Fraudes bancarios y equidad jurídica

Hace unos días, Diario Financiero publicó una nota destacando que, en 2022, las pérdidas por fraude externo en la banca aumentaron 34,8% con respecto a 2021, totalizando US$138 millones. Estas cifras, reportadas por la CMF, se refieren a hechos ilegales que fueron denunciados, lo que implica que muchos no lo fueron, por lo que la cifra real puede ser mucho mayor.

¿Cómo explicar este aumento si los bancos invierten constantemente en nuevas herramientas de prevención? Según la industria, la Ley Antifraude (vigente desde 2020) limitó la responsabilidad de las personas físicas respecto del buen uso de sus medios de pago, dejando en manos del banco la prueba de que una operación fue autorizada por el cliente y hubo sin pérdida. , hurto, robo o fraude.

“La ley debe incorporar las mejores prácticas ya vigentes a nivel internacional y buscar un mayor equilibrio entre la debida protección al consumidor y los derechos de las entidades financieras. Pero en Chile el legislador se ha concentrado sobre todo en los clientes”.

Lo cierto es que, en efecto, la norma favorece al usuario, poniendo básicamente al inspector de su parte.

En este contexto, los bancos deben destinar importantes recursos al desarrollo de medidas preventivas de seguridad, aplicando todas las herramientas tecnológicas de última generación existentes, incluida la Inteligencia Artificial (IA). Pero, hay que decirlo, nunca será suficiente. Además, creemos que este problema seguirá creciendo dado el aumento sostenido de las transacciones electrónicas.

Para los bancos, cualquier defraudación que involucre menos de 35 UF (monto establecido por ley para que los bancos compensen de inmediato a sus clientes) conlleva un volumen de recursos que, por no ser tan alto, desincentiva la persecución de los casos. Por lo tanto, una forma práctica de protección es un mayor desarrollo de la ciberseguridad y la IA, buscando capturar aún mejor los patrones de uso de los clientes con sus medios de pago.

Esto ya se hace y hoy los bancos son capaces de reaccionar en cuanto detectan algo que escapa a la biometría de comportamiento de un usuario. Probablemente muchos lo hayan notado, como cuando uno recibe llamadas alertando de un movimiento sospechoso de la tarjeta de crédito. El punto es que los ciberdelincuentes también usan herramientas de inteligencia artificial para romper esas barreras.

Esto no significa caer en la resignación. La ley, por ejemplo, debe incorporar las mejores prácticas ya vigentes en el ámbito internacional, abogando por una mayor equidad jurídica; es decir, que la norma establezca un mejor equilibrio entre la debida protección del consumidor y los derechos de las entidades financieras. Pero en Chile, el legislador se ha concentrado sobre todo en los clientes y el banco está tácitamente obligado a enfatizar la seguridad tecnológica tanto como sea posible.

Creemos que se debe asignar mayor responsabilidad a los usuarios en cuanto a la custodia y control de sus medios de pago. Mantener la ley como está ciertamente significa continuar transfiriendo toda la responsabilidad a las instituciones financieras.

Claramente, una modificación de la ley en este sentido requiere voluntad política que, en el corto plazo, puede no existir. La nueva Ley Fintech dará un respiro en algunos casos, pero, en última instancia, el sistema financiero seguirá obligado a no descuidar nunca un patrón de fraude en constante evolución y cada día más sofisticado. En este nuevo ecosistema, es un desafío cotidiano.