El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó su análisis sobre el impacto fiscal del FES, el mecanismo que el gobierno ha propuesto para financiar la educación superior y sustituir el Crédito Garantizado por el Estado (CAE). El informe es simplemente demoledor: confirma las críticas que el mismo consejo anticipó hace un tiempo y aporta nuevos argumentos para sumarse al cuestionamiento de la Contraloría sobre la forma en que la Dipres pretende registrar los ingresos y gastos realizados bajo el nuevo instrumento.
El CFA, de esta manera, reafirma la idea de que el FES es más un impuesto que un préstamo -aunque no lo hace explícito- y rechaza la posibilidad de que los desembolsos asociados al mismo sean considerados un activo, elemento clave para su viabilidad fiscal. El hecho de que los beneficiarios de estos pagos no se comprometan a la restitución de una suma determinada y conocida -con la consecuencia de poder acabar reembolsando varias veces el coste de su carrera- obliga a concebirlos como un gasto, que debe contabilizarse como tal y que contribuirá a un déficit fiscal que ya no resiste nuevas presiones, por no hablar de la magnitud involucrada.
En resumen, sostiene el CFA, el FES es en sí mismo un mecanismo deficitario, ya que, según su Informe Financiero, los desembolsos estimados para financiar a sus beneficiarios son siempre inferiores a las contribuciones que se espera recaudar de ellos. Esto, incluso sin incorporar la posibilidad cierta de que estudiantes con buenas perspectivas de futuro recurran a alternativas menos costosas para financiar sus estudios, privando al sistema de los ingresos que requiere para sostenerse.
Por otro lado, lo que hace que el informe financiero arroje un saldo positivo en la última línea -un ahorro para el Tesoro- no es el FES en sí, sino el menor gasto por otras modificaciones independientes al mismo que contempla el proyecto de ley: la eliminación de las becas de matrícula, el aplazamiento de la prórroga de la gratuidad y el fin del CAE, que se supone mantendrá la misma morosidad actual. Una morosidad que, paradójicamente, no se habría disparado si el propio Gobierno no hubiera prometido un condonamiento que actuaba como un llamamiento al impago y, en cambio, se hubiera ocupado de reprogramar las deudas e incluso de ejercer su facultad de cobrar directamente al 55% de deudores cuya garantía se ejecutó y de los que el Tesoro se convirtió en acreedor.
El informe del CFA, así como el comunicado de la Contraloría y análisis como el de la Universidad Católica, indican que la FES requiere una reformulación total y no sólo cambios cosméticos o parciales, como pretende el gobierno. Avanzar en esta dirección será la única manera de remediar simultáneamente las amenazas que este sistema introduce en cada una de las dimensiones que afecta: estudiantes, universidades y finanzas públicas.
