En medio del desplome de suscriptores del tipo prepago en la telefonía móvil, dos empresas dedicadas a la recarga se coordinaron para enfrentar la crisis del negocio. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) detectó que JJD Comunicaciones y Max Fácil formaron un cartel que operó durante un poco más de tres años y el cual estuvo motivado principalmente por la “desfavorable” situación económica de este último actor.
Por esta razón, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un acuerdo extrajudicial alcanzado con ambas partes, en el cual no sólo reconocen el hecho delictivo, sino que también asumen cinco compromisos, siendo el principal: nunca más coordinarse en este mercado.
La alianza estratégica
La investigación de la FNE se remonta hace cuatro años, cuando se detectó que algo andaba mal en el mercado de la recarga de prepago, con supuestas prácticas anticompetitivas. Tanto JJD y Max Fácil, participan principalmente del mercado de recargas de teléfonos de prepago, en el cual ambas empresas actúan como intermediarios entre las compañías de telecomunicaciones -como Entel, Movistar, Claro y WOM- y los establecimientos de comercio en los que abonados realizan las cargas de teléfonos de prepago
Después de varios meses de investigación, la Fiscalía constató que JJD y Max Fácil operaron coordinados entre mayo de 2017 y julio de 2020 en diversos aspectos comerciales.
De hecho, entre los meses de enero y noviembre de 2019, las empresas actuaron bajo una misma administración y gestión contable, mediante un vínculo por ellas denominado como “alianza estratégica”, contó el organismo anticarteles. Todo lo anterior, motivado por la situación económica desfavorable que afectaba a Max Fácil.
“La FNE constató que las empresas investigadas se encuentran vinculadas, debido a que la controladora final y administradora de JJD tiene una relación de parentesco, de segundo grado de consanguinidad, con la dueña final del 50% de los derechos sociales de Max Fácil”, explicó la FNE al TDLC.
La autoridad se dio cuenta del cartel porque entre 2018 y 2022 -una vez finalizada la coordinación- la participación de mercado de JJD y Max Fácil registró una caída relevante. Si al inicio de la “alianza” la participación combinada de ambas llegaba al 20,9%, tras ésta su cuota bajó a menos del 5%. La Fiscalía explicó que dentro del mercado hay competidores “relevantes” como Full Carga y el Grupo Multicaja, que experimentaron un deterioro en las ventas en esta línea de negocio.
Entre los antecedentes que la FNE tuvo a la vista es que mientras duró la coordinación JJD inició un procedimiento en que Max Fácil le transfirió algunos clientes a los que les ofrecía servicios, de acuerdo a ciertas zonas geográficas en que ambos competían. Así, JJD se transformó en el único operador de plataforma transaccional del mercado.
A través de su acuerdo, algunos trabajadores de JJD ejercieron funciones en diversas áreas de la gestión del negocio de Max Fácil, que incluye hasta el pago de deudas de esta última. Sin embargo, a partir de noviembre de 2019 la cooperación se atenuó considerablemente, pero la FNE no explicó el trasfondo.
Los 5 compromisos
JJD y Max Fácil deberán pagar $15 millones al Fisco por la coordinación de sus operaciones durante esos más de tres años. La primera desembolsará $10 millones y la segunda el resto. Adicionalmente tendrán que suscribir cinco compromisos que impuso la FNE.
El primero es no volver a incurrir en una coordinación de operaciones. Luego, ambas tendrán que implementar un programa de cumplimiento en materia de libre competencia, siguiendo las directrices de la FNE contenidas en la “Guía de Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia” por al menos un plazo de tres años.
Un tercer punto es que las dos compañías deberán realizar una capacitación comprensiva en materia de libre competencia a los directores y ejecutivos relevantes de cada una, efectuada por un abogado o economista con conocimientos. Todo lo anterior, dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la entrada en vigencia del acuerdo extrajudicial.
Además, JJD y Max Fácil deberán reportar a la FNE cualquier actividad que implique una colaboración conjunta o alianza de cualquier tipo entre las empresas en un lapso de 30 días.
Y finalmente, mantener una estricta división en el uso de la plataforma transaccional, evitando cualquier intercambio de información, mientras el uso compartido de la plataforma se mantenga.
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.
La encuesta elaborada por el Institutional Investor Research destaca cada año el desempeño de las mejores empresas y ejecutivos de Latinoamérica. Este año aparecieron en el listado compañías de México, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay y Chile.
Los reconocimientos fueron entregados en una ceremonia en la ciudad de Nueva York el jueves de esta semana. En la 15ª encuesta anual de equipos ejecutivos realizada entre febrero y marzo de 2024, más de 1.100 inversores, gestores de carteras y analistas de 505 firmas evaluaron a 322 empresas y más de 1.000 profesionales en 16 sectores.
Las firmas chilenas fueron las segundas más galardonadas después de las mexicanas con 27 representantes.
Entre las nacionales destacadas están AES Andes, Aguas Andinas, Banco de Chile, Banco Santander Chile, CAP, Cencosud, Colbún, Embotelladora Andina, Entel, Enel Américas, Enel Chile, ENGIE Energía Chile, Falabella, Latam Airlines, Parque Arauco y SMU.
Le siguieron las argentinas con seis firmas, entre las que figuran YPF, MercadoLibre, Pampa Energía, Despegar.com y Arcos Dorados; Colombia con Bancolombia y Cementos Argos; Perú con Credicorp; Panamá con Copa Holdings y Uruguay con DLocal.
Los ejecutivos de Chile se destacaron especialmente en el sector energético. Se premió como mejor CEO a Fabrizio Barderi de Enel Chile, José Ignacio Escobar de Colbún, Aurelio Bustilho de Enel Américas. Dentro de los CFO se reconoció a Giuseppe Turchiarelli de Enel Chile, Miguel Alarcón de Colbún, Eduardo Milligan Wenzel de ENGIE Energía Chile y Ricardo Roizen de AES Andes. También fueron galardonados en el sector de alimentos y bebidas Miguel Angel Peirano, CEO de Embotelladora Andina y su CFO Andrés Waine. En la categoría Real Estate se destacó al CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, a su CFO Francisco Moyano y a Lauren Brown, Head of Investor Relations.
Marcelo Gálvez CEO de SMU y su CFO Arturo Silva Ortiz también fueron premiados, al igual que Inés Ostenrieder por su labor de CFO de Cencosud, quien actualmente se desempeña como gerente de finanzas en WOM.
En la categoría de transporte subieron al podio el CEO Latam, Roberto Alvo, su CFO Ramiro Alfonsin y Tori Creighton, la jefa de relaciones con inversionistas. Además, se destacó a Paula Salinas de CAP, quien también lidera la relación con inversionistas.