Tres funcionarios de Carabineros Fueron formalizados este viernes por una serie de delitos que habrían ocurrido durante la detención de una persona en la comuna de Chiguayante, en la Región del Biobío.
Los acusados corresponden a dos suboficiales y un cabode la Comisaría 6ta de Chiguayante, quienes fueron acusados de coacción ilegítima, falsificación de instrumento público y registro irregular.
Por lo mismo, desde la institución policial, Los sujetos fueron dados de alta.
El fiscal de Concepción, Patricio AravenaSeñaló que “se trata de formalizaciones por distintos hechos en los que participaron agentes policiales”.
Según detalles del perseguidor, en dos casos los imputados procedieron a falsificar documentos policiales, donde cambiaron cómo se habrían llevado a cabo los procedimientos policiales.
Con ello se buscó “dar legalidad a actuaciones que no tenían tal carácter, asumiendo la existencia de denunciantes que no existían o incluso las circunstancias en que se produjo la detención de los imputados civiles.
Asimismo, se señaló que en uno de los casos expuestos durante la audiencia de formalización, los ahora ex policías hicieron entrada a una vivienda en forma de registro irregular, ya que no existía ningún tipo de autorización judicial, tras lo cual procedieron a la detención de una persona, quien resultó herida.
“A esto se sumó un tercer delito, aún más grave, que correspondió a la detención de una persona que, ya reducida y sin haber opuesto oposición alguna, Fue víctima de diversos golpes por parte de personal policial con elementos de reacción tácticasino también amenazarle con ponerle bolsas en la cabeza como objeto de asfixia, cuestión que naturalmente provocó trauma y afectación en el afectado”, explicó el persecutor Aravena.
Sin embargo, en todos los delitos mencionados estuvo involucrado uno de los imputados, que correspondió a un suboficial, quien fue enviado a prisión preventiva. Mientras tanto, el segundo suboficial acusado fue puesto bajo arresto domiciliario total y el cabo fue puesto bajo arresto domiciliario nocturno, de mayor arraigo nacional.
El tribunal decretó un plazo de 120 días para la investigación.