“El requerimiento tenía plazos, y esos plazos llegaron a término sin que se cumplieran las condiciones contempladas”. Así justificó el ministro de Energía, Diego Pardow, la decisión del Ejecutivo de avanzar a la siguiente fase en el proceso que le podría costar la concesión a Enel Distribución en la Región Metropolitana, donde atiende a 3,3 millones de clientes.

La autoridad explicó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) -tras verificar que la información proporcionada por Enel no se ajustaba al tercer requerimiento formulado el pasado domingo, y que exigió a la empresa completar la reposición del servicio en un plazo de 72 horas, o bien consiguiera soluciones individuales- estará encargada de redactar un informe técnico donde se determine la existencia de la causal de caducidad de la concesión.

Pardow agregó que “como gobierno nos corresponde hacer respetar nuestra institucionalidad. Este proceso va a seguir adelante de forma responsable y seria. La siguiente fase es una fase técnica y que, tal como establece la ley, será dirigida por la SEC”.

Con ello, el procedimiento administrativo regulado por el artículo 41 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) continúa su inédita aplicación hacia la fase adversarial. Cabe recordar que el Ejecutivo inició el proceso para revocar la concesión a Enel el miércoles 7 de agosto, tras la semana más oscura para la italiana en sus diez años en el país.

De acuerdo a Pardow, el proceso contempla que, luego de que se emita el informe por parte de la SEC habrá “una definición del Presidente de la República sobre la base de este informe técnico”, el que será realizado en base a una auditoría externa. Sobre los tiempos que podría tardar el ente fiscalizador en redactar el documento, el secretario de Estado recordó que se trata de “un procedimiento que no tiene plazos, pero los plazos que uno observa en los expedientes de caducidad llevados anteriormente en el caso de empresas sanitarias duraron entre seis y 18 meses”. Lo anterior, en alusión a los dos antecedentes que existen en la materia: las investigaciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) contra la empresa sanitaria de Osorno, Essal, iniciada en 2019, y el caso de Aguas Quepe, en la comuna de Freire, en 2021. Ambos procesos cerraron sin caducar las respectivas concesiones.

En ese sentido, Pardow enfatizó que el informe técnico “lo que hace es hacerle una recomendación al Presidente de la República”, la que, en caso de solicitar la revocación de la concesión, debe detallar las razones que así lo justifican.

Con todo, el titular de Energía indicó que al mediodía de este viernes todavía restaban “cerca de 40 personas sin suministro eléctrico respecto de los dos primeros días (del evento meteorológico), y respecto de ellas estamos verificando que se haya hecho materialmente entrega de generador o soluciones alternativas”.

Por su parte, la titular de la SEC, Marta Cabeza, aseguró que el informe “debe contener el análisis del desempeño de esta compañía para verificar si es que ha cumplido con lo que le exige la normativa vigente”.

Tras la decisión del gobierno de avanzar en el procedimiento que podría terminar con la concesión de Enel Distribución, la empresa emitió una declaración defendiendo su respuesta ante los requerimientos formulados por la autoridad.

“En esta verdadera catástrofe climática ocurrida recientemente, Enel Distribución Chile S.A., ha respondido oportuna y adecuadamente a cada uno de los requerimientos formulados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) con la finalidad de restablecer el suministro eléctrico de sus clientes, por lo cual nos ha sorprendido su declaración, así como los dichos del Ministro de Energía”, respondió la firma, en un comunicado suscrito por su gerente general, Víctor Tavera.

En esa línea, expresó tener “la plena confianza de que, una vez que la SEC disponga de toda la información y documentación de lo actuado, arribará a una positiva evaluación de lo realizado”.

La compañía, controlada por capitales italianos, reiteró que los eventos que ocasionaron los extensos cortes de electricidad responden a “un temporal extraordinario e imprevisible, con vientos de hasta 124 kilómetros por hora en el área Metropolitana, el que provocó la caída de más de 2.000 árboles, 800 postes y ramas de gran dimensión que destruyeron la red de distribución aérea y cuyos daños sólo resultan comparables con los observados con ocasión del terremoto del año 2010.

Así, la firma defiende que dedicó “todos los esfuerzos humanos, logísticos y materiales disponibles en terreno, incluso obtuvo refuerzos desde Italia y otros países latinoamericanos, sin escatimar en costos, con el objetivo de responder a nuestros clientes, que son nuestra principal preocupación”.

Agregó que “todo lo anterior se llevó a cabo en pleno respeto y cumplimiento de la normativa eléctrica vigente y de las instrucciones de la SEC, y lo continuaremos haciendo en línea con la empresa seria y responsable que somos”.

En su declaración, la empresa sostiene que “seguimos en terreno trabajando por nuestros clientes, para reconstruir y reparar el gran daño sufrido en la red”, y recordó que “ha impulsado siempre y continuará trabajando en la necesidad de crear las condiciones para tener redes más resilientes que permitan enfrentar fenómenos climáticos anómalos e inusitados y cada vez más profundos”.