La meta era ambiciosa. Desde el momento en que se anunció y dado los plazos que se fijaron, surgieron voces que pusieron en duda que se lograra. Eso en el propio gobierno lo tenía internalizado, pero el fast track era una estrategia para acelerar la tramitación de 21 proyectos económicos, incluidos en el pacto fiscal.

El viernes 10 de mayo, luego de reunirse con las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, el Ejecutivo anunció un acuerdo alcanzado con los legisladores para darle prioridad a un grupo de iniciativas de ley relacionadas con el impulso al crecimiento, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Ese mismo día se estableció el plazo: tener aprobada la mayor cantidad de esas propuestas a fines de septiembre. Esto, porque después de esa fecha se inicia la discusión de la Ley de Presupuestos, la cual copa la agenda legislativa por dos meses.

“Hemos discutido y avanzado en acuerdos para impulsar una agenda de proyectos de ley. Ha habido acuerdo en la necesidad de dar una señal importante al país de prioridad, de urgencia en lo que se refiere al impulso al crecimiento, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Es importante mostrar compromisos que nos ayuden a avanzar más rápido en esta materia y como producto de ello, concordar la necesidad de establecer un fast track legislativo para proyectos en estas tres dimensiones”, afirmó en ese momento el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Y añadió que “nos comprometemos, tanto como Ejecutivo como ambas Cámaras, para acelerar la tramitación legislativa de este paquete de proyectos con el propósito de que estén aprobados antes de fines de septiembre”.

Excluyendo las semanas distritales, quedan cuatro semanas legislativas para que se cumpla ese plazo autoimpuesto, y el balance no es auspicioso.

De acuerdo a un recuento realizado por Pulso, de los 21 proyectos, sólo uno está aprobado y listo para ser ley; 10 se encuentran en su segundo trámite legislativo; 9 están recién iniciando su camino en el Congreso, y uno todavía no ingresa.

Al analizar la distribución por comisiones, seis ingresaron por la Comisión de Hacienda del Senado y cuatro por la Comisión de Hacienda de la Cámara, por lo que el peso de su tramitación está radica en esas instancias legislativas. Además de las comisiones de Hacienda, las iniciativas se distribuyen en las comisiones de Economía, Medioambiente, Transporte, Vivienda, Cultura, Constitución y Legislación, Gobierno Interior, Obras Públicas y Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados.

Si bien son 21 los proyectos, los prioritarios para el gobierno son tres: cumplimiento de obligaciones tributarias o antievasión; ley de permisos sectoriales (permisología); y el que modifica la institucionalidad ambiental para la aprobación de la inversión. El primero, porque es el que entregará una mayor recaudación, y los otros dos, porque son clave para impulsar el crecimiento económico.

Hay otro grupo de iniciativas que esperaba un trámite expedito, ya sea porque son modificaciones más puntuales, como el proyecto de incentivo al turismo o el que crea una agencia para la evaluación de las políticas, o el que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

El proyecto de responsabilidad fiscal fue aprobado y despachado por el Congreso a principios de julio. En general, en esta iniciativa destaca la introducción de una regla dual dentro del Decreto de Política Fiscal que debe presentarse al inicio de un nuevo gobierno, con metas de balance estructural y un ancla de deuda de mediano plazo, medida a través de la deuda bruta del Gobierno Central. Además, en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) se deberá incorporar un pronunciamiento sobre el rol de la política de activos del Tesoro Público durante su período.

También incorpora la posibilidad de activar “cláusulas de escape” ante eventos extraordinarios y transitorios que ocasionen un deterioro significativo de las condiciones macroeconómicas, ajenos al accionar propio de la administración, que deban ser enfrentados con un desembolso de recursos fiscales más allá del que permitan los objetivos de balance estructural y endeudamiento por hasta dos años. Asimismo, establece que se deberá informar el cumplimiento de las metas tras el cierre definitivo de cada año fiscal y la sustitución del decreto será exclusivamente cuando se active una cláusula de escape o por otras causales extraordinarias.

Es uno de los dos proyectos tributarios del pacto fiscal. Y es el que el gobierno incluyó dentro de esta agenda de “vía rápida”. Si bien todavía le resta camino por recorrer, sí ha tenido pasos importantes en cuanto a los acuerdos que Hacienda y el gobierno han realizado. En lo reciente, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó dos artículos en particular: se trata de un nuevo procedimiento para levantar el secreto bancario para investigaciones tributarias y otro para delitos de mayor gravedad que tienen pena de cárcel. En ambos se establecen plazos acotados para que se levante esa información, ya sea por voluntad propia del contribuyente o vía judicial.

El otro tema relevante que se acordó y modificó fue el denunciante anónimo. En el texto que se aprobó se menciona que “perderá la calidad de denunciante anónimo aquel que, habiéndose otorgado la resolución señalada en el inciso segundo, renuncie al anonimato o haga publicidad de la denuncia”. Asimismo, se determina que “para la procedencia de la retribución establecida en el presente artículo el impuesto defraudado deberá ser superior a 100 UTA”, unos $80 millones.

Pese a este avance, se espera que la comisión lo despache en su totalidad a principios de septiembre. Luego debe pasar a la sala para obtener su respaldo y saltar a la Cámara de Diputados para su revisión en tercer trámite. En esta instancia está la probabilidad cierta de que vaya a una Comisión Mixta, considerando algunas opiniones de diputados a quienes no les pareció que el gobierno reformulara el proyecto que ellos aprobaron, en el Senado. Eso va configurando un escenario de aprobación total más hacia octubre-noviembre.

Es el proyecto más importante que ha liderado este año el Ministerio de Economía. Ingresó a principios de año a la Comisión de Economía de la Cámara y ha ido avanzando de manera lenta, pero no porque no se le haya dado celeridad, sino porque es un cambio estructural a la forma en que se gestionan los permisos para realizar los proyectos de inversión. Eso es lo que han transmitido los diputados que integran dicha instancia legislativa. Su presidente, Víctor Pino (Demócratas), indica al respecto que “se comenzó el debate con poco acuerdo, pero eso ha ido cambiando. Se acordó trabajar con una mesa técnica de asesores para ir buscando los consensos y por eso las votaciones de los artículos han sido con acuerdos”.

Una de las modificaciones principales que ha hecho el Ejecutivo al proyecto original, es cambiar la institucionalidad. La propuesta inicial creaba un nuevo organismo para coordinar la tramitación sectorial, que tenía como objetivo velar por el cumplimiento de las normas de tramitación, y liderar y guiar a los servicios en la constante mejora del marco normativo de los permisos sectoriales. Esa nueva agencia iba a estar integrada por 39 personas y sería independiente del gobierno de turno. El principal reparo que hubo por parte de la oposición fue que se seguían generando organismos públicos, lo que significaba mayores recursos.

Ante ello, el gobierno cambió esa institucionalidad por una más acotada. Lo primero que se hizo fue optar por el fortalecimiento de una repartición interna del Ministerio de Economía. Así, será una sección dependiente y alojada dentro de esa secretaría de Estado. Esto permitió destrabar el debate y el proyecto comenzó a ser votado en particular.

Pino acota que se abrió un nuevo margen de indicaciones hasta fines de agosto y que el plazo que se autoimpone para despacharlo de la comisión es a mediados de septiembre, con lo cual la sala de la Cámara lo podría votar a fines de ese mismo mes para iniciar luego su análisis en el Senado.

En enero de este año, el gobierno presentó el proyecto de ley que reforma el procedimiento de evaluación ambiental para los proyectos de inversión. En mayo, la Comisión de Medio Ambiente del Senado, instancia donde está radicado, lo aprobó en general. Y en junio pasó esa valla en la sala de la Cámara Alta, abriendo con ello un plazo para ingresar indicaciones. Este trámite refleja que ha sido lento su avance. Para acelerarlo, el Ejecutivo lo incluyó dentro de la agenda de fast track. Sin embargo, recién la última semana de agosto se comenzará a votar en particular. En específico, uno de los temas qué más se ha discutido es la nueva institucionalidad que regirá en reemplazo de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) y del Comité de Ministros, órganos colegiados compuestos por autoridades políticas.

En primera instancia, la propuesta original del gobierno era radicar esas decisiones en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), recayendo la tarea de la evaluación y la calificación de los proyectos en el director o la directora regional del SEA respectivo. Sin embargo, esa alternativa fue rebatida por expertos y el sector privado, que cuestionaron que, para eliminar el criterio político, no debía dejarse la decisión de las reclamaciones en manos de la dirección ejecutiva del SEA, designada por el gobierno de turno.

Como respuesta, el Ejecutivo ingresó una indicación creando un Consejo de Reclamación Ambiental, órgano colegiado que resolverá las controversias sobre los proyectos evaluados en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), en tiempos acotados, reforzados por la institución del silencio administrativo. La composición de este consejo será técnica, con integrantes elegidos por Alta Dirección Pública.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sergio Gahona (UDI), afirma que, “en general, las indicaciones del gobierno recogen las ideas parlamentarias y de muchos actores que participaron y aportaron con sus miradas a la discusión del proyecto de ley que moderniza la legislación ambiental, sin embargo, hay varios aspectos relacionados con la rectoría del Servicio de Evaluación Ambiental que aún nos dejan dudas”.

En cuanto a los plazos, el senador espera tenerlo despachado de la comisión “en las próximas semanas y haremos nuestro mayor esfuerzo para que se discuta en sala dentro del último trimestre del presente año”.

Un proyecto que avanzó y se perfila como candidato a lograr su aprobación total del Congreso antes de fines de septiembre es el que entrega incentivos para impulsar el turismo. El miércoles fue despachado por la Cámara de Diputados y ahora iniciará su segundo trámite constitucional en el Senado.

Esta iniciativa crea, entre otras medidas, un Fondo de Promoción Turística Internacional con recursos que duplicarán el actual aporte vía Ley de Presupuestos, totalizando US$20 millones anuales. Asimismo, permitirá a turistas extranjeros solicitar devolución de IVA por compras de bienes que sean parte de su equipaje para llevar fuera del país a través de pasos fronterizos autorizados.