Felipe Galleguillos, gerente general de Colmena: “Estamos comenzando a interponer demandas a los afiliados (que han judicializado tabla de factores)”

“El sector que con diferencia enfrenta mayor incertidumbre en Chile es el de las isapres. Toda la noticia que está saliendo del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del regulador es simplemente incoherente y hace muy difícil, imposible, operar con normalidad y mucho menos proyectarse a futuro”. eso es lo primero que menciona el gerente general de isapre Colmena, Felipe Galleguillos, al hablar de la situación que atraviesa la industria.

Es en ese contexto que anuncia que han iniciado un ataque judicial contra los afiliados que han interpuesto recursos de amparo para dejar sin efecto la tabla de factores. “Es un nuevo tipo de judicialización que comenzó en 2021, y aunque al principio hubo muy pocas demandas, hoy el volumen ha crecido a un nivel que, por este solo tema, amenaza la estabilidad y viabilidad del sistema. Pensamos que como esto podría colapsar el sistema por sí solo, tenemos que tomar alguna acción para detenerlo en este momento (…) Es una alternativa que no hubiéramos querido tomar, pero tenemos que tomarlo dada la situación que enfrentamos”, señala.

¿Habló con las autoridades la situación que atraviesa la industria?

-Como asociación y como Hive hemos estado tratando de alertar de esto, tanto en los medios, como con reuniones con el regulador y diferentes actores, pero la verdad es que no nos sentimos escuchados. Nos reunimos con el regulador, hablamos con él, tiene toda la información financiera de la empresa, pero paralelamente vemos que toma medidas que apuntan y tienen el efecto final de colapsar el sistema. Nos preocupa (…) Apoyamos y pensamos que es urgente un cambio de modelo y una reforma profunda, ya sea a través de una nueva Constitución o de un cambio legal. Pero nuestra preocupación es el presente y el hoy, porque la verdad es que si hoy no tenemos instituciones sólidas, robustas y sanas, no hay transición posible, que es la que pensamos que debe haber. Todavía estamos a tiempo de tomar medidas para hacer posible esta transición ordenada. Creemos que estamos en un punto de inflexión.

¿Qué están haciendo en Colmena para enfrentar esta situación?

-Hemos estado tomando muchas medidas. Primero, interna, eficiencia, para asegurarse de que la operación sea eficiente. Nos sentamos con los proveedores para conseguir mejores condiciones y asegurarnos de que el uso de los recursos sea racional. También hay un gran frente legal. En marzo presentamos demandas contra el Estado por licencia médica preventiva parental (LMPP), porque pensamos que la política pública tuvo muy buen impacto (…) sin embargo, discrepamos que las isapres hayan pagado algo que es una carga del Estado . Fueron $ 29 mil millones, que es un daño significativo a la propiedad. Segundo frente: esta semana argumentamos ante el Tribunal Supremo por la adecuación (subida de precios de los planes). Nuestro argumento es que las isapres tienen el poder de ajustar los precios. Estamos esperando esa sentencia, que es muy crítica. Y lo más importante, estamos comenzando a presentar demandas contra los afiliados que nos demandaron para anular la tabla de factores.

¿Cuáles son esas demandas?

-La tabla de factores ha estado funcionando durante mucho tiempo. En 2019 la Superintendencia decretó una nueva tabla de factores, luego de todo un debate sobre la discriminación, las diferencias entre hombres y mujeres, y (ahora) la tabla de 2019 tiene los mismos factores entre hombres y mujeres, y factores que son muy similares a través de las edades . Esta tabla fue un hito para la industria, pero hoy vemos que, por un lado, aceptamos que usemos esa tabla, pero por otro lado, estos recursos de protección terminan en que el Poder Judicial nos diga: dejen de usar la tabla de factores . Entonces, lo que buscamos al demandar a esta gente es que se revise el fondo, que es algo que todavía no se ha hecho, (porque hasta ahora) son acciones que solo se refieren a la forma.

¿Bajo qué argumento?

-Básicamente el argumento es que las tablas de factores son plenamente válidas y si ya no se aplican es imposible calcular el precio del contrato, por lo tanto, el contrato pierde vigencia. Si bien las demandas son contra los afiliados, lo que pretendemos es desbaratar la industria y el negocio jurídico que ha montado un grupo de abogados que, básicamente, se beneficia económicamente del sistema de salud, al punto que la judicialización de la tabla de factores ha crecido tanto que está siendo una amenaza real y coyuntural para la viabilidad del sistema.

¿Ha cuantificado el impacto?

-Si ya no se aplica la tabla de factores, el impacto que tiene es que, en algunos casos, (el plan) baja a la mitad del precio. Eso, si lo escala, es un impacto gigantesco en toda la industria. Esto empezó el año pasado. Para aterrizarlo: lo hacen unos pocos, ha habido 20.000 juicios (contra nosotros) hasta la fecha, que es el 5% de la cartera. Ese 5% básicamente está poniendo en riesgo el 95% de la cartera. La cobertura de salud que le podemos dar a la gente, si esto sigue escalando, podría terminar. Entonces, vemos un acto de responsabilidad en esto, al final es una medida muy extrema. No nos gusta la medida, no nos gusta demandar a nuestros afiliados, pero sentimos que tenemos que hacerlo para defender a ese 95% de las personas, porque las isapre podrían ver comprometida su capacidad de cumplir con el compromiso de financiar su salud. Estos 20,000 juicios que tenemos hasta la fecha nos han llevado a perder $10 mil millones al año. Al mismo tiempo, los costos que hemos tenido que pagar son $3 mil millones a este grupo de abogados.

¿Cuántas demandas han presentado?

-Estamos empezando, ya presentamos algunos, pero la idea es escalar esto hasta que se detenga este flujo de demandas por la tabla de factores y detenerlo.

Dice que están en un punto de inflexión y que si no se hace nada el sistema puede colapsar. Sin embargo, la ministra de Salud sostuvo que no cree que se vaya a caer una Isapre, ya que en el 2020 tuvieron buenos resultados y con el paso de los años las Isapre han tenido una buena situación financiera, por lo que debieron ahorrar.

-Eso demuestra por qué no nos sentimos escuchados. Hemos sido muy claros con el regulador sobre la situación que vemos en la industria. El regulador también tiene toda nuestra información financiera. Entonces, el problema es que se ha configurado un escenario en el que las isapres llevan muchos meses operando a pérdidas, y me parece que no se puede esperar que ninguna industria siga operando a pérdidas, en déficit, para siempre.

¿Ahorraron en tiempos de vacas gordas?

-Lo que pasa es que el año 2021, pospandemia, sin adecuado, derivó en pérdidas gigantescas, que borraron toda la utilidad de la industria hace varios años. El problema es muy grande. Aquí el problema no es un tema de capital, ni de aportación de capital, ni del capital que tienen las empresas. Es un problema que la operación sea deficitaria y, por tanto, cualquier aportación de capital durará unos meses. Entonces, hace que esto sea insostenible.

La tabla de factores no es el principal riesgo para la industria hoy, pero ¿lo será en el futuro?

-Hay varias cuestiones que comprometen la viabilidad del sistema. Este es uno que hoy en día es muy grave, pero pensamos que en poco tiempo será uno más grave. La cuestión de la adecuación es también una cuestión importante que hay que resolver. Estamos seguros de que el Tribunal Supremo fallará a favor de la adecuación.

¿Cree que la Superintendencia va a hacer lo mismo, retractándose del fallo de primera instancia? El superintendente aún no se ha pronunciado.

Creo que podríamos ver el fallo invertido.

El aumento de la prima de GES debería llegar pronto. ¿Genera también otra incertidumbre, o tiene plena confianza en que podrá hacer el ajuste al alza?

-Por ley toca ajustar en octubre. Confío en que el regulador emitirá un decreto en cualquier momento.

Como se proyectó para este año, ¿la industria registrará pérdidas nuevamente?

-Probablemente lo mismo que el año pasado, o similar.

¿Es algo puntual ahora, producto de la pandemia, o es realmente un problema del sistema a partir de ahora?

-Si no hay adecuación de precios, si sigue aumentando la judicialización de la tabla de factores, las isapres seguirán operando a pérdida para siempre, en déficit, y eso no es sostenible. Esa es la razón por la cual la industria no es viable si no se resuelven estos dos problemas.

¿Qué les diría a quienes no creen que esté en juego la viabilidad del sistema?

-Para mí, el argumento más sencillo y contundente es que en tres años, según cifras de la Superintendencia, los costos de salud de las isapres aumentaron un 30%. No hay industria que pueda soportar un aumento del 30% en los costos sin poder hacer un ajuste también en los ingresos. Y eso es lo que estamos viendo en riesgo hoy. Son solo matemáticas: los ingresos deben ser suficientes para cubrir los costos. Los costos de las isapres corresponden al financiamiento que hacemos de la salud de las personas, y si no hay ingresos para cubrir esos costos, no alcanza para cubrir la salud de las personas, por eso creemos que es tan importante y nos preocupa tanto. Por eso estamos dispuestos a tomar medidas tan extremas de ir a demandar a nuestros propios afiliados para proteger el sistema y proteger al resto de las personas que están en nuestra cartera. Entonces, hay dos argumentos, uno que es matemático, pero también hay otro argumento: miren las acciones que están tomando las isapres y el sector salud, es decir, estar dispuestos a salir como gremio hablando de la viabilidad de la sistema y tomar acciones como están tomando todos los pasos para ir a tribunales internacionales o demandar al Estado.