiales y confiables acerca de cuál es la real cantidad de funcionarios públicos que hoy trabajan para el Estado de Chile y que van más allá de los empleados contabilizados en el Gobierno Central, los que llegan a 488.153 personas, según el último informe censal de Recursos Humanos del Sector Público de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

¿Cuántos empleados públicos tiene el Estado de Chile?

De hecho, la última encuesta del INE cuantifica en 1.214.315 los asalariados públicos al trimestre febrero-abril de 2024, ya que incluye a todos los que se autodeclaran como tales y, por lo tanto, suma a todo el Gobierno Central y al sector público descentralizado. Es decir, aglutina además a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, de las empresas públicas, de las universidades estatales, y empleados municipales y servicios municipalizados. Pero al ser autodeclarado, puede considerar también a gente que se desempeña en un ente público, pero que lo hace por medio de una firma que presta sus servicios y que por tanto son trabajadores que pertenecen al sector privado.

“La prueba más evidente de que no sabemos cuánta gente trabaja en el Estado es cuando el INE publica trimestralmente la evolución del empleo y, una parte relevante, se explicaba el año pasado por el aumento de las contrataciones en el sector público. Si tuviéramos la información, se podría explicar el origen, sector, localidad, tipo de empleados… y, en caso de identificar crecimientos de dotación que no se justifican, las autoridades podrían tomar las medidas correctivas. Pero el debate se enfoca en determinar responsabilidades de lado y lado, sin llegar a ninguna conclusión”, reclama el investigador asociado de CIES-UDD y exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo.

Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos.

Frente a la consulta de Pulso La Tercera sobre la estadística oficial de empleados que hoy tiene la administración pública en Chile, la Dipres respondió usando cifras “estimadas” de beneficiarios del reajuste del sector público que cada año entrega el Estado.

Para la ley tramitada en diciembre de 2023, los beneficiarios se estimaron en 844.934 personas. Esta proyección considera a los trabajadores del sector público, incluidos los funcionarios municipales y de atención primaria de salud, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y el personal de los otros Poderes del Estado, afirmó la Dipres. La proyección, sin embargo, excluye, por ejemplo, a quienes trabajan en empresas estatales (que tienen su propia negociación salarial y se rigen por el Código del Trabajo), universidades y centros de formación técnica del Estado, y también al personal a honorarios.

El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, cree que no resulta “razonable” que el Estado carezca de una cifra oficial y confiable de todos quienes trabajan en el sector público, en momentos en que la tecnología permite una recopilación menos engorrosa respecto de décadas atrás.

Imagen David Bravo y Jere Behrmann41
David Bravo, académico de la UC.

“La pregunta es cómo se puede hacer gestión pública si no se tiene esa información de trabajadores públicos detallada. Habla mal del Estado no responder a una pregunta tan simple”, reclama el economista de la UC.

“Si un gerente (en el sector privado) llega a una empresa, pero no sabe si tiene 300 trabajadores o 3 mil, no es presentable”, añade Bravo, quien desliza también las posibles deficiencias que puede haber en la entrega a la Dipres de los datos de funcionarios públicos provenientes de instituciones como las municipalidades.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, profundiza acerca de la calidad y cobertura de la información entregada por varias instituciones públicas. Recuerda que en 2020, junto al ministro de Hacienda de la época, Ignacio Briones, impulsaron la Ley 21.306, que obliga a municipalidades, universidades estatales y empresas públicas a reportar mensualmente la nómina de trabajadores a la Dipres.

“Esta falta de información alcanzó su peak el año 2020, donde producto de la pandemia se apreciaban cambios significativos en la información reportada el año anterior y no contábamos con un mecanismo para chequear la integridad de los datos, como sí existía en las cifras del Gobierno Central. Por esta y otras razones, propusimos la incorporación de este artículo en la ley de reajuste y se aprobó por unanimidad”, rememora Acevedo.

El objetivo principal de la ley, añade, era saber cuánta gente trabaja en el sector público. “A la fecha, por distintas razones, seguimos sin saberlo. Además, el artículo establece multas y sanciones ante incumplimientos de esta obligación. No parece ser una exigencia muy compleja de cumplir, porque cualquier entidad, sea privada o pública, que no lleve un registro periódico de sus trabajadores denotaría un problema serio de gestión y control, y quiero creer que no es el caso. Pero a la larga, el incumplimiento de esta norma no ayuda a fortalecer la confianza de las personas en el Estado y en cómo gasta los recursos que los ciudadanos aportan”, concluye el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El artículo 70 de la Ley 21.306 precisa que la Dipres debe informar a la Contraloría General de la República sobre el incumplimiento de la obligación, la cual podrá iniciar un sumario y establecer las sanciones que correspondan respecto de las entidades sujetas a su fiscalización. “A raíz de esto, la Dipres ha reportado mediante siete oficios correspondientes a distintos períodos de tiempo la información recibida a la Contraloría General de la República, para que esta pueda aplicar las acciones que le correspondan. El oficio más reciente enviado por Dipres a la Contraloría aborda la información reportada por las instituciones públicas durante el primer trimestre de 2024 y da cuenta de 345 instituciones que no habían cumplido con su obligación ya sea completamente o en forma parcial (con uno o más períodos faltantes desde 2021)”, complementa el organismo liderado por Javiera Martínez.

Javiera Martínez, directora de Presupuestos.

Pese a los oficios enviados por la Dipres y su obligación legal de establecer sanciones ante incumplimientos, la Contraloría se limitó a precisar a Pulso La Tercera que “no se han instruido sumarios por esta causa”.

La Dipres sostiene que tan importante como el reporte de la información de las instituciones es que estos datos sean de calidad, para que contribuyan al diseño de políticas públicas. Para ello, añade la repartición, la Dipres está trabajando en mejorar los mecanismos de reportabilidad histórica y hacia futuro.

Un exfuncionario de la Dipres, que prefirió el anonimato, explica que la mayor parte de las municipalidades del país quebrantan la ley y, muchas veces, no entregan la información requerida o envían datos parciales, difíciles de corroborar. “Muchas veces se entregan paquetes generales de información, sin especificar el RUT de cada empleado”, detalla la misma fuente.

Al respecto, la Dipres sostiene que la estimación global del número de los funcionarios municipales para efectos del reajuste del sector público se hace “considerando las fuentes de información disponibles en el Estado al momento de realizar la estimación”.

De hecho, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, anticipó que publicará semestralmente estadísticas consolidadas, según la información disponible, del número de trabajadores informados por las instituciones públicas. “A partir del 28 de junio se publicarán los promedios anuales de 2021 a 2023 divididos por grupos más amplios que la información con la que se cuenta actualmente. Se entregará información sobre la administración central (ministerios y servicios públicos), organismos autónomos, empresas públicas, municipios, universidades y CFT estatales. Para reportar esta información se usarán tanto los datos del Informe de Recursos Humanos del Sector Público de Dipres para el nivel central, como los que se reportan en virtud del artículo 70 de la Ley 21.306 que son autorreportados por las instituciones”, concluye la Dirección de Presupuestos.

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