Cuando faltaban pocos minutos para las 17.00 horas, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, llegó hasta La Moneda para reunirse con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.
Según informaron desde la institución de Carabineros, se trata de una reunión operativa por temas de seguridad.
En tanto, fuentes de La Moneda señalaron que entre los asuntos a tratar está el estado de excepción constitucional en La Araucanía.
La cita se da en el contexto de la audiencia de formalización que el Ministerio Público fijó para el 7 de mayo en contra de la máxima autoridad de la policía uniformada como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada en el contexto del estallido social.
El escrito fue ingresado este martes 2 de enero por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien además pidió formalizar al exgeneral director Mario Rozas y al exsubdirector de la institución el general (R) Diego Olate.
A través de su abogado, el mandamás de la policía uniformada había solicitado la inhabilidad de Armendáriz. Sin embargo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, rechazó inhabilitar al fiscal de la Fiscalía Regional Centro Norte en la investigación sobre responsabilidad de mando y, advirtiendo una sobre carga laboral del persecutor, reasignó la causa donde se persiguen presuntas responsabilidades de altas autoridades en violaciones a los derechos humanos, arista que es conocida como “lesa humanidad”.
De esta forma, tanto Armendáriz como la fiscal adjunta Ximena Chong continuarán a cargo de la arista del caso en que será formalizado Yáñez.
El gobierno planteó su postura ante la situación del general Yáñez a través de algunos ministros de Estado, entre ellos, la portavoz Camila Vallejo, quien sostuvo que hay que tomarse esta situación con “cautela” y aclaró que como Ejecutivo valoran “el trabajo coordinado y colaborativo” que han “tenido con Carabineros de Chile y también con el general director de Carabineros todos estos meses”.
Vallejo recalcó que “la solicitud de formalización, además de la Fiscalía, es una acción que realiza un servicio con total autonomía respecto al gobierno. Nosotros, como lo hemos hecho siempre, respetamos y vamos a respetar. Y además que consideramos que la petición hasta el momento no altera y no debiese alterar el trabajo que estamos realizando con Carabineros como institución (…) Es lo que todos esperamos, que las policías no se paralicen por esto, que finalmente esto no sea un tema de uso político que obstaculice su labor”.
Por su parte, el titular de Justicia, Luis Cordero, apuntó en una entrevista radial que “no hay que perder la perspectiva” de lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019 y los meses siguientes.
“Lo cierto es que tenemos más de 460 personas con lesiones oculares severas. Una cantidad importante de ellas que perdieron la vista. Es decir, existieron actos que constituyeron ilícitos y violaciones de derechos humanos durante ese periodo, sí”, enfatizó.
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