La próxima semana se retoma la discusión legislativa del proyecto de antievasión o cumplimiento tributario. Y si bien el gobierno ya logró destrabar un nudo importante al generar un acuerdo con la oposición que permitió que se aprobaran los cambios al secreto bancario y denunciante anónimo, ahora el siguiente paso es conseguir un consenso en torno a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la aplicación de la norma general antielusión.

Para ello, durante todos los días de esta última semana el grupo de expertos que representan a los senadores de la Comisión de Hacienda se reunieron con el Ministerio de Hacienda para acordar los cambios. Si bien el objetivo era finalizar este viernes, quedaron algunos temas pendientes, por lo que se fijó una reunión extra para el lunes.

Más allá de este ajuste en la agenda, el propósito del gobierno de ingresar las indicaciones el martes, para que la Comisión de Hacienda lo comience a votar el miércoles, se mantiene intacto.

Los técnicos que trabajaron en estas indicaciones por parte de los senadores de oposición fueron Carolina Fuensalida, socia de Fuensalida & del Valle y exasesora en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en representación de Juan Antonio Coloma (UDI); Manuel Alcalde, excoordinador tributario del segundo gobierno de Sebastián Piñera y socio de Carey, en nombre de Felipe Kast (Evópoli), y Sebastián Guerrero, socio de Guerrero Garcés, representando a José García Ruminot (RN).

Por el lado del oficialismo estuvieron Michel Jorratt, que asesoró a Ricardo Lagos Weber (PPD), y Alfredo Ugarte, por el senador José Miguel Insulza (PS).

Los temas que se abordaron en estas reuniones se pueden dividir en tres: aplicación de la norma antielusión; gobernanza y nombramiento del director y subdirectores del SII; y la creación de una comisión externa para que asesore al director en materias de fiscalización y normativas. Todas estas materias están en el acuerdo marco que se firmó entre Hacienda y los senadores, y que permitió que la iniciativa fuera aprobada en general tanto en la Comisión de Hacienda como en la sala del Senado.

En las dos primeras, los presentes en esas reuniones afirman que hay prácticamente un pacto en cómo quedará la norma. Aunque añaden que se debe esperar a que quede efectivamente redactado en las indicaciones, aseguran que no debería cambiar lo consensuado hasta el momento.

Así, entre los temas ya resueltos se acordó que la norma general antielusión se mantendrá en sede judicial, tal como es ahora, dejando atrás la idea original del Ejecutivo de cambiarla a sede administrativa, para que fuera el SII el que tuviera la iniciativa para abrir un caso de norma antielusión. Junto a ello, se crearía una comisión técnica de siete integrantes que emitan una opinión sobre esa conducta y la acción que realizará el SII, pero de carácter no vinculante.

Una de las razones que explica lo anterior, es que la oposición estaba pidiendo que la creación de dicho consejo tuviera carácter de permanente y no consultivo, lo que a Hacienda y al SII no les parecía lo óptimo. De hecho, en una de sus primeras presentaciones en público que hizo Javier Etcheberry como director del SII, defendió la dirección unipersonal, ya que así funciona en la mayor parte de los países. “A mí me parece que tiene que ser obvio que el director tiene que ser una persona y no un comité”, dijo en esa oportunidad.

Además, durante estos dos últimos años, la fórmula actual ha tenido resultados con un rol más activo del SII presentando causas ante los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA). Pero no solo esa sería la modificación, los asistentes comentan que también hay ajustes en la norma propiamente tal.

Otra de las materias donde hay acuerdos es en el proceso de nombramiento del director del SII y de los subdirectores. Actualmente, el director se nombra a través de dos maneras: una es por Alta Dirección Pública (ADP) y la segunda es a través del mecanismo “balas de plata”, que el Presidente de la República puede ocupar al inicio de su mandato para designar de manera directa a 12 jefes de servicios. En el caso de los subdirectores, todos son nombrados por el director del SII.

Ahora, según los expertos que participaron de esas reuniones, el director ya no podrá ser nominado de manera directa por el gobierno de turno y los subdirectores también serán vía ADP.

Con este cambio, el gobierno busca reflejar lo acordado previamente con los senadores, y que era fortalecer “su carácter de organismo técnico (del SII), con estructuras y procesos que fortalezcan su independencia del gobierno de turno y de los intereses particulares, tanto en su dirección como subdirecciones”.

En el protocolo de acuerdo se estableció también que habrá una entidad colegiada externa que emita opinión sobre las estrategias de fiscalización del SII, evalúe su implementación y revise, con carácter vinculante, la juridicidad de las circulares de aplicación general que prepare el servicio en el ejercicio de sus facultades interpretativas. El nombramiento de los integrantes de dicha entidad deberá garantizar su capacidad técnica e independencia.

En este punto todavía no se logra un consenso total, puesto que hay precisiones que se deben terminar de afinar en cuanto al alcance que tenga esta comisión. Una de las discusiones es qué tipo de normativas revisará esta instancia y que tanta injerencia tendrá sobre la decisión del director.

Por el momento, este consejo estaría integrado por cuatro personas, nombradas todas a través de ADP, pero ratificadas por el ministro de Hacienda de turno.