Las dudas en torno al carácter de los encuentros de seis ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric con empresarios en el departamento el exalcalde UDI Pablo Zalaquett, gatilló que este viernes el mandatario le pidiera a las autoridades subir todos los antecedentes a la plataforma de Lobby, pese a que el gobierno en un principio defendió que los encuentros no eran necesariamente lobby.
Es que tras un reportaje de Ciper que primero reveló que el exalcalde había sostenido una reservada reunión con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, el titular de Economía, Nicolás Grau, y un grupo de empresarios ligados a la industria salmonera se desató un verdadero escándalo que no ha amainado con el correr de los días. Y solo ha ido en aumento porque sigue creciendo la lista de autoridades de Zalaquett.
A pesar de que el ingeniero ha insistido en que se siente orgulloso de haber generado esos espacios de conversación, las comidas organizadas en su departamento ubicado en la comuna de Lo Barnechea entraron hace algunos días en el radar de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Ahí, la fiscal regional Lorena Parra activó la revisión de una serie de antecedentes. Esto, como pudo conocer La Tercera, porque si bien el hecho de no registrar reuniones en la plataforma de Lobby no constituye un delito per se, la citada persecutora pidió analizar la situación minuciosamente, para así cerciorarse de si existen o no elementos que pudiesen revestir características de delito.
No por nada -comentan fuentes conocedoras de las pesquisas- fue que la Contraloría ofició el pasado viernes 5 de enero a seis ministerios para conocer los alcances de esos encuentros. Como se informó durante la semana, se pidieron antecedentes a Trabajo, Interior, Agricultura, Relaciones Exteriores, Economía y Medio Ambiente.
De acuerdo con lo estipulado, dichas reparticiones tienen un plazo de 10 días hábiles para responder, por lo que desde el Ministerio Público esperan que una vez que esos antecedentes lleguen a la entidad liderada por Dorothy Pérez, también puedan ser remitidos hasta las oficinas de las fiscal Parra en Las Condes.
Esto, porque la Ley de Lobby obliga a ministros y parlamentarios a declarar reuniones en que se hayan ejercido gestiones de interés particular, y además, se establece que en los casos de autoridades de gobierno, es la Contraloría la que tiene potestad de verificar el cumplimiento de la legislación.
“En caso que el sujeto pasivo de aquellos señalados en el artículo 3º (ministros) no informare o registrare lo señalado en el artículo 8º dentro del plazo dispuesto para ello (audiencias con lobistas), la Contraloría le comunicará dicha circunstancia, y el obligado tendrá el plazo de veinte días para informar al respecto”, dice la ley.
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Y la revisión será exhaustiva: “En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, la que será apreciada en conciencia. La Contraloría, mediante resolución fundada, propondrá, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia, si corresponde, al jefe de servicio o a quien haga sus veces, la aplicación de una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. En caso que el sujeto pasivo sancionado sea el jefe de servicio o autoridad, la potestad sancionatoria residirá en la autoridad que lo nombró”, dice la legislación.
Hasta ahora, además de Maisa Rojas, Nicolás Grau y parlamentarios, los ministros que han reconocido que asistieron a la casa de Pablo Zalaquett son los titulares de Agricultura, Esteban Valenzuela; Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; y Trabajo, Jeannette Jara.
Por lo mismo, las críticas han abundado. De hecho, varios rostros oficialistas no han escondido los reproches. Entre ellos, la diputada PC Karol Cariola indicó: “La forma en la que se llevaron estas reuniones fue un error, y hay que decirlo con todas sus letras (…) El gobierno tiene el deber de hablar con todas las personas, con los empresarios de todos los sectores, pero aquí en La Moneda, en su oficina, en los espacios donde corresponda, y haciéndolo público, ya sea por ley de lobby, o por otros mecanismos”.
Pero más allá de los reproches referentes a la forma en que se dieron los encuentros, lo que el Ministerio Público intenta verificar es si hay un eventual delito.
Esto, principalmente, porque existen sospechas de que, por ejemplo, en el encuentro que estuvieron Rojas, Grau y empresarios de la industria salmonera se habrían abordado asuntos relativos al proyecto que busca reemplazar la actual Ley de Pesca.
De acuerdo con lo expuesto por el ministro Grau en Mesa Central el domingo pasado, el asunto no fue parte de la discusión. Sin embargo, encendidas las alarmas en la fiscalía se están recabando antecedentes para resolver si amerita o no iniciar formalmente las pesquisas.
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