El Congreso ya dio luz verde para iniciar la tramitación del proyecto de ley abreviado que presentó el Gobierno para aplicar la sentencia de la Corte Suprema que obliga a las isapres a aplicar la tabla de factores vigente desde abril de 2020 y devolver a sus afiliados todos los recargos. Así, la Ministra de esta cartera, Ximena Aguilera; el Superintendente de Salud, Víctor Torres, y el director nacional de Fonasa, Camilo Cid, quien protagonizó la sesión.
En efecto, la comisión se enfocó en los capítulos del proyecto que busca fortalecer a Fonasa a través de una Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) para proteger a los usuarios del sector privado cuyas isapres eventualmente pueden llegar a ser insolventes.
Cid hizo una presentación a los senadores en la que explicó los detalles de cómo operaría esta MCC y realizó proyecciones del impacto que tendría una migración de afiliados al sector público, una de las principales alertas que se han hecho sobre el riesgo de quiebra de isapres.
El director nacional de Fonasa sostuvo que como servicio realizaron una serie de simulacros de casos hipotéticos de migración masiva de usuarios del sector privado al sector público y su posición fue clara: aseguró que con el MCC, en cualquier escenario, la llegada de nuevos pacientes permitiría mantener un equilibrio financiero entre los ingresos de cotización y los respectivos gastos de atención y administración, dejando un margen positivo para el Estado.
En los últimos años, dijo Cid, ha habido un aumento en el porcentaje de personas que aportan al sistema público y, en 2022, esta cifra superó el 80% de la población total. Aseguró que los nuevos usuarios del Fonasa, demográficamente, tienen características similares a las de todo el país y que no son grupos específicos que estén prefiriendo el sector público. Con base en las características de estos ‘migrantes’, Cid argumentó en la comisión que estas personas generan un 30% menos de costo por el servicio que los usuarios que ya estaban en el fondo público.
También argumentó que, como son personas con salarios más altos, su aporte del 7% aporta más dinero al Fonasa. Y con base en esos supuestos, presentó un cuadro a los senadores donde calculó los márgenes que dejaría al servicio una llegada masiva de usuarios de isapre, ya sea el 10% o el 100% de ellos. “En cada uno de los escenarios se muestra un margen positivo”, dijo su presentación.
Junto a esto, Cid apuntó a las críticas realizadas por el gremio de seguros y argumentó que MCC operaría con proveedores y clínicas privadas, por lo que no significaría un colapso del sistema público ni un peligro para la sostenibilidad financiera de las clínicas. “Los proveedores privados de salud podrán preservar y aumentar su oferta de salud”, postuló.
Las dudas del Senado
La presentación del Cid no gustó a los parlamentarios y generó tensión en la comisión. Incluso, el senador Sergio Gahona (UDI) recordó una entrevista en julio pasado con La Prensa Austral, donde el director de Fonasa sostuvo que las isapres “desaparecerían del mapa de la seguridad social”.
Una de las mayores dudas de los parlamentarios era el gasto fiscal que implicaría una migración masiva. “No importa cuántos ingresen (al Fonasa”, dijo la senadora Ximena Órdenes (IND cercana al PPD).
En este sentido, Gahona recordó que la mayor parte de los gastos del Fonasa se financian a través de un aporte estatal, cantidad que, según el propio Cid, asciende al 70% del total.
Por su parte, Francisco Chahuán (RN) solicitó que la discusión del proyecto de modernización de Fonasa se haga por separado y que las charlas se centren en cómo abordar la situación crítica de las propias aseguradoras.
“El mercado laboral empieza a normalizarse después de todos los ajustes que se han producido en la economía” expresó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ante la tasa de desempleo nacional de 8,5% en el trimestre móvil diciembre de 2023 y febrero 2024 que informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que implicó apenas un alza de 0,1 punto porcentual (pp.) en un año.
Frente a ello, las personas ocupadas experimentaron un alza de 3,1%, incidida tanto por las mujeres (4,2%) como por los hombres (2,3%).
El secretario de Estado detalló que el alza de una décima en la cifra comparada con igual trimestre, se debe fundamentalmente a que “la fuerza de trabajo está aumentando y lo ha estado haciendo durante todos los últimos trimestres móviles a un ritmo en torno al 3%. En este caso fue de 3,1%, cifra que es muy superior a lo habitual, lo cual indica que hay personas que se habían retirado de la fuerza de trabajo que están regresando porque la gran mayoría de ellas va encontrando empleo, lo que quiere decir que la situación en el mercado de trabajo va mejorando”.
También explicó que “este es el tercer trimestre móvil en que tenemos caída de la tasa de desocupación desestacionalizada, comparada con el trimestre móvil anterior y, al mismo tiempo, tenemos un crecimiento del empleo ajustado estacionalmente respecto del trimestre móvil anterior de 37.000 personas, que es mayor a los aumentos que hemos tenido en los dos trimestres móviles anteriores”.
Respecto de los próximos resultados en el mercado del trabajo, Marcel proyectó que “estas cifras indican que la situación del mercado laboral va mejorando gradualmente. Observamos que la creación de empleo empieza a acelerarse y probablemente este será el último trimestre móvil en que tengamos un aumento de la desocupación en 12 meses”.
Adicionalmente, destacó que “las tasas de participación están ya regresando finalmente a los niveles previos a la pandemia. Todo esto es indicativo de que también el mercado laboral empieza a normalizarse después de todos los ajustes que se han producido en la economía. Probablemente, veremos mejoras adicionales en los próximos meses”.
Molycop apelará a la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios de productos importados para que fije derechos antidumping más altos a las bolas de acero para molienda de origen chino que están siendo investigadas por la comisión.
En el caso de las bolas de acero, del total de las cinco compañías investigadas, la Comisión recomendó la aplicación de sobretasas arancelarias para tres empresas, con valores de 9,2%, 14,2% y 22,5%, promediando 15,3%.
Según la empresa, las tasas provisionales establecidas, que en algunos casos son cero, “resultan muy bajas para el margen de dumping y el daño calculados por Molycop y no corrigen la distorsión en el mercado”. A pesar de los acotados plazos de apelación, la compañía de origen estadounidense dice que aportará” los antecedentes necesarios para respaldar su posición respecto a las tasas provisionales del mercado de bolas”.
Molycop aseguró que seguirá abasteciendo a sus clientes sin interrupciones y para ello puso en marcha un plan de continuidad operacional que le permite hacer frente a la situación no deseada que representa la eventual pérdida de un proveedor de larga data como es Siderúrgica Huachipato.
Un avance de 14,7% del gasto presupuestario se ha ejecutado en febrero respecto de la Ley Aprobada para el año en curso, según el Informe que cada mes publica la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Según tipo de gasto, el gasto corriente -que incluye personal, subsidios y donaciones, y prestaciones previsionales- llegó a 15,9% de lo visado por el Congreso, mientras que la del gasto de capital -que está compuesto por inversión y por transferencias de capital- ascendió a 8,2%, la ejecución más alta desde la registrada en el mismo período en 2019.
Dado esto último, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, enfatizó que el “desafío ahora es mantener este ritmo durante el resto del año. Por eso, en el marco del Gabinete Procrecimiento y Empleo liderado por el Presidente Gabriel Boric, estamos tomando medidas concretas como haber identificado tempranamente el 90% de las iniciativas de inversión”.
La ejecución acumulada del gasto de capital presentó un crecimiento real de 52,0% respecto al mismo período de 2023, de la mano de un mayor gasto en la partida presupuestaria de los Gobiernos Regionales a febrero, en la que han incrementado las transferencias de capital asociadas con la continuidad en iniciativas de arrastre.
Otro impulso llegó desde el Ministerio de Obras Públicas, en el que la ejecución acumulada del gasto de capital a febrero registra un incremento de 98,7% real respecto al mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por el mayor avance en inversión impulsado niveles más altos de ejecución de proyectos de inversión en las líneas de la Dirección de Vialidad y de Concesiones.
También contribuyó el aumento real de un 12,1% del gasto de capital ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como consecuencia del avance del Plan de Emergencia Habitacional. Además, en el Ministerio del Interior la ejecución acumulada a febrero presentó un crecimiento de 53% real explicado por los Programas de Desarrollo Local ejecutados de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
Gasto corriente
Por el lado del gasto corriente, el aumento real anual fue de un 8,4% -inferior al del gasto de capital- y uno de los factores con mayor incidencia fue el aumento real de un 26,1% de la ejecución del Ministerio de Salud, como consecuencia de la mayor ejecución asociada con la compra de prestaciones a privados mediante los convenios de provisión de prestaciones médicas (Ley de Urgencia, GES, convenios AUGE y no AUGE, camas críticas, entre otros).
Además, a febrero Fonasa avanzó en el pago de deuda de rebases acumulada durante la pandemia del Covid-19, parte de los compromisos del Ejecutivo acordados durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2024.
También aportó -entre otros- el alza de un 7% de la ejecución del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de la mano de un mayor gasto destinado al pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU), en la que los beneficiarios aumentaron en más de 188 mil respecto de febrero de 2023.
Finalmente, los ingresos del Gobierno Central Total a febrero se redujeron en un 13,9% real anual, lo que significa una moderación desde la baja de 16,8% registrada en enero. La variación al segundo mes del año se explica principalmente por las disminuciones de tributación de los contribuyentes no mineros de 12,7% real y de rentas de la propiedad de 62%.