El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekiosinformó que este jueves 9 de octubre anunciaron el cierre de la investigación por acuerdos de la fundación Democracia Viva, luego de la reapertura decretada a pedido de la defensa de Daniel Andrade.
“El caso Democracia Viva, al día de hoy, y luego de una audiencia de reapertura que se realizó ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, se encuentra en estado de acusación. ¿Qué significa eso? Que el fiscal, cumpliendo con la resolución, que ordenó la reapertura para realizar determinadas diligencias y una vez cumplidas las diligencias, procedió a comunicar el cierre de la investigación y presentar de inmediato la acusación”, dijo el fiscal.
El fiscal indicó que están a la espera de la resolución del tribunal y dijo que lo que debe pasar es que se emita la resolución que fije la audiencia para la preparación del juicio oral.
“Respecto a si hay alguna modificación en la acusación, nada. Lo que hubo fue una audiencia de reapertura, que es una facultad que tienen los intervinientes para solicitar diligencias que creen que el Ministerio Público no ha realizado o que fueron denegadas. Eso ya pasó. Esa instancia pasó. Ahora volvemos a la instancia de cierre, acusación y preparación de un juicio oral que esperamos se lleve a cabo sin ningún inconveniente”, dijo.
La acusación, presentada originalmente en agosto, apunta al diputado anárquico Catalina Pérez, Daniel Andrade, Carlos Contreras, Paz pacífica y tres imputados más que están vinculados con los hechos investigados.
“Se les acusa de los mismos delitos de defraudación reiterada al fisco, en las cuatro vertientes, también hay delitos de blanqueo de capitales, exactamente la misma calificación jurídica, los mismos grados de participación y, por tanto, exactamente las mismas penas”, afirmó el fiscal regional.
El titular del Ministerio Público en Antofagasta afirmó que una vez finalizada la preparación, el juicio por el caso podría durar entre tres y seis meses.
Por otro lado, sobre la investigación del caso por parte de la fundación ProCultura, explicó que se hizo una presentación para revertir la inadmisibilidad del recurso que interpusieron contra el traslado del caso a Santiago.
El fiscal revisó las decisiones que ha tomado el fiscal nacional, Ángel Valencia, trasladando el caso.
“El caso ProCultura se inició en la comuna de Antofagasta. Posteriormente fue trasladado por decisión del fiscal nacional mediante facultad establecida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, al fiscal regional de Aysén (entonces Carlos Palma, hoy formalizado). Posteriormente, el fiscal nacional lo trasladó a la Fiscalía Regional de Coquimbo bajo la responsabilidad del fiscal regional Patricio Cooper. Y luego respecto de un recurso de amparo que se interpuso en nuestra Corte de Apelaciones, esta investigación se traslada con la misma autoridad a la Fiscalía Regional de Antofagasta”, explicó.
El fiscal sostuvo que hacerse cargo del caso implica “hacerse cargo de todas las diligencias investigativas que se adelantaron anteriormente y realizar todas aquellas diligencias investigativas que están pendientes respecto de una fundación que está siendo investigada por la celebración de diferentes convenios en aproximadamente siete regiones, tanto con gobiernos regionales como con otros servicios públicos”.
“Uno de los avances que se dieron en la investigación fue un pedido de fuero que hice en relación al gobernador de la Región Metropolitana”, dijo Castro Bekios, en alusión a Claudio Orrego.
Respecto a la improcedencia del recurso de apelación de la Fiscalía de Antofagasta para impedir el traslado del caso a Santiago, a pedido de la defensa de Orrego, el fiscal indicó que presentaron recurso de hecho.
“Es un tema que tiene que seguir su curso. La resolución de la violación está pendiente. Pero, obviamente, esperamos que quien tenga que saber de la violación se resuelva lo antes posible. Para que podamos avanzar con ese aspecto de la investigación. Pero ojo, el caso Pro Cultura es mucho más grande. Tiene muchas vertientes. Hay muchos gobiernos regionales. Y, por lo tanto, también tenemos que, en paralelo, seguir con los diferentes aspectos de este caso”, dijo.
“Se interpuso el llamado recurso de facto, que en este caso procede respecto de lo que consideramos la desestimación de un recurso que no debió ser desestimado”, anotó.
