El gobierno de Nicaragua declararon el miércoles 94 a opositores y críticos del gobierno sandinista de Daniel Ortega “traidores a la patria”entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como numerosos periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes se les quitó la nacionalidad y se les ordenó confiscar sus bienes inmuebles.
La disposición, anunciada por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, de la Corte de Apelaciones de Managua, También afecta a la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al periodista Carlos Fernando Chamorro, la exguerrillera Mónica Baltodano y su familia, y el excomandante sandinista Luis Carrión, entre muchos otros.
A los 94 afectados “son declarados prófugos de la justicia” y, además de perder su nacionalidad, No podrán ejercer cargos públicos o de elección popular “a perpetuidad”, indicó la resolución leída por el funcionario judicial.
Tanto Belli como Ramírez, ganadora del Premio Cervantes de Literatura 2017, y la mayoría de los mencionados en la lista son opositores a Ortega que se encuentran en el exilio. Sin embargo, hay varios de los mencionados que están en Nicaragua.
La sorprendente disposición de Ortega Ocurre apenas seis días después de la liberación y exilio de 222 opositores encarcelados, Fueron enviados a Estados Unidos en un avión proporcionado por el gobierno de Joe Biden. Todos los expulsados serán despojados de su nacionalidad nicaragüense, según informes.
Los delitos imputados a los imputados son “conspiración para socavar la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, indicó Rodríguez Mejía. Estos delitos se han aplicado a decenas de opositores encarcelados en los últimos años.
Entre los 94 señalados también se encuentran el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la dirigente campesina Francisca Ramírez, el exembajador disidente ante la OEA, Arturo McFields, el excanciller Norman Caldera y el ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, quien salió de Nicaragua tras las protestas sociales de 2018.
El texto leído por Rodríguez Mejía se refiere a la confiscación de bienes como “inmovilización y confiscación a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y empresas” vinculados a los imputados.
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