La trama de alza de tasas que aplicó Transbank a sus empresas afiliadas y proveedores de servicios de pago (PSP) sigue saliendo astillas. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) decidió este martes rechazar una acción judicial interpuesta por Transbank contra la demanda de la fintech SumUp que busca frenar los incrementos en los servicios que brinda la empresa controlada por el banco.
A raíz de que la Corte Suprema revocó el esquema tarifario de Transbank por violar las normas de libre competencia, la empresa aplicó un nuevo régimen tarifario que se tradujo en un aumento de cargos a partir del 22 de agosto.
SumUp primero presentó una orden judicial a fines de agosto para detener esta política, que fue promulgada por el TDLC en septiembre. Semanas después, la fintech europea presentó una demanda contra Transbank.
En esa acción, SumUp acusó a Transbank de cometer un “conducta ofensiva” en fijar tarifas más allá de lo establecido por la Corte Suprema, por lo que es necesario”persigue la responsabilidad” por estos hechos.
En opinión de SumUp, Transbank se comprometió “un evidente abuso de posición de dominio, al estrangular los márgenes de SumUp en el mercado de adquisiciones, mercado en el que también participa Transbank y en el que tiene una posición prácticamente monopólica”.
La firma con sede en Londres solicitó al TDLC que la estructura de cobranza que llevará a cabo Transbank sea el resultado de un análisis técnico; no puede ser más gravoso que el vigente antes del 22 de agosto de 2022; deberá reflejar estrictamente los costos de los servicios prestados por Transbank a SumUp, permitiendo exclusivamente el autofinanciamiento de Transbank en este sentido; y que los márgenes de SumUp no pueden reducirse.
La respuesta de Transbank
Ante esto, Transbank respondió que el reclamo de SumUp carecía de “claridad”, por lo que le impedía a la empresa “responder, concreta y específicamente”.
Acusó que el reclamo de SumUp “contiene acusaciones y argumentos contradictorios” y que “termina con una petición de tal amplitud y vaguedad que vuelve estéril cualquier intento de resolver interpretativamente tales contradicciones”.
Transbank aseguró que su esquema tarifario fue el resultado de un “metodología revisada por un panel de expertos independientes en cuya selección de miembros participó activamente la Fiscalía Nacional Económica”.
Agregó que la empresa “Siempre ha mantenido informada a la autoridad sobre la forma en que ha puesto en práctica las recomendaciones emitidas por dicho panel”.
Aseguró que hoy “no tiene relación, control ni participación en cómo y a qué nivel se fijan los tipos de cambio (IT) o los costos de marca (CM), por lo que es materialmente imposible que se haga cargo de los efectos que tales TI o CM generan en los usuarios del sistema de pago con tarjeta, ya sean estos comercios o PSP y, en particular, se ajusten o no dichos componentes a la sentencia del Tribunal Supremo”.
La decisión del TDLC
El TDLC definió que la demanda de SumUp “cumple satisfactoriamente con el requisito de claridad y precisión necesario para que la demandada (Transbank) pueda ejercer su derecho de defensa, al exponer con claridad las conductas que darían lugar a las infracciones imputadas y el mercado en el que afectarían” .
Entre la información proporcionada por SumUp está que indicó que el aumento de tarifas fue de 190% en comparación con los cargos anteriores que venía cobrando Transbank.
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